Mala conducta
Según el presidente de Renault Argentina, Manuel Antelo, la voluntad de la Aduana de multar a la empresa con la friolera de 520 millones de pesos por contrabando es una señal de que el país «no tiene seguridad jurídica». En cierto modo, el jefe de la automotriz podría tener razón, porque es de suponer que en los Estados Unidos o Alemania los directivos de una multinacional de las dimensiones de Renault se cuidarían mucho de brindar a las autoridades motivos legítimos para creer que serían capaces de participar en maniobras claramente fraudulentas. En cambio, en la Argentina, donde las presiones políticas suelen importar más que las leyes, sería comprensible que incluso una empresa tan prestigiosa como Renault confiara en poder ahorrarse cualquier dificultad tribunalicia o financiera haciendo gala de su capacidad para presionar a las autoridades locales. Al fin y al cabo, sería una forma de adaptarse a las costumbres nativas.
Es por eso que la mayoría, sin pretender haberse enterado de todos los detalles de una causa que es considerada muy compleja, propende a creer más en la hipótesis de la Aduana que en las declaraciones ofuscadas que han estado pronunciando los voceros de Renault y personajes como el embajador francés, Thierry Dijoud, que el año pasado se permitió afirmar que a menos que las autoridades optaran por olvidar el asunto «los inversores europeos» podrían llevar su dinero a otra parte. Por motivos que el diplomático galo – representante de un país cuyo gobierno reaccionaría con furor si un vocero extranjero manifestara el mismo desprecio por las leyes nacionales -, entenderá muy bien, las amenazas apenas veladas que formuló en aquella ocasión le merecieron la réplica airada de los magistrados argentinos que lo acusaron de desconocer la independencia de la Justicia local. Aunque pocos suponían que en nuestro país la Justicia fuera un dechado de independencia, extrañó que el embajador de un país presuntamente comprometido con la legalidad como Francia hablara como si en su opinión la ley debería subordinarse por completo a los intereses de los empresarios más poderosos.
Por ser la Argentina un país relativamente pobre que, para colmo, está atrapado en una larga recesión, el caso Renault plantea un dilema muy desagradable. Si el gobierno de la Alianza decide respaldar la posición de la empresa a fin de «conservar puestos de trabajo» y congraciarse con los empresarios europeos, estará confirmando que aquí los poderosos pueden considerarse por encima de la ley. Si por el contrario, hace hincapié en la autonomía de la Justicia y en la necesidad de que todas las empresas, sean grandes o pequeñas, argentinas o extranjeras, respeten la ley, podría verse responsabilizado por la salida de Renault. Es decir que una vez más tendrá que eligir entre la ética y el pragmatismo, aunque debería entender que a la larga el pragmatismo excesivo suele resultar contraproducente y que la «seguridad jurídica» puede traer muchas ventajas aun cuando supone la voluntad de enfrentarse con multinacionales ricas y a veces prepotentes.
Como es lógico, el que la ampliación de la querella contra Renault por la Aduana haya coincidido con el fallo de un juez norteamericano contra Microsoft, decisión que provocó un terremoto bursátil, ha alentado a los que quisieran que el gobierno del presidente Fernando de la Rúa asumiera una postura igualmente firme. Por desgracia, las circunstancias son muy distintas. En los Estados Unidos, es normal respetar la ley y los más dan por descontado que el caso contra Microsoft se mantendrá en un marco netamente legal. Asimismo, tan rica y pujante es la economía norteamericana que el eventual hundimiento de Microsoft no resultaría demasiado preocupante – otros no tardarían en ocupar su lugar -, pero la argentina es tan débil que la decisión de una empresa extranjera de cerrar las puertas de una sucursal tendría un impacto muy negativo, especialmente en un momento en que el gobierno está rezando para que aparezcan pronto las primeras señales de una recuperación de verdad.
Según el presidente de Renault Argentina, Manuel Antelo, la voluntad de la Aduana de multar a la empresa con la friolera de 520 millones de pesos por contrabando es una señal de que el país "no tiene seguridad jurídica". En cierto modo, el jefe de la automotriz podría tener razón, porque es de suponer que en los Estados Unidos o Alemania los directivos de una multinacional de las dimensiones de Renault se cuidarían mucho de brindar a las autoridades motivos legítimos para creer que serían capaces de participar en maniobras claramente fraudulentas. En cambio, en la Argentina, donde las presiones políticas suelen importar más que las leyes, sería comprensible que incluso una empresa tan prestigiosa como Renault confiara en poder ahorrarse cualquier dificultad tribunalicia o financiera haciendo gala de su capacidad para presionar a las autoridades locales. Al fin y al cabo, sería una forma de adaptarse a las costumbres nativas.
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