Historia de espías

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Que un especulador quisiera conocer datos que el Ministerio de Economía preferiría ocultar sería perfectamente lógico, ya que en ocasiones saber lo que está por anunciarse le permitiría ganar muchísimo dinero, pero hasta ahora nada ha acusado a Roberto Larosa, el supuesto espía que según Amado Boudou fue encontrado en el despacho del subsecretario de Presupuesto cuando intentaba esconderse debajo de un escritorio, de estar al servicio de financistas. Parecería que, a lo sumo, los datos “confidenciales” que presuntamente buscaba Larosa podrían resultar útiles a los interesados en analizar la marcha de la economía nacional pero que se sienten frustrados por la negativa oficial a difundir información que en buena lógica debería ser de dominio público. Será por este motivo que se supone que entre los clientes del “espía” están políticos de todos los pelajes ideológicos y varias consultoras económicas renombradas a los que, de estar en lo cierto quienes están investigando el asunto, vendía información por montos relativamente modestos. Acaso lo único que tienen en común los vinculados de algún modo con Larosa es su postura crítica ante la política económica kirchnerista aunque, desde luego, los puntos de vista de los militantes de agrupaciones como Proyecto Sur son muy distintos de aquellos de las consultoras mayormente liberales. Los más afectados por la denuncia de Boudou han sido los diputados de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas y Claudio Lozano, que reaccionaron con furia frente a lo que tomaron por un intento por parte del gobierno nacional de desacreditarlos, dando pie así a un intercambio de lindezas entre el cineasta y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que con su elegancia habitual lo calificó de “oportunista”, “garca” y “estúpido”, para entonces denunciarlo ante la Justicia por calumnias. Conforme a los diputados y sus simpatizantes, son blancos de una campaña de intimidación oficialista que podría tener consecuencias trágicas; dijo Solanas que “éste es un país peligroso, en el que por 500 ó 1.000 pesos un sicario te pega un tiro simulando el robo de una billetera”, razón por la que Fernández será responsable de “mi seguridad personal y la de todos los opositores”. ¿Exagera? Puede que sí, pero no cabe duda de que el clima provocado por bandas de activistas que se afirman comprometidos con el gobierno de los Kirchner se ha hecho tan pesado que muchos opositores comparten los temores de los líderes de Proyecto Sur. Sea como fuere, los vinculados con Larosa no se limitan a políticos de la izquierda parlamentaria y consultoras liberales. También incluyen a funcionarios kirchneristas, encabezados por el poderoso ministro de Planificación, Julio De Vido, puesto que hasta hace poco figuraba en su plantel de asesores. Se trataba, pues, de alguien que, como muchos que se ganan la vida colaborando con distintas entidades sin preocuparse por sus preferencias ideológicas, se había relacionado con muchas personas que podrían suministrarle información o estarían dispuestas a remunerarlo por sus servicios. Así las cosas, los decididos a aprovechar políticamente el asunto se enfrentan con un problema difícil. Además de habérselas arreglado para enfurecer a una parte muy influyente de la izquierda nacionalista e irritar a los responsables de todas las consultoras económicas más prestigiosas del país allanando sus oficinas, lo que en vista de que ocupan lugares tan diferentes en el mapa político podría considerarse toda una hazaña, han logrado implicar a integrantes del núcleo duro del kirchnerismo. Han sido tantos los salpicados por las repercusiones de la denuncia de Boudou que ya parece evidente que nadie se verá beneficiado por las revelaciones que día a día están produciéndose. En cambio, muchos serán perjudicados. Por un lado, el caso ha servido para hacer todavía más intensa la sensación de que el país está entrando en una etapa signada por la violencia no meramente verbal, una impresión que se ha visto fortalecida por la advertencia –o denuncia– formulada por Solanas; por el otro, el que no haya motivos para suponer que la información supuestamente comercializada por Larosa tuviera mucha importancia hace pensar que el gobierno es reacio a permitir la divulgación de datos “confidenciales” sólo porque no quiere que nadie fuera de sus propias filas se entere del estado real de la economía.