Desarticularon una banda que lavaba dinero con casas de apuestas online: hay más de 20 prófugos

Este martes se llevó a cabo un megaoperativo que incluyó 53 allanamientos y la detención de 18 personas. La Justicia investiga a una banda que lavaba dinero a través de páginas de apuestas. En total, habrían blanqueado más de 4,4 millones de dólares, mientras que la cifras de dinero lavado por la organización podría ascender a más de 7 millones de dólares. Hay más de 20 prófugos y emitieron pedidos de captura nacional y hasta internacional.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los procedimientos se realizaron en distintas localidades del conurbano bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en San Luis.

La organización criminal está estructurada desde -al menos- el año 2014 y se dedicaba a canalizar y blanquear activos de origen ilícito obtenidos a partir de plataformas de apuestas online clandestinas.

Sin embargo, la investigación inició en mayo de 2023, a partir de datos que brindó un informante protegido. El análisis de la fiscalía constató la existencia de una estructura criminal que ofrecía juegos de azar sin autorización estatal.

Algunos de los dominios detectados eran www.celuapuestas.com, www.celuapuestas.net, www.celuapuestas-argentina.com, www.celuapuestas-bet-ar.com, www.celuapuestas.io, www.celu-apuestas.net y www.celuapuestas.space.

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De la apuesta clandestina al blanqueo de capitales: así era el modus operandi

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Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el flujo de dinero se generaba a través de una red de «franqueros» y «cajeros» que vendían fichas a los apostadores, gestionaban usuarios y difundían las plataformas a través de WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook.

El dinero proveniente de esas operaciones se canalizaba luego a través de cuentas y billeteras digitales que, si bien eran controladas de facto por los líderes de la red, estaban formalmente registradas a nombre de testaferros, incluyendo familiares, empleados o personas sin capacidad económica real para justificar dichos movimientos, lo que permitía «disfrazar la titularidad de los fondos y dificultar su rastreo».

La principal hipótesis es que los imputados implementaron un sistema sostenido de lavado de activos que incluía depósitos fraccionados en distintas entidades bancarias, -una técnica conocida como «pitufeo», con el fin de evitar los controles automáticos del sistema financiero-, retiros en efectivo, compras de bienes registrables, adquisición de inmuebles, inversiones en criptomonedas y la constitución de sociedades de fachada con objetos sociales diversos.

«De acuerdo con el análisis patrimonial y financiero realizado, tanto por este Ministerio Público Fiscal así como también por la Unidad de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional, se ha podido identificar un conjunto de operaciones bancarias, virtuales, en efectivo, inmobiliarias y de automotores que permiten estimar un total operado no inferior a U$S 4.471.290 (empresas y vehículos, sin contar propiedades)”, indicaron desde la Fiscalía Federal de Hurlingham.

Además, precisaron que dicha estimación se construyó a partir de la suma de las distintas operatorias que integran el proceso de lavado de activos en la Argentina por parte de la organización que incluyen:

• Más de 200 compras de vehículos por un total aproximado de U$S 4.000.000.
• U$S 471.290 invertidos en 31 estructuras societarias.
• La adquisición de, por lo menos, 20 inmuebles ubicados en la localidad de Virrey del Pino, partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires (cuya valuación será́ propicia para futuras instancias).
  

A su vez, aclararon en el dictamen que la suma total aproximada no contempla operaciones en efectivo no bancarizadas, flujos circulares entre miembros del grupo, operaciones bancarias, ni las valuaciones de los bienes inmuebles involucrados, cuyo análisis integral excede el objeto de esta presentación.

Tras los allanamientos y el hallazgo de montos de acreditaciones y transferencias bancarias detectadas en cuentas de los implicados, desde la fiscalía indicaron que la cifras de dinero lavado por la organización podría ascender a más de 7 millones de dólares y más de 17.000 millones de pesos.

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Qué encontraron en los allanamientos

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La investigación estuvo dirigida por el fiscal federal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez, y contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) -encabezada por el fiscal general Diego Velasco y el auxiliar fiscal Alberto Barbuto- y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) -a cargo de María del Carmen Chena-.

En su dictamen, habían solicitado un total de 39 detenciones, por lo que aún hay más de 20 personas prófugas a las que ayer la fiscalía les pidió la captura nacional e internacional.

El sindicado líder de la organización -identificado por sus iniciales como R.J.Z-, fue detenido en el country Terralagos de la localidad bonaerense de Canning, en el partido de Ezeiza.

Asimismo, gracias a la utilización de un dron con cámaras para monitorear los allanamientos, también pudieron detener en ese mismo barrio privado a otro de los imputados cuando se lo observó cargando una valija -que luego se descubrió contenía cerca de 12 millones de pesos– en una camioneta 4×4.

En este sentido, en los procedimientos secuestraron además más de 60 vehículos, unos 120 millones de pesos, más de 20 mil dólares, dinero en efectivo de otros países (reales, pesos uruguayos, mexicanos de República Dominicana, entre otros), más de 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, merchandising de las empresas y una gran cantidad de celulares (algunos nuevos y cerrados en sus cajas).

El juez de la causa habilitó la posibilidad de que los efectivos pudieran realizar mediante la fuerza el procedimiento «de modo compulsivo» a través del patrón de desbloqueo de origen dactilar, lectura de iris o reconocimiento facial, en el caso de que los imputados no quisieran aportar la clave o el patrón de desbloqueo de sus dispositivos móviles.

Por último, también secuestraron documentación, tres armas de fuego y aproximadamente 12 kilos de marihuana, la cual estaba fraccionada en bolsas de nylon tipo Ziploc.

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Quiénes eran los líderes del entramado societario y profesional

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La investigación develó que el grupo armó 31 sociedades para disimular el origen y destino de los activos.

Estas empresas, con objetos sociales llamativamente diversos que iban desde el procesamiento de carne y la construcción hasta el desarrollo de software, la seguridad privada y la explotación de juegos de azar, contaban con un capital inicial conjunto que ascendía a 471.290 dólares, según la cotización oficial al momento de su creación.

Además, verificaron que múltiples empresas compartían los mismos domicilios fiscales, y la recurrencia de los mismos directivos y profesionales en su constitución.

Según el MPF, la estructura criminal contaba con una jerarquía y distribución de roles bien definida. En la cúspide se encontraba R.J.Z., líder y administrador general. Su círculo de mayor confianza estaba integrado por otras ocho personas.

Después, había un segundo subgrupo, conformado por al menos otras 17 personas que se habrían incorporado paulatinamente para ejecutar las órdenes de R.J.Z. en el manejo de las sociedades y bienes, administrando los activos para introducirlos en el mercado lícito.

También, en el entramado criminal la acusación de la fiscalía incluye a un contador -que figuraba como responsable de varias empresas- y a una abogada -que habría participado de la inscripción de al menos 19 de las sociedades-.

La investigación de los fiscales Marquevich y Velasco también detectó una posible dimensión internacional en las operaciones de la red, ya que se registraron viajes permanentes de los principales actores a países como Panamá y República Dominicana.

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Cómo sigue la investigación y qué dijo Patricia Bullrich

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Durante la etapa preliminar, se promovieron una serie de medidas probatorias para reconstruir el complejo flujo patrimonial y se solicitó el levantamiento del secreto fiscal, bancario, bursátil y de inteligencia financiera, y se dispusieron intervenciones telefónicas sobre los abonados registrados por los principales imputados.

Además, se requirieron informes a la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y la UIF, los cuales revelaron que varios de los imputados carecían de actividad económica o capacidad contributiva que justificara las sumas millonarias detectadas a partir de 2023.

Los informes de ARBA, por ejemplo, mostraron la existencia de inmuebles registrados a nombre de los investigados que catastralmente figuraban como terrenos baldíos. Sin embargo, las tareas de campo y las imágenes satelitales verificaron en esos mismos lotes la presencia de imponentes edificaciones de dos o tres pisos, con fachadas vidriadas y una estética uniforme asociada a la marca de las casas de apuestas, que funcionaban como salones de eventos, gimnasios u oficinas.

La red contaba con una fuerte concentración geográfica en el partido bonaerense de La Matanza, especialmente en Virrey del Pino, donde funcionaban los principales locales, oficinas y depósitos del grupo

En conferencia de prensa, la ministra Patricia Bullrich destacó la operación y sostuvo que «cuando hay una investigación coordinada entre fuerzas federales, fiscalía y juzgado, se puede desarticular una red sofisticada y clandestina. Estamos orgullosos de este modelo de investigación y de reafirmar el compromiso del Ministerio con el combate a los delitos económicos y tecnológicos que vulneran el orden público y la legalidad”.