Una cuestión de dinero
Los gobernadores y sus aliados están procurando aprovechar la debilidad política del Poder Ejecutivo para obligarlo a repartir el contenido de “la caja” según criterios menos discrecionales que los preferidos por los Kirchner, que se han acostumbrado a utilizarlo para ayudar a sus amigos y castigar a quienes no lo son. Mientras que provincias como Jujuy se han visto favorecidas por el unitarismo extremo resultante, otras, entre ellas Córdoba y Santa Fe, han sido víctimas de un virtual boicot. Que un día los representantes provinciales se rebelaran contra dicho arreglo era previsible. Durante los más de cuatro años en que Néstor Kirchner y su esposa disfrutaron de un índice de aprobación muy elevado, los gobernadores provinciales, incluyendo algunos de origen radical o arista, no tenían empacho en afirmarse partidarios entusiastas del “proyecto” del matrimonio por entender que el electorado local los premiaría por tales manifestaciones de lealtad. Desde que el conflicto con el campo puso fin a la popularidad de la presidenta Cristina y su marido, empero, su relación con los mandatarios y senadores del interior depende casi exclusivamente del dinero. Si bien en algunas partes del país declararse kirchnerista llegó a ser considerado como una forma de traición, muchos políticos siguieron creyendo que les convendría apoyarlos por miedo a perder los fondos que necesitaban. Aunque al diputado –y ministro de Economía de facto– Néstor Kirchner no le gusta para nada la idea de que se distribuyan los recursos públicos de manera menos politizada, parece que está dispuesto a negociar con los gobernadores y legisladores en un intento de apaciguar a quienes están reclamando un esquema más federalista. Es que la nueva ley de coparticipación propuesta por la oposición en el Senado coloca a los kirchneristas en una posición muy difícil. Si aprueban el proyecto de ley opositor, enojarán sobremanera a quien sigue siendo su jefe, pero si votan en contra serán acusados de subordinar los intereses de su propio distrito a las ambiciones de una pareja cuyo ciclo ya terminó. Puede que se haya reducido mucho la capacidad de los Kirchner para ocasionarles graves dificultades, pero a juicio de algunos sigue siendo suficiente como para forzarlos a pensar mucho antes de animarse a desafiarlos. Si no fuera por el poder de “la caja”, los Kirchner ya se hubieran visto abandonados a su suerte por muchos gobernadores, intendentes y legisladores que a pesar de todo siguen apoyándolos. A diferencia de otros gobernantes, no representan ninguna ideología identificable –hablan como progresistas pero han gobernado como conservadores– y distan de ser personas carismáticas. En opinión del ex presidente interino Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner es “un adicto al poder y al dinero”. No es una característica muy atractiva, pero sucede que en base a ella Kirchner consiguió construir un edificio político tan imponente que ha sobrevivido al colapso de su popularidad. Es lógico, pues, que con la ayuda de sus partidarios quiera demorar la eventual aprobación de leyes, como la que modificaría radicalmente los fondos procedentes del impuesto al cheque, que servirían para socavar el poder de la Nación sobre las provincias del interior y, lo que le importa todavía más, sobre los gobernadores y legisladores. También lo es que haya intentado dar la impresión de estar dispuesto a permitir un debate en torno al asunto, aunque parecería que en el caso de que el Congreso aprobara la iniciativa opositora la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no vacilaría en hacer uso del veto. Desde el punto de vista de los Kirchner, los costos políticos de hundir así una ley que la mayoría consideraría equitativa serían menos dolorosos de lo que sería perder el control sobre “la caja” que para ellos es fundamental. Es de prever, pues, que sigan produciéndose enfrentamientos en el Congreso entre la minoría compacta kirchnerista y la cambiadiza y muy dispersa mayoría opositora, pero que aun cuando ésta consiga imponerse el gobierno opte por echar mano al veto, prolongando así el statu quo por algunas semanas o meses más a costa de una sensación creciente de parálisis que perjudicaría tanto al matrimonio santacruceño como a los líderes de las distintas facciones que conforman la oposición.
Los gobernadores y sus aliados están procurando aprovechar la debilidad política del Poder Ejecutivo para obligarlo a repartir el contenido de “la caja” según criterios menos discrecionales que los preferidos por los Kirchner, que se han acostumbrado a utilizarlo para ayudar a sus amigos y castigar a quienes no lo son. Mientras que provincias como Jujuy se han visto favorecidas por el unitarismo extremo resultante, otras, entre ellas Córdoba y Santa Fe, han sido víctimas de un virtual boicot. Que un día los representantes provinciales se rebelaran contra dicho arreglo era previsible. Durante los más de cuatro años en que Néstor Kirchner y su esposa disfrutaron de un índice de aprobación muy elevado, los gobernadores provinciales, incluyendo algunos de origen radical o arista, no tenían empacho en afirmarse partidarios entusiastas del “proyecto” del matrimonio por entender que el electorado local los premiaría por tales manifestaciones de lealtad. Desde que el conflicto con el campo puso fin a la popularidad de la presidenta Cristina y su marido, empero, su relación con los mandatarios y senadores del interior depende casi exclusivamente del dinero. Si bien en algunas partes del país declararse kirchnerista llegó a ser considerado como una forma de traición, muchos políticos siguieron creyendo que les convendría apoyarlos por miedo a perder los fondos que necesitaban. Aunque al diputado –y ministro de Economía de facto– Néstor Kirchner no le gusta para nada la idea de que se distribuyan los recursos públicos de manera menos politizada, parece que está dispuesto a negociar con los gobernadores y legisladores en un intento de apaciguar a quienes están reclamando un esquema más federalista. Es que la nueva ley de coparticipación propuesta por la oposición en el Senado coloca a los kirchneristas en una posición muy difícil. Si aprueban el proyecto de ley opositor, enojarán sobremanera a quien sigue siendo su jefe, pero si votan en contra serán acusados de subordinar los intereses de su propio distrito a las ambiciones de una pareja cuyo ciclo ya terminó. Puede que se haya reducido mucho la capacidad de los Kirchner para ocasionarles graves dificultades, pero a juicio de algunos sigue siendo suficiente como para forzarlos a pensar mucho antes de animarse a desafiarlos. Si no fuera por el poder de “la caja”, los Kirchner ya se hubieran visto abandonados a su suerte por muchos gobernadores, intendentes y legisladores que a pesar de todo siguen apoyándolos. A diferencia de otros gobernantes, no representan ninguna ideología identificable –hablan como progresistas pero han gobernado como conservadores– y distan de ser personas carismáticas. En opinión del ex presidente interino Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner es “un adicto al poder y al dinero”. No es una característica muy atractiva, pero sucede que en base a ella Kirchner consiguió construir un edificio político tan imponente que ha sobrevivido al colapso de su popularidad. Es lógico, pues, que con la ayuda de sus partidarios quiera demorar la eventual aprobación de leyes, como la que modificaría radicalmente los fondos procedentes del impuesto al cheque, que servirían para socavar el poder de la Nación sobre las provincias del interior y, lo que le importa todavía más, sobre los gobernadores y legisladores. También lo es que haya intentado dar la impresión de estar dispuesto a permitir un debate en torno al asunto, aunque parecería que en el caso de que el Congreso aprobara la iniciativa opositora la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no vacilaría en hacer uso del veto. Desde el punto de vista de los Kirchner, los costos políticos de hundir así una ley que la mayoría consideraría equitativa serían menos dolorosos de lo que sería perder el control sobre “la caja” que para ellos es fundamental. Es de prever, pues, que sigan produciéndose enfrentamientos en el Congreso entre la minoría compacta kirchnerista y la cambiadiza y muy dispersa mayoría opositora, pero que aun cuando ésta consiga imponerse el gobierno opte por echar mano al veto, prolongando así el statu quo por algunas semanas o meses más a costa de una sensación creciente de parálisis que perjudicaría tanto al matrimonio santacruceño como a los líderes de las distintas facciones que conforman la oposición.
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