Fondos millonarios para Viento Sur: renovación parcial del embargo a la cooperativa de Neuquén

El juez Raúl Aufranc renovó por tres meses el embargo sobre tres inmuebles de la cooperativa Viento Sur de Neuquén, cuyos integrantes están imputados por la presunta administración fraudulenta de 1.300 millones de pesos que les entregó el gobierno de Omar Gutiérrez en 2023. También dispuso mantener inmovilizado un plazo fijo con fondos de la entidad, liberar sus dos cuentas corrientes y reintegrar en carácter de depositario judicial, cuatro vehículos que estaban secuestrados.

Las decisiones las tomó este jueves en una audiencia en la que resolvió planteos de la fiscal Valeria Panozzo, la adjunta Fernanda Sabbatini y Martín Moya Assef por la fiscalía de Estado (querellante).

Los defensores Mariano Pedrero, Fernando Diez y Marcos Pastorutti estuvieron en representación de los imputados Diego Mauro (dirigente del FOL), Gabriela Suppiccich (exdiputada de FIT-U), entre otros.

La acusación, presentada por la fiscalía de Estado, indica que el gobierno del MPN firmó un convenio con Viento Sur en el marco de la capacitación integral de las organizaciones de la sociedad civil, y le depositó mensualmente sumas millonarias cuyo destino está bajo investigación.

La formulación de cargos

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Los abogados Diez y Pedrero le explicaron al juez Aufranc que el 8 de abril les formularon cargos a los imputados y les impusieron embargo sobre sus bienes y de la cooperativa: terrenos ubicados en Neuquén, Plottier y San Martín de los Andes, cuatro vehículos y dos cuentas bancarias, hasta cubrir el monto histórico de la presunta defraudación: 1.341.460.000.

Esta medida cautelar tenía un plazo de 6 meses que venció el 8 de octubre. Como no se pidió su renovación, la defensa solicitó que se levante.

Panozzo dijo que para eso no hace falta la orden de un juez: «la caducidad operó de pleno derecho», argumentó.

Omisión o dejadez

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Por la fiscalía de Estado, Moya Assef reconoció que «hubo una omisión involuntaria» y que se vencieron los plazos, aunque pidió la renovación por cinco meses para garantizar «el derecho de la querella a la tutela judicial efectiva».

El juez Aufranc comparó el vencimiento del embargo con el de la prisión preventiva y fue crítico con el desempeño de las partes acusadoras: dijo que «hubo un mes que fue menospreciado» porque no pidieron la renovación de las cautelares. «Hay una cierta dejadez en la tarea investigativa», agregó.

Relajamiento de los plazos

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Cuando parecía que iba a fallar a favor de levantar las cautelares, el magistrado cambió la dirección de su argumento: «El sistema de plazos ha experimentado un relajamiento en los últimos años a partir de numerosos fallos del TSJ. Debo contemplar la garantía del plazo razonable», señaló.

Los fallos a los que se refiere son los que demolieron el plazo de 3 años como duración máxima del proceso, entre otros.

Revivir lo muerto

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El abogado Fernando Diez había señalado que la fiscalía de Estado pretendía «revivir algo que está muerto», en alusión a los plazos vencidos. Desde esa perspectiva el juez lo hizo, porque fijó una versión remozada de la cautelar por tres meses.

Dispuso que los cuatro vehículos les fueran devueltos a la cooperativa en carácter de depositaria judicial; levantó el embargo de sus cuentas bancarias, y sólo lo mantuvo sobre los tres inmuebles y el plazo fijo constituido con el dinero que había en las cuentas corrientes cuando empezó la investigación. También levantó la inhibición general de bienes.

La defensa pidió revisión, por lo que un tribunal examinará la decisión la semana próxima. El plazo de investigación, por ser un caso complejo, vencerá el 8 de abril. Antes de ese día la fiscalía y la fiscalía de Estado deben resolver si piden la elevación de la causa a juicio.