Presos comunes

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Tanto los militares que protagonizaron la «guerra sucia» como sus simpatizantes civiles siempre han insistido en que las organizaciones defensoras de los derechos humanos son entidades politizadas que están habituadas a denunciar cualquier delito presuntamente perpetrado por «derechistas», mientras que pasan por alto los cometidos por «izquierdistas», achacándolos a la injusticia social o la necesidad de combatir a los enemigos del «pueblo». Por desgracia, en el caso de muchos que se afirman militantes de los derechos humanos, los que los acusan de hipocresía tienen razón. Para tales paladines del progresismo, es evidente que los responsables del ataque al regimiento de La Tablada en enero de 1989 son «presos políticos», «idealistas», si bien culpables de algunos «errores», y que por lo tanto deberían ser liberados cuanto antes. Es ésta la opinión de un conjunto heterogéneo de notables, entre ellos personajes archiconocidos como el comunista portugués y premio Nobel de Literatura José Saramago, Joan Manuel Serrat, la guatemalteca Rigoberta Menchú, Ernesto Sábato, Adolfo Pérez Esquivel, etc., que firmaron una solicitada en la que reclamaban la libertad para los presos por lo que con delicadeza denominaban «el hecho de La Tablada», «hecho» que, no lo olvidemos, segó la vida de 39 personas y dejó heridas a más de cincuenta y que, para colmo, fue perpetrado en plena democracia.

Estos individuos dicen que la liberación inmediata de los delincuentes redundaría en el «fortalecimiento de la democracia en la Argentina», planteo éste que es virtualmente idéntico al ensayado por el entonces presidente Carlos Menem cuando indultó a los ex comandantes en jefe, medida que, de más está decirlo, fue desaprobada con furia por muchos de los firmantes de la solicitada en favor de los terroristas, los cuales creen que ya han sufrido bastante por haber estado más de once años en la cárcel y haber llevado a cabo una huelga de hambre prolongada que puso en peligro sus vidas. Pues bien: ¿reaccionarían con la misma benevolencia si los huelguistas fueran el ex general Jorge Rafael Videla y sus socios? Claro que no. Lejos de exigir clemencia para los vinculados con la represión ilegal, quisieran verlos encarcelados por siempre jamás, y no les preocuparía en absoluto ni su edad ni el estado de su salud. Podría argüirse que existen diferencias fundamentales, que los militares estaban a cargo del gobierno cuando delinquieron y Enrique Gorriarán Merlo y sus compañeros eran ciudadanos privados que sólo intentaban «salvar la democracia» aplastando lo que imaginaban era un golpe en ciernes, pero sucede que Videla también creyó que para «salvar la democracia» era forzoso eliminar físicamente a sus presuntos enemigos, de suerte que, según las pautas que reivindican, con sinceridad dudosa, los amigos de los «presos de La Tablada», sería un «idealista» acaso equivocado.

La tragedia que vivió la Argentina en los años setenta y ochenta se debió en buena medida a que para muchísima gente era suficiente atribuir un delito, trátese del asesinato, el secuestro, el empleo de la tortura o meramente un acto de corrupción en escala mayor, a «la política». Frente a este principio, «derechistas» e «izquierdistas», militares y civiles, estaban de acuerdo, de ahí el descenso hacia el infierno que caracterizó a aquellos años nefastos. Desde fines de 1983, empero, el país está esforzándose por acostumbrarse al imperio de la ley, lo cual supone la negativa sistemática a tomar por atenuantes las pasiones políticas, sean éstas auténticas o meramente fingidas. Es de esperar que el país siga evolucionando en dicho sentido y que por lo tanto sus dirigentes se nieguen a ceder frente al chantaje emotivo de los individuos que a pesar de todo lo ocurrido en los años últimos quieren privilegiar «la política» -siempre y cuando sea «progresista», claro- por encima de la ley. Aunque es claramente necesario asegurar el respeto por los derechos legales tanto de los terroristas como de los represores, también lo es dejar sentado que en la Argentina la Justicia es imparcial, es decir, que nadie, por derechista o izquierdista que se proclame, pueda asesinar a sus «enemigos» con impunidad.