Buscan una solución para la toma de tierras en la ruta N° 1 en Viedma
La Justicia avanza con una causa que ya tuvo tres condenados y más de cincuenta imputados que están en distintas etapas del proceso. El propietario cuestiona los “tiempos judiciales” y la falta de acción por parte de los gobiernos provincial y municipal.
Los terrenos usurpados se encuentran en el acceso sur de la ciudad, en una superficie de unas 30 hectáreas. Foto Marcelo Ochoa.
A casi dos años de la masiva toma de terrenos en el acceso sur de Viedma que derivó en la primera condena por usurpación de terrenos contra tres personas, la Justicia avanza con una causa compleja por la cantidad de imputados mientras que el propietario clama por una solución para recuperar tierras destinadas a un desarrollo comercial.
La zona, de unas 30 hectáreas, se encuentra frente al kilómetro 0 de la ruta Provincial N° 1 y en la actualidad se estima que hay unas 60 familias en precarias casillas de madera.
Nunca se hizo un relevamiento, es constante el movimiento de gente y desde el Ministerio Público Fiscal se pidió un desalojo masivo “con todas las garantías” que no tuvo aceptación por parte del juez de la causa.
La fiscal Paula Rodríguez Frandsen, a cargo de la investigación, recordó las primeras notificaciones, el juicio por el cual se condenó a tres personas, una de ellas deberá cumplir un año de prisión, aunque no está firme porque todavía le queda algún recurso a la defensa.
La funcionaria indicó que el movimiento de personas es constante, “tomamos conocimiento que había gente que bajaba materiales” no hace mucho tiempo y recordó que “a fines de 2021 hubo dos constataciones grandes con órdenes de allanamiento del juez”, pero “el predio es muy grande y es muy difícil de controlar, es difícil para el dueño, y para la policía para que no entre gente”.
Explicó que “cuando la policía identifica gente, después hay que ubicarlas realmente, a veces dan datos falsos” porque “no vas a la toma y los notificás de una audiencia, porque no están, y cuando se pide la formulación de cargos la Oficina Judicial no los puede ubicar y así venimos desde hace un tiempo”.
La causa además tiene 10 personas declaradas en rebeldía “a las que se les formularon cargos y cuando los fueron a notificar en el domicilio declarado no estaban más”, además “hay más de 30 con formulación de cargos y tres condenados, confirmados por el Tribunal de Impugnación y por el Superior Tribunal”.
Por otra parte, hay otras personas que fueron sobreseídas, “son trece” y con ellas “se arribó a un acuerdo con la fiscalía y la querella porque desalojaron el predio y colaboraron desarmando casillas” y en ese sentido dijo que “hay muchas casillas que están a medio construir o construidas pero no vive nadie y están para impedir que el dueño haga uso del lugar” y “de las casillas pocas están ocupadas” porque cree que la toma “nos es una cuestión de necesidad porque no están las personas”.
Dentro de la compleja causa “hay otras personas con suspensión de juicio a prueba en trámite” porque “también es gente que se fue, desarmó la construcción, alguna con loza y colaboran con las víctimas para hablar con la gente que está en la toma para que entiendan que no van a lograr nada” solo “una causa judicial en su contra”.
En abril y mayo pasados hubo nuevas formulaciones de cargos “de las personas que fueron notificadas a fines del año pasado” y está prevista una audiencia similar para mediados de este mes “con otras cinco personas”, además de un nuevo juicio que tiene a un dirigente social como imputado y que se realizará en fecha próxima.
Rodríguez Frandsen señaló que “hubo un relevamiento el año pasado con identificaciones por parte de la policía” aunque aclaró “que yo sepa nunca hubo uno del municipio ni de ningún otro organismo, que sería más fácil porque cuando llega la policía” las personas que están en la toma “ no colaboran” y “dan datos falsos”.
Agregó que “hasta donde tenemos conocimiento ningún organismo provincial o municipal ha hecho algún tipo de relevamiento” aunque aclaró que “esos organismos no tiene que ver con la causa penal, pero dentro de sus competencias no lo hicieron”.
Mientras transcurre el tiempo, se estima que entre 60 y 70 personas identificadas permanecen en la actualidad en el lugar, si bien las construcciones son muchas más, con precarias y peligrosas conexiones de energía eléctrica y agua potable.
En el marco de la causa el propietario pide una solución porque en esa zona quedó a mitad de camino un desarrollo comercial que tiene tres manzanas con servicios y la mitad de los lotes vendidos.
Una reunión clave para destrabar el conflicto
El lunes a la tarde se realizará un encuentro entre Gerardo Vichich, titular de las tierras, y referentes de los ocupantes y dirigentes de la CTA.
“Estoy desilusionado” pero “mantengo comunicación con todos” dijo el empresario que inició en esa zona un desarrollo inmobiliario ahora frenado.
Pidió “hacer un relevamiento para saber quién está adentro, las necesidades reales, quién especula y quién no”, pero “la provincia nunca apareció y el municipio dice que no lo puede hacerlo solo”.
Vichich espera que el encuentro sirva para “saber si se van o están dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo” y pidió “destrabar esto”, porque hay varios grupos y hay gente que tiene voluntad de llegar a un arreglo”.
Agregó que “entiendo que hay gente con necesidades pero esto afecta a toda la ciudad” porque “no tiene sentido dejar una toma en estas condiciones en uno de los accesos”.
Remarcó que la situación “tiene solución, pero falta voluntad política”, al tiempo que cuestionó los tiempos de la Justicia porque “pasan meses” entre las formulaciones de cargo y pidió que “se ponga firme en este tema, sino no se podrá solucionar”.
“Entiendo el reclamo, pero no se puede tomar tierras y ahora es un tema que tiene que solucionar el Estado, no un privado”.
Gerardo Vichich, titular de las tierras en disputa.
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