Baja de imputabilidad: las claves del Régimen Penal Juvenil que el Gobierno busca reactivar

Tras enviar el proyecto de la baja de edad de imputabilidad al Congreso en 2025, el Gobierno de Javier Milei confirmó el lunes 26 que la problemática se sumó a las sesiones extraordinarias del Congreso. La discusión lleva décadas de opiniones y diversos puntos de vista que impidieron llegar a una decisión final.

El texto para abordar los delitos cometidos por menores estaba preparado para tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados, pero ante la falta de consensos y otras urgencias políticas paralelas, la propuesta y debate quedó demorado. Por aquel momento, lograron tener el apoyo del PRO, la UCR y diversos bloques provinciales.

Ante las diversas posturas sobre la propuesta, algunos miembros de La Libertad Avanza adelantaron que respetarán la mayoría de los cambios que se consensuaron el año pasado para lograr el dictamen de mayoría. La propuesta original fue de fijar la edad mínima de responsabilidad penal en los 13 años, por debajo del rango actual de 16 años.

Otras de las menciones barajadas en las reuniones fue que el Régimen Penal Juvenil ponga especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, tratamiento de adicciones y derecho a la salud y demás bienes.

Sumado a esto, el proyecto mencionó la incorporación de intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y miembros pertenecientes a entornos familiares violentos.

Los detalles y propuestas del Régimen Penal Juvenil

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Uno de los principales motivos del Gobierno para la baja de edad de imputabilidad fue para reestructurar la legislación nacional de forma similar a otros países vecinos. En demás naciones de Latinoamérica la edad mínima de responsabilidad penal es:

• 14 años: Chile, Colombia y Perú
• 12 años: Brasil y México

El texto fue presentado en el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados a mediados de 2024, y en mayo de 2025 se acordó un despacho firmado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Democracia para Siempre, Coalición Cívica e Innovación Federal.

A su vez se estableció la pena máxima de 15 años de privación de la libertad mencionada a delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad se aplicaría como último recurso.

Las penas alternativas para los menores

Se destacó la posibilidad de penas alternativas dependiendo la causa, motivo y caso particular, donde se aplicarían tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado para los delitos con penas de hasta 3 años.

Algunas de las variantes presentadas son:

• Amonestaciones y sanciones
• Prohibición de acercamiento a la víctima
• Servicios comunitarios
• Monitoreo electrónico
• Reparación integral del daño
• Prohibición de concurrir a determinados lugares 
• Prohibición de conducir vehículos

Para la reintegración de los acusados, las víctimas permanecerán con derechos reforzados: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y derecho a la información.

Ante el cumplimiento de estas medidas debía ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez. El profesional deberá brindar formación educativa, apoyo psicológico, trabajo social y ayuda contra adicciones.