El juez dispuso que Capretti continúe detenido

El juez dispuso que Capretti continúe detenido

El secretario General adjunto de ATE, Aldo Capretti, seguirá detenido en la Comisaría Primera de esta capital. Antes del mediodía de ayer y bajo un reforzado anillo de seguridad en la manzana donde se levanta el edificio de Tribunales, el dirigente gremial fue trasladado desde aquella dependencia policial al juzgado penal a cargo de Carlos Mussi para prestar declaración indagatoria. Tres filas de policías con escudos protectores fueron observados en la puerta de ingreso a la sede del STJ y el tránsito estuvo interrumpido algunos minutos.

Capretti llegó esposado y estuvo acompañado por el abogado de ATE, Diego Saccetti. Se abstuvo de declarar ante el juez, quien al finalizar la audiencia coincidió con el fiscal Juan Pedro Puntel y dispuso que el secretario adjunto continúe detenido hasta que sea resuelta su situación procesal. Para ello el juez tiene un plazo de 10 días para resolver si le dicta el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento.

Al igual que a los otros dirigentes sobre quienes pesan órdenes de detención, incluido el secretario General Rodolfo Aguiar, a Capretti se le imputa el delito de coacción agravada producida a través de diversos hechos violentos efectuados con la intención de obstruir el normal desarrollo de un acto del Poder Legislativo con la participación de tres o más personas y haber provocado lesiones graves a una persona, así como leves contra al menos siete policías. Todas ellas agravadas por ser los damnificados representantes de la fuerza policial; y el atentado a la autoridad, agravado por haber sido efectuado por un grupo de más de tres personas. En el caso específico de Capretti habrían pruebas gráficas en las que se lo observa arrojando un neumático contra un efectivo policial que fue derribado, entre otras. Para la semana próxima han sido citados a declarar más de 30 testigos. El oficial inspector Héctor Rodríguez permanece internado en un sanatorio de Viedma donde se evalúa una intervención quirúrgica por las tres fracturas en el maxilar y el desplazamiento de órbita ocular sufridos.

Puntel fundó el pedido de detención en el riesgo procesal y en la sanción fijada para los delitos que se imputan que prevé penas privativas de la libertad. Además argumentó que los hechos implicaron graves situaciones de violencia, tanto física, ya que produjeron distintos tipos de lesiones (leves y graves) efectuadas contra agentes públicos; como institucional, porque estuvieron dirigidos a obstruir el normal desarrollo de un acto público como es el debate de una ley provincial.

Se tuvo en cuenta también la reiteración de este tipo de conductas violentas en las distintas manifestaciones que ATE protagoniza y que incluyen daños a edificios públicos y disturbios contra agentes estatales.

Puntel planteó la necesidad del resguardo del proceso de producción de prueba restante, entre la que se incluye la declaración testimonial de empleados legislativos que resultaron damnificados por los disturbios y la identificación de otros implicados, que se está efectuando a partir del análisis del material audiovisual que integra la causa.