El costo fiscal de la baja de retenciones permitiría pagar la mitad de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Antes que los mercados despierten el gobierno promulgó este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque decidió no reglamentarla hasta el el Congreso señale el origen de los fondos para financiarla. Apenas minutos después, anunció una rebaja «a cero» de las retenciones a la exportación agrícola hasta el 31 de octubre.

En medio de un clima de marcada incertidumbre sobre la sustentabilidad del programa macroeconómico, y con el mercado a la expectativa tras la intervención del Banco Central (BCRA) vendiendo US$ 1.100 millones en solo tres ruedas para sostener la banda superior de flotación cambiaria, el gobierno dio a conocer la rebaja temporal de impuestos a las exportaciones agrícolas previo a la apertura del lunes.

Llamativamente el monto de recaudación que la administración Milei decide resignar por la rebaja de retenciones hasta luego de las elecciones legislativas, equivale a la mitad del costo fiscal que tiene la Ley de Emergencia en Discapacidad que el mismo gobierno dice no poder reglamentar por no contar con los fondos necesarios.

Asimismo, el monto que se resignará para lograr que el campo aporte los dólares que faltan, permitiría afrontar todo el costo fiscal de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y equivale a 15 veces el costo fiscal de la Ley de Emergencia Pediátrica (Hospital Garrahan).

Ambas leyes fueron vetadas por el presidente Javier Milei bajo la premisa de que no existe propuesta alguna sobre el origen de los fondos para financiarlas. Dicho veto fue rechazado en la Cámara de Diputados y debe ser tratado en el Senado de la Nación. Si eso ocurre, ambas normativas quedarían confirmadas definitivamente y deberían ser promulgadas por el Poder Ejecutivo.

La rebaja de retenciones anunciada en la mañana del lunes pretende encontrar los puntos de apoyo financieros que el programa económico no encuentra, y que el mercado señala desde hace semanas. Una estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estima que entre septiembre y diciembre se podrían liquidarse unos u$s 9.949 millones en concepto de exportación de granos.

No obstante, el Artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia 682/25 que establece la alícuota cero para los Derechos de Exportación hasta el 31 de octubre de 2025, también le fija a la medida un cupo máximo de US$ 7.000 millones. Ese es el monto máximo de ingreso de divisas que podría generar la baja de retenciones anunciada hoy.

No hay plata, sí hay plata

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Una de las principales fortalezas que tiene el programa económico desplegado por la gestión Milei es la férrea decisión de sostener el equilibrio fiscal. Con esa premisa, el presidente Milei ha vetado todas y cada una de las iniciativas legislativas que incrementan el gasto sin estipular a la vez de dónde saldrán los fondos para financiarlas.

Los últimos tres casos son emblemáticos, tanto por su suerte legislativa como por su importancia en cuanto a la incidencia e impacto social: La Ley de Emergencia en Discapacidad, la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Ley de Emergencia Pediátrica (Garrahan). Las tres fueron vetadas por el mandatario. En el primer caso, el veto fue rechazado por ambas cámaras del Congreso de la Nación. En los otros dos, el rechazo fue elocuente en Diputados y espera su tratamiento en Senadores.

Sin embargo la contradicción queda a la vista esta mañana, cuando casi al mismo tiempo el Poder Ejecutivo promulga la Ley de Emergencia en Discapacidad pero detiene su reglamentación por no contar con los fondos necesarios y anuncia una rebaja de retenciones que tiene un altísimo costo fiscal en términos de recaudación.

Las primeras estimaciones señalan a trazo grueso que de los US$ 7.000 millones que el gobierno espera ingresen por liquidación de exportaciones agrícolas, dos terceras partes corresponden a la soja y un tercio al maíz. Vale tener en cuenta que la alícuota cero no solo alcanza a los granos, sino también a otros sub productos agrícolas, aunque su peso relativo en las exportaciones totales es sensiblemente menor.

Teniendo en cuenta que hasta la mañana de hoy la exportación de soja estaba alcanzada por retenciones del 26% y la de maíz por una alícuota del 9,5%, el gobierno dejaría de recaudar unos US$ 1.439 millones en apenas 4 semanas que restan hasta las elecciones legislativas.

Sobre esa base y teniendo en cuenta que el tipo de cambio mayorista para la compra cotiza por estas horas en $1.466, el costo fiscal en pesos de la rebaja de retenciones ascendería a $2.109.355 millones. La suma equivale al 0,25% del Producto Bruto Interno (PBI).

Si se tiene en cuenta la estimación del impacto fiscal realizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para cada una de las últimas iniciativas legislativas que el presidente Javier Milei vetó aduciendo que «no hay plata», la contradicción es más que manifiesta.

Según la OPC, en el caso de discapacidad el costo fiscal anual estimado de la reglamentación oscila entre $2.083.560 millones como mínimo y $4.000.328 millones como máximo, lo que equivale a un rango que va del 0,25% al 0,48% del PBI. Significa que el costo fiscal de la rebaja de retenciones anunciada hoy, alcanzaría para saldar al menos la mitad de la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En cuanto al presupuesto universitario, la OPC estima que el costo fiscal anual asciende a $1.959.974 millones, lo que equivale al 0,23% del PBI. En este caso, quiere decir que el costo fiscal de la rebaja de retenciones dada a conocer este lunes, alcanzaría para saldar la totalidad de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.

Por último, en el caso del Garrahan la OPC estima que el costo fiscal asciende a $133.433 millones, lo que equivale al 0,016% del PBI. El dato equivale a decir que el costo fiscal de la rebaja de retenciones anunciada hoy permitiría pagar 15 veces el costo de asumir la Ley de Emergencia Pediátrica y dar respuesta a las urgencias de los profesionales del Hospital Garrahan.