La causa por el pase de autovía a autopista no seguirá en Roca

No se conocerá por mucho tiempo cómo hizo Vialidad Nacional para construir una autopista luego de licitar una autovía para la Ruta 22.

El Juzgado Federal de Roca se declaró incompetente para intervenir en la causa originada por la denuncia penal que presentó el intendente de Roca, Martín Soria. El expediente tomó rumbo a Buenos Aires y luego del correspondiente sorteo será asignado a uno de los 12 jueces de Comodoro Py.

Recién después de volver a analizar la presentación del mandatario local y la documentación incorporada desde fines del año pasado, ese magistrado podrá tomar decisiones sobre el presunto incumplimiento de deberes de funcionario público que se pidió investigar.

La medida permitirá ganar tiempo a las autoridades del organismo nacional, que deben encontrar una salida para el conflicto que desde fines del 2016 mantiene paralizada las obras en la Sección III (Cervantes-J.J. Gómez).

La declaración de incompetencia fue confirmada ayer por el juez federal de Roca, Hugo Greca.

El magistrado explicó que del análisis preliminar de los registros enviados por Vialidad Nacional no surge información que permita inferir que la decisión –explícita o no– de modificar el proyecto original licitado haya estado en manos de funcionarios de la zona.

Concluyendo que los hechos a investigar ocurrieron en la sede central del organismo, en Buenos Aires, Greca firmó la semana pasada la resolución que puso fin a su intervención en el proceso, para enviarlo de inmediato a los tribunales porteños.

La denuncia de Soria se conoció en septiembre pasado, cuando desde el Juzgado Federal roquense pidieron al titular de Vialidad, Javier Iguacel, que remita “todo documento, resolución y/o expediente administrativo, de los cuales surja la aprobación del cambio de proyecto llevado a cabo sobre la Ruta Nacional 22, tramo Chichinales – Cipolletti, de “autovía” a “autopista””.

El requerimiento también incluyó “los informes de impacto ambiental realizados y un organigrama de su organismo con indicación de autoridades a las fechas de la documentación requeridas”.

A fines del 2017 trascendió que más allá de la voluminosa cantidad de papeles que enviaron las actuales autoridades de Vialidad, en ningún lado apareció la autorización formal para modificar en forma tan significativa las obras licitadas.

Advirtiendo el posible destino de la denuncia, Soria pidió públicamente en diciembre que la causa se mantenga en Roca, pero ese reclamo no tuvo eco en los tribunales de San Martín y España.

Tramo paralizado

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