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Redacción

Por Redacción

Mario Juliano (*)

Ocho meses de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires arrojan un balance de catorce veredictos de culpabilidad y catorce veredictos de no culpabilidad, pronunciados por los ciudadanos y ciudadanas que han tenido a su cargo la responsabilidad de juzgar hechos graves. El dato, provisorio, permite realizar algunas reflexiones, también provisorias. 1. La rotunda desmentida a las voces que, desde un pretendido progresismo antipunitivista, alertaban de que cuando “la gente” (esa difusa categoría indeterminada y masificadora que niega las individualidades y muchas veces es empleada para proyectar las propias ideas) fuese colocada a juzgar, “haría tronar el escarmiento”, condenando a culpables e inocentes, sin discriminaciones de ninguna índole. La imagen estereotipada, que confunde las voces anónimas de los foros de ciertos medios periodísticos con los ciudadanos y ciudadanas de carne y hueso, colocados en la responsabilidad concreta de juzgar a sus semejantes, queda desvirtuada con estos datos de ocho meses de juicios por jurados que, principalmente, ratifican la vigencia de la participación ciudadana como presupuesto insoslayable del sistema democrático, que nos hace pensar en repúblicas menos representativas y más participativas. No obstante, como hemos afirmado antes de ahora, es de pensar y esperar que los porcentajes de condenas y absoluciones tiendan a “estabilizarse”, en línea con las estadísticas internacionales que ubican los veredictos condenatorios por encima del 80% del total de los pronunciamientos, lo que sería la lógica consecuencia de que solamente lleguen a un juicio de estas características aquellos casos con verdadera sustancia probatoria e incriminatoria y no se conviertan en meras “excursiones de pesca”. 2. La notable diferencia del porcentaje de absoluciones en los juicios realizados por jurados respecto de los que son llevados a cabo con jueces profesionales es otro de los datos llamativos. La provincia de Buenos Aires carece de datos estadísticos de la cantidad de absoluciones pronunciadas por los tribunales profesionales. Sin embargo, de consultas informales en numerosos organismos jurisdiccionales surge que las absoluciones nunca superarían, en el mejor de los casos, el 10% de los pronunciamientos (salvo muy contadas excepciones). Es más, de la compulsa de los registros del tribunal que integro, para el 2014 y el 2015, se desprende que el porcentaje de absoluciones en juicios orales y públicos fue del 4%. Evidentemente, existe un largo trecho entre el 50% de veredictos no condenatorios y los magros porcentajes de absoluciones de los jueces profesionales. La gran brecha existente interpela a los jueces profesionales y el nivel de sus estándares probatorios: ¿los ciudadanos legos son más exigentes a la hora de emitir un veredicto de culpabilidad que los jueces profesionales? Todo hace pensar que sí. El dramático interrogante que inmediatamente se sigue versa sobre la posible cantidad de personas materialmente inocentes que pueden haber sido condenadas con estándares probatorios complacientes y que hoy purgan penas en las cárceles provinciales. 3. Me queda la intriga sobre la forma en que los jurados ciudadanos responderán frente al juzgamiento de los delitos contra la integridad sexual. Como es sabido, la jurisprudencia profesional viene consolidando una doctrina que habilita las condenas con el único testimonio de la víctima, corroborado con pruebas complementarias que confirmarían la credibilidad de sus dichos, confundiendo (a mi minoritario modo de ver las cosas) la amplitud probatoria para el juzgamiento de este tipo de casos, perfectamente comprensible, con la insuficiencia probatoria, y la retórica y la dialéctica para justificar las condenas con los hechos efectivamente probados. Hasta el momento los jurados han juzgado un solo delito contra la integridad sexual (Trenque Lauquen) y el veredicto fue de no culpabilidad. (*) Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea


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