Compre Neuquino: los detalles del proyecto que generan ruido entre las petroleras
La reforma de la ley de Compre Neuquino es fuertemente rechazada por las operadoras de Vaca Muerta. La iniciativa modifica casi íntegramente la Ley 2.755 y deroga las modificatorias 2.802 y la 3.032.
En total son 15 las empresas operadoras y 23 las de servicios especializados las que son considerados como sujetos obligados por la Ley 3338. (Foto: Florencia Salto)
Con la idea de ampliar el espectro de empresas con certificado, la provincia propone la implementación de las categorías tipo A y B para identificar empresas locales. Siendo las tipo A las que cumplen de manera más rigurosa y estricto los requisitos y las tipo B, las que hasta ahora son consideradas potencialmente neuquinas, pero esto no es todo.
El actual proyecto que está en la Legislatura estipula un nuevo piso de tolerancia de sobreprecio en las licitaciones, distinto para las tipo A y B, que les permitiría a las pymes locales igualar la oferta más barata. Para las rango A es de 9% y para las B de 6%, el actual porcentaje es de 7%.
Esto implica que si una empresa certificada de tipo A o B ofrece por un mismo servicio un monto hasta un 9% ó 6% más cara tiene la opción de igualar la más barata para quedarse con el servicio.
“Cuando presentamos nuestra propuesta a las empresas obligadas tanto en reuniones con la CEPH y la CEOPE les mostramos que iba en beneficios de ellas también porque iban a poder sumar al volumen actual e iban a poder avanzar en el cumplimiento de la ley”, indicó López Raggi.
Por su parte las operadoras aseguran que estas nuevas condiciones se traducen en pérdidas de eficiencia. Insisten que lo que debería hacer la autoridad de aplicación es cautivar más empresas y potenciar las actuales antes que regular las licitaciones.
Dentro de la nueva propuesta,la Federación de Cámaras de Energía de Neuquén (Fecene) conformará una comisión de seguimiento para tener participación en el control de contrataciones. Esto también es algo que generó ruido en el sector.
“No alcanza a ser una autoridad de aplicación, pero básicamente significa que los empresarios contratistas van a tener en sus manos información privada que la provincia les exige a las petroleras para ver a quién se contrata o se deja de contratar. No nos olvidemos que el año pasado se movieron 24.000 millones de pesos en plena pandemia”, señalaron desde una operadora.
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