IPPV no dará aún los listados de las casas usurpadas
El organismo provincial esperará que la empresa constructora entregue la posesión del plan y recién ahí difundirá la lista de preadjudicatarios. La Justicia tomó declaración ayer a los ocupantes. Denuncian tibio accionar de la policía.
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Ayer, mientras la justicia tomaba declaración indagatoria a los ocupantes de las 120 viviendas, el IPPV confirmó que no publicará los listados de pre-adjudicatarios hasta tanto reciba la posesión del complejo habitacional de manos de la empresa constructora.
La responsable de prensa de organismo, Silvia Martínez, aseguró a «Río Negro» que «los listados no se van a dar a conocer hasta que esté concluída la obra y el IPPV reciba la posesión del inmueble», deslindando al organismo de toda responsabilidad en las demoras.
Martínez informó que el titular del Instituto, Vicente Pilli, está en permanente contacto con la empresa constructora, la justicia y el municipio y que hoy recibirá a los representantes de los inscriptos que viajaron a Viedma para exigir una solución al conflicto, pero no hará declaraciones a la prensa.
Los funcionarios provinciales deslindaron en Alusa SA y el juez Ricardo Calcagno la responsabilidad de resolver el conflicto iniciado el domingo por la toma masiva del único plan habitacional abierto que se construye en la ciudad.
El propietario de Alusa, Alberto Usandizaga, rechazó esa interpretación y denunció el tibio accionar de la policía que fue convocada para evitar la toma. «El domingo yo mismo vi entrar a la gente y usurpar las viviendas en las narices de la policía; la gente entró e hizo lo que quiso», sostuvo.
En diálogo con este diario, el empresario reconoció que el conflicto era previsible y recordó la toma protagonizada el 30 de enero pasado por una mujer con sus hijos y el violento robo ocurrido el mes pasado que concluyó con el incendio del obrador donde descansaban los serenos. «No nos pueden decir que no estaban en antecedentes», dijo en alusión a los funcionarios del IPPV.
Usandizaga consideró que no hubo demoras significativas en la construcción del complejo que lleva tres años en obra, aunque admitió que «técnicamente se podría haber terminado antes». En tal sentido señaló que «nosotros seguimos las instrucciones del IPPV» y que en algún momento el organismo decidió reprogramar y dar un ritmo más lento a la obra por las erogaciones.
En tanto, ayer comenzaron a desfilar por los tribunales los primeros ocupantes citados a indagatoria por el juez Calcagno para determinar si incurrieron en el delito de usurpación. El magistrado espera tomar declaración a todos los responsables de las familias o grupos asentados en las viviendas antes de resolver un eventual desalojo.
Los ocupantes que concurrieron a los tribunales se mostraron inquietos por las consecuencias judiciales de su accionar, pero anticiparon la decisión de quedarse en la vivienda. En todos los casos consultados pidieron reserva de identidad para evitar una mayor exposición.
El conflicto se politizó y dio lugar a acusaciones cruzadas entre candidatos y referentes de los partidos mayoritarios. El intendente interino Darío Barriga se puso al frente de los inscriptos que reclaman el desalojo de las viviendas y la difusión inmediata de los listados de pre-adjudicatarios y cuestionó en duros términos al organismo y el gobierno provincial.
En cambio el candidato de la Concertación, Marcelo Cascón, fijó su atención en la toma iniciada el domingo y aseguró que sus protagonistas fueron «fogoneados políticamente». Hasta el intendente de Roca Carlos Soria, que vino la ciudad para reforzar la campaña de Barriga, dialogó con los angustiados inscriptos del plan habitacional, se hizo eco de las sospechas de clientelismo que pesan sobre el IPPV.
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