El Gobierno oficializó el nuevo Régimen Penal Juvenil: la edad de imputabilidad baja a los 14 años
El Gobierno nacional promulgó la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años en todo el país. Tras un acuerdo entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, el nuevo Régimen Penal Juvenil establece penas graduadas y un fuerte enfoque en la reinserción, equiparando a la Argentina con el estándar legal de Chile, Uruguay y Paraguay.
A través del Decreto 138/2026, el Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.801, marcando un cambio estructural en el sistema de justicia para menores en Argentina.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial, establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, un reclamo histórico que el gobierno de Javier Milei logró convertir en ley tras un intenso debate parlamentario.
Un sistema de penas graduadas y enfoque judicial
La nueva ley no se limita a redefinir el límite de edad, sino que introduce un esquema de penas graduadas. Este sistema permite a los magistrados ajustar las sanciones considerando tanto la edad del infractor como los agravantes y el contexto específico del delito. El objetivo central es brindar una respuesta judicial proporcional a la gravedad de los hechos, sin descuidar el tratamiento del menor.
El consenso político tras la victoria en el Senado
La sanción definitiva de esta reforma ocurrió el pasado 27 de febrero en el Senado, donde el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) logró imponerse con 44 votos a favor y 27 en contra.
Esta victoria estratégica fue el resultado de una compleja negociación: aunque la Casa Rosada pretendía fijar el límite en los 13 años, aceptó elevar el piso a los 14 años para sumar el respaldo del PRO y la UCR, alineando así la legislación con el estándar de la región.
Contexto regional y reinserción social
Con esta reforma, Argentina se suma al grupo de naciones sudamericanas como Chile, Colombia, Paraguay y Perú, que ya mantienen la imputabilidad en los 14 años (en contraste con Brasil y México, donde el límite es de 12 años).
A pesar del endurecimiento en la edad, el nuevo régimen subraya la importancia de las medidas socioeducativas. La ley contempla que el tratamiento de los menores debe priorizar la reinserción social, buscando un equilibrio entre la sanción y la formación del joven para evitar la reincidencia en el futuro.
A través del Decreto 138/2026, el Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.801, marcando un cambio estructural en el sistema de justicia para menores en Argentina.
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