El tribunal federal abonó la teoría de la banda

NEUQUÉN (AC).- El tribunal federal que juzgó al clan Montecino determinó que Héctor y Ruth no sólo se valieron de un importante número de personas para realizar la compra, venta y acopio de droga sino también que los organizaron para obtener los resultados que buscaban. A Jéssica la acusó de ser “la estrecha colaboradora” de su padre y su tía. Son, justamente, ellos tres los que recibieron las penas con mayores agravantes.

Antes de exponer sus argumentos, Orlando Coscia, el juez que tuvo el primer voto, hizo la salvedad de separar de la organización a los siete imputados residentes en Centenario. Ellos, según consideró el camarista, no actuaron en colaboración con los Montecino para el funcionamiento de su negocio sino que fueron, simplemente, clientes a los que proveyeron estupefacientes.

En las 216 páginas del fallo se presenta con convicción que la organización es una sola con dos cabecillas, cada uno con su propia línea de colaboradores organizados. Aparece sobradamente acreditado que, en su actividad de comercio de estupefacientes, los acusados Héctor (18 años de prisión) y Ruth (15 años) se valieron de un importante número de personas a las que organizaron cuidadosamente para la empresa delictiva. Estas personas, a su vez –aunque no todas–, estaban perfectamente al tanto de que formaban parte de este grupo.

Jéssica Montecino (10 años), hija de Héctor, resultó ser estrecha colaboradora de su padre y de su tía Ruth porque era la encargada de “rescatar” estupefacientes de los lugares de acopio y llevarlos allí donde su padre le indicaba. Atendía los llamados que Héctor recibía de otras personas vinculadas o no al grupo –siempre con motivo del negocio– y en algunas ocasiones tomaba los pedidos de droga. También coordinó acciones de esta naturaleza con su tía.

Olga Jorquera (6 años), vecina de la calle Perú, también era empleada de Héctor en sus oscuros negocios, reservando en su domicilio de la calle Perú parte del estupefaciente y contando con sus servicios de “administración de stock”.

Lo mismo hacían su exesposa, Irma Betanzo (7 años), y la hija de los dos, Romina Montecino, menor de edad a la época de los hechos. El domicilio de ellas se usó para guardar estupefacientes. En término similares se mencionó a Fiofania Ruskoff (6 años) y a Carina Domínguez (6 años), mujeres que acopiaron estupefacientes a pedido de Héctor.

Daniel Alberto Reyes (6 años) fue el hombre al que recurrió el líder para dejarle a su cargo 170 kilos de marihuana almacenados en una camioneta Fiat Fiorino, el 23 de septiembre de 2011, cuando se desencadenaron los allanamientos múltiples ordenados por la jueza Carolina Pandolfi. Leopoldo Segundo Belmar Castro (6 años) puso a disposición de la organización un lugar en la chacra conocida como La Mayorina, en Cipolletti. Allí se preservaron, en sitio seguro, 16 kilos de cocaína. Su nexo con el resto del grupo fue Marcelo Seguel (7 años), estrecho colaborador de Ruth, quien manipulaba estupefacientes por encargo de ella. A Héctor Arturo (3 años) y Fernando Andrés Soto (6 años) –padre e hijo– se les atribuyó haberse desempeñado bajo las órdenes de Ruth y cumplir ambos un papel de distinta gravitación en el tramado de la organización liderada por los hermanos Montecino.

Para el tribunal integrado por Coscia, Eugenio Krom y Ricardo Barreiro el clan Montecino sí era una banda, y Héctor y Ruth tenían un rol preponderante. Pero también entendió que los demás condenados eran claves en la red, y por eso las penas agravadas.

Los encontraron con cientos de kilos, en las casas, en camino, o guardados para la distribución a los clientes.

Los roles de cada uno se especificaron: Héctor mandaba, pero no podía hacerlo solo, por eso tenía distribuidores y acopiadores, también a ellos les dio el tribunal una coautoria y participación primaria. El fallo, que se dictó el martes, condenó a 18 de los 23 procesados a penas de entre 18 y 3 años de prisión.

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