Políticos carísimos
Puede entenderse la resistencia del gobierno nacional a difundir el informe que han redactado sus propios funcionarios sobre los costos de la política en nuestro país. Tienen motivos de sobra para temer que su propagación socave la fe de muchas personas en el sistema democrático. Según los datos oficiales, a los cuales tuvo acceso el matutino porteño «Página/12», mantener funcionando aquí las instituciones democráticas cuesta muchísimo más que en los Estados Unidos. Por ejemplo, aunque el producto bruto del estado de California es más de ocho veces superior a aquél de la provincia de Buenos Aires, el presupuesto legislativo bonaerense es decididamente mayor que el californiano. Aún más escandalosas, si cabe, son las comparaciones cuando se trata de provincias notoriamente pobres como Formosa: en conjunto, los diputados de esta jurisdicción hundida en la miseria cuestan más que aquéllos de un estado como Carolina del Norte, cuya economía es noventa veces más rica.
Estos detalles y otros igualmente llamativos contenidos en el informe no pueden considerarse novedosos porque la información relacionada con los costos de la política en los Estados Unidos siempre han sido de dominio público, mientras que a pesar de la preferencia de nuestros legisladores por ocultar las cifras exactas sobre sus gastos, nunca ha sido demasiado difícil aproximarse a la verdad. Sin embargo, la mayoría está tan acostumbrada a tomar por naturales situaciones realmente aberrantes que, no obstante las polémicas desatadas por los aumentos periódicos de las dietas de legisladores y jueces de provincias paupérrimas, no son muchos los que se dejan preocupar por la codicia indisimulada de una clase política insaciable.
Para defenderse, los políticos suelen acusar de ser enemigos de la democracia a quienes los critican por apropiarse de una proporción nada desdeñable de la riqueza nacional. Este planteo tan interesado como hipócrita, propio de chantajistas, resultó eficaz en los años que siguieron a la dictadura militar, lo cual brindó a los políticos una oportunidad que aprovecharon para habituar a sus compatriotas a la idea de que sueldos legislativos altísimos, gastos principescos y fondos para las máquinas clientelistas fueran una parte fundamental del costo de ser una democracia. Huelga decir que las afirmaciones de este tipo son mendaces. Si tuvieran que ver con la verdad, ni los Estados Unidos ni ningún otro país avanzado merecería llamarse una democracia, porque en términos absolutos sus políticos cuestan poco en comparación con los nuestros y en términos relativos, tomando en cuenta el producto per cápita, son virtualmente gratuitos.
El problema gravísimo así supuesto se debe a la falta de democracia. A los legisladores estadounidenses les encantaría poder manejar presupuestos tan generosos como los de las provincias argentinas, pero no les es dado hacerlo porque la ciudadanía estadounidense, consciente de sus derechos, no lo permitiría. Es que en las democracias tradicionales, los políticos no conforman una clase aparte, una auténtica corporación que siempre privilegia a sus propios intereses, sino que están integrados en una sociedad que no vacilaría en castigarlos si se les ocurriera intentar enriquecerse a costa de los contribuyentes. Por fortuna, la Argentina está evolucionando en el mismo sentido, de ahí la difusión de los guarismos comparativos contenidos en el informe oficial, y es de esperar que su publicación prenuncie medidas destinadas a curar al sistema político del cáncer que está debilitándolo. Para empezar, podría aprobarse o decretarse una ley de emergencia según la cual durante una primera etapa los costos per cápita del presupuesto legislativo no podrían exceder en ninguna jurisdicción los actuales en el estado más rico del país más rico de la Tierra, norma que, en vista de que el producto per cápita en los Estados Unidos es entre tres y cuatro veces mayor que el nuestro, debería considerarse absurdamente laxa pero que, de aplicarse, obligaría a los políticos a emprender el autoajuste más severo de la historia nacional.
Puede entenderse la resistencia del gobierno nacional a difundir el informe que han redactado sus propios funcionarios sobre los costos de la política en nuestro país. Tienen motivos de sobra para temer que su propagación socave la fe de muchas personas en el sistema democrático. Según los datos oficiales, a los cuales tuvo acceso el matutino porteño "Página/12", mantener funcionando aquí las instituciones democráticas cuesta muchísimo más que en los Estados Unidos. Por ejemplo, aunque el producto bruto del estado de California es más de ocho veces superior a aquél de la provincia de Buenos Aires, el presupuesto legislativo bonaerense es decididamente mayor que el californiano. Aún más escandalosas, si cabe, son las comparaciones cuando se trata de provincias notoriamente pobres como Formosa: en conjunto, los diputados de esta jurisdicción hundida en la miseria cuestan más que aquéllos de un estado como Carolina del Norte, cuya economía es noventa veces más rica.
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