La inflación cobra fuerza

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Desde hace más de dos años, los encargados de confeccionar las estadísticas que difunde el Indec están procurando convencer a todos de que la inflación constituye un problema menor, porque, si bien han aumentado los precios de algunos bienes y servicios, no se trata de una tendencia generalizada preocupante. Si es lo que se proponían los responsables de manipular el índice de precios al consumidor con el objetivo de “manejar las expectativas”, tratando la inflación como un mero fenómeno psicológico, ya deberían entender que la estrategia que eligieron ha fracasado por completo. Aun cuando la suba del 1,2 por ciento del costo de vida que registró el Indec para febrero reflejara la realidad, sería suficiente como para encender las luces de alarma, pero sucede que según las consultoras privadas el aumento auténtico fue por lo menos el doble. Y lo que es peor todavía, el que el equipo del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que se ha apoderado del Indec, se haya sentido obligado a reconocer que el costo de la llamada canasta básica, o sea, de lo que necesita una familia pobre para sobrevivir, subió el 4,7 por ciento en el mes más corto del año, hace sospechar que a menos que el gobierno reaccione a tiempo la inflación podría desbocarse. A diferencia de sus equivalentes alemanes, que no han olvidado que la hiperinflación de los años veinte del siglo pasado destruyó los ahorros de la clase media, con consecuencias apocalípticas no sólo para Alemania sino también para muchos otros países, nuestros dirigentes parecen haberse convencido de que es mejor acostumbrarse a convivir con la inflación de lo que sería intentar combatirla. Por cierto, es ésta la actitud del gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner que, como el de su marido, parece decidido a continuar minimizando su importancia por entender que si optara por procurar frenarla con medidas “ortodoxas” el esfuerzo le costaría buena parte de lo que le queda de su capital político. Es de prever, pues, que siga tratando de atenuar el impacto con “acuerdos de precios” que pocos respetarán y rezando para que no se les ocurra a quienes viven en las zonas más pobres del conurbano bonaerense culpar a los Kirchner por sus penurias económicas. Para complicar aún más el panorama, la presidenta en comisión del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, es una partidaria firme de la teoría de que, por ser la inflación el resultado de un déficit de demanda frente a un superávit de liquidez, la mejor forma de reducirla consistiría en impulsar la producción. Es un planteo muy atractivo que, por motivos comprensibles, seduce a muchos políticos ya que les brinda un pretexto para negarse a tomar medidas “antipopulares”, pero por desgracia entraña el riesgo de que la institución cuya prioridad debería ser defender el valor de la moneda nacional se las arregle para echar más nafta sobre un incendio que ya parece estar fuera de control. Sucede que en situaciones como la actual, no es nada fácil aumentar la demanda sin impulsar la inflación. Caso contrario, la inflación no preocuparía a ningún gobierno del mundo hasta tal punto que se sintiera constreñido a emprender un ajuste doloroso a fin de frenarla. La experiencia argentina en materia de inflación está entre las más ricas del planeta, pero mientras que en otras partes la clase política local ha aprendido que siempre le convendría impedir que cobre demasiada fuerza, aquí parece haber llegado a la conclusión de que es mejor tolerarla de lo que sería hacer cuanto resulte necesario para restaurar la estabilidad. La indiferencia así manifestada puede atribuirse a que el grueso de la clase media ya se ha visto expoliado y los sectores pobres que conforman el tercio o más de la población siguen votando por los populistas de siempre. Puesto que muchos dirigentes políticos saben aprovechar el statu quo resultante, no es de su interés intentar modificarlo. Será por eso que el resurgimiento de la inflación, con todos los muchos riesgos que acarrea, no figura entre las prioridades ni del gobierno kirchnerista ni de los jefes opositores, ya que con escasas excepciones comparten el temor a verse acusados de querer hace sufrir a la gente sometiéndola a algo tan cruel como un ajuste.