Atrapados en el pasado
Si no fuera por los antecedentes de la Corte Suprema, su pedido al juez Adolfo Bagnasco y a la jueza María Servini de Cubría de que le entreguen los expedientes sobre las causas de robos de bebés por los militares durante la dictadura sería tomado por evidencia de su reconocimiento de la gravedad del asunto y de su voluntad de dar un impulso adicional a las investigaciones. Pero, de más está decirlo, a nadie se le ha ocurrido interpretar de este modo la decisión de la Corte. Por el contrario, la opinión mayoritaria es que se trata de una maniobra destinada a paralizar las causas para entonces, luego de un intervalo discreto, pasarlas a la Justicia Militar, la cual, es de suponer, escuchará con más respeto los planteos de los ex jefes castrenses, entre ellos el ex general Jorge Rafael Videla y el ex almirante Emilio Massera, quienes actualmente están bajo arresto domiciliario.
Por razones evidentes, los militares, respaldados por el Ministerio de Defensa, quieren que estas causas queden resueltas cuanto antes y que los ex jefes sean liberados, pretensión que según los abogados de las organizaciones de derechos humanos puede prosperar debido al poder político creciente de la corporación castrense. Dicha interpretación parece justificarse, pero el que los militares estén presionando al gobierno del presidente Fernando de la Rúa se debe menos a las eventuales ambiciones en tal sentido de los jefes actuales, que al hecho de que sus adversarios civiles estén obstaculizando su despolitización. Como muchos militares han entendido muy bien, es del interés de las fuerzas armadas mantenerse firmemente marginadas de las vicisitudes políticas del país, limitándose a desempeñar su función específica, aunque lo mismo que tantos otros sectores estatales hagan lo posible por aumentar su parte del presupuesto nacional, pero mientras duren causas tan notorias como las derivadas de la «guerra sucia» no podrán sino intentar defender lo que consideran sus propios intereses colectivos.
Pues bien: ¿es posible conciliar la voluntad claramente legítima de los familiares de los «desaparecidos» de enterarse del destino tanto de los muertos como de sus descendientes nacidos en cautiverio con el afán no sólo de la mayoría de los políticos, sino también de los militares más lúcidos de llevar adelante la despolitización de las fuerzas armadas? Es que el «triunfo» de los primeros inevitablemente significaría que éstas permanecieran enmarañadas en una confusa lucha política con todo lo que esto implicaría, mientras que la decisión de poner fin a los juicios ampliando los alcances de las leyes que se promulgaron durante la gestión del ex presidente Raúl Alfonsín y de los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem brindarían a los uniformados un éxito que serviría para estimular su apetito, demorando de esta manera la salida definitiva de las fuerzas armadas de la arena política.
Los problemas así planteados serían superables si los mandos militares actuales estuvieran sinceramente decididos a romper con el pasado por reconocer que la «guerra sucia», para no hablar de la apropiación presuntamente sistemática de menores como botín, fue no meramente un error mayúsculo sino también un crimen imperdonable que mostró que las propias fuerzas armadas compartían plenamente aquellos «vicios» de los cuales se habían propuesto curar al resto de la sociedad, pero a pesar de todo lo sucedido a partir del conflicto de las Malvinas aún se dan muchos oficiales en actividad que están listos para «reivindicar» lo hecho por ellos mismos o por sus antecesores. Modificar dicha mentalidad ha de ser el objetivo prioritario del Ministerio de Defensa, pero no lo ayudará hacerlo ni cediendo ante las presiones castrenses ni apoyando a los que por motivos comprensibles quisieran ver humilladas una vez más a las fuerzas armadas y encarceladas a las figuras emblemáticas de la dictadura. Tendrá que optar por un curso intermedio, lo cual podría exponerlo al peligro de indignar a los activistas de los derechos humanos sin convencer a los militares de que les convendría depurarse a sí mismos de los resabios de un pasado vergonzoso pero que así y todo es la alternativa menos mala disponible.
Si no fuera por los antecedentes de la Corte Suprema, su pedido al juez Adolfo Bagnasco y a la jueza María Servini de Cubría de que le entreguen los expedientes sobre las causas de robos de bebés por los militares durante la dictadura sería tomado por evidencia de su reconocimiento de la gravedad del asunto y de su voluntad de dar un impulso adicional a las investigaciones. Pero, de más está decirlo, a nadie se le ha ocurrido interpretar de este modo la decisión de la Corte. Por el contrario, la opinión mayoritaria es que se trata de una maniobra destinada a paralizar las causas para entonces, luego de un intervalo discreto, pasarlas a la Justicia Militar, la cual, es de suponer, escuchará con más respeto los planteos de los ex jefes castrenses, entre ellos el ex general Jorge Rafael Videla y el ex almirante Emilio Massera, quienes actualmente están bajo arresto domiciliario.
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