“Listo para copiar y pegar”: inteligencia artificial en la Justicia argentina

“Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”. Esa frase, más propia de una instrucción de inteligencia artificial que de una sentencia judicial, apareció en un fallo penal dictado en Esquel y desencadenó uno de los debates más interesantes que la justicia argentina haya tenido sobre el uso de tecnología en decisiones judiciales.

El episodio podría haber pasado desapercibido como un simple error de edición. Pero no ocurrió así. La Cámara Penal de Esquel interpretó que esa frase sugería que el juez había utilizado una herramienta de inteligencia artificial para redactar la sentencia. Y, a partir de esa sospecha de delegación del razonamiento judicial, adoptó una decisión drástica y de enorme impacto: declaró la nulidad del fallo y ordenó realizar un nuevo juicio. Su enfoque fue preventivo, si no puede verificarse el proceso deliberativo del juez, la sentencia pierde validez.

Ahora bien, la reacción judicial generó un intenso debate. ¿Puede anularse una sentencia penal por la sospecha de que el juez utilizó inteligencia artificial para redactarla?

El caso Payalef , Exp. 101215- Año 2025, llegó al Máximo Tribunal de Justicia del Chubut (STJ), y en fecha 13 de Marzo de 2026, resolvió la cuestión desde una perspectiva distinta. El tribunal no negó que pudiera haberse utilizado una herramienta tecnológica. Tampoco minimizó la importancia de un uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito judicial. Pero introdujo un cambio de enfoque decisivo.

El Superior Tribunal dispuso que el control judicial no debe dirigirse al modo en que el juez elaboró su decisión, sino a la calidad de los fundamentos que expresa en la sentencia. Dicho de otro modo: lo que debe poder revisarse es si la decisión está razonada, si explica adecuadamente sus conclusiones y si respeta las garantías del debido proceso. El camino intelectual que llevó al juez a ese resultado, ya que el método de trabajo, las lecturas que realizó, las herramientas que utilizó, los insumos que consultó o el proceso mental pertenece al ámbito interno de su deliberación. Se controla la fundamentación externa.

Este caso no trata realmente y sólo sobre la IA, sino también sobre tres cuestiones estructurales del derecho procesal: los límites del control judicial, la naturaleza de la deliberación del juez y el papel de la tecnología en la decisión. Mientras la Cámara entendió que debía examinarse el proceso deliberativo para garantizar transparencia, el Superior Tribunal sostuvo lo contrario, la deliberación judicial es reservada y lo único controlable es la fundamentación exteriorizada en la sentencia. Desde esa perspectiva, la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo y no un sustituto del razonamiento judicial.

Aun así, el fallo del STJ deja interrogantes abiertos: ¿qué ocurre si la inteligencia artificial influye realmente en el razonamiento? ¿Cómo asegurar que la decisión sigue siendo del juez? ¿Qué pasa si la tecnología introduce errores o sesgos?

Para el tribunal, trasladar el control hacia esos procesos internos implicaría alterar el objeto mismo de la revisión judicial. En lugar de examinar la decisión, se comenzaría a investigar cómo fue escrita. Es decir, pasaríamos de revisar el contenido de la sentencia, a revisar el proceso mental del juez. Y eso, según el STJ, es incompatible con el derecho procesal. Porque el sistema de nulidades exige algo más fuerte: una violación real de derechos y un perjuicio concreto. No alcanza con una irregularidad formal.

Además, introduce además otra cuestión fundamental, que muchas veces pasa desapercibida fuera del ámbito jurídico: la enorme gravedad que implica declarar la nulidad de una sentencia penal. Anular un fallo penal no es un simple ajuste técnico, ni un detalle formal, es una de las decisiones más graves que puede adoptar un tribunal. Significa retroceder el proceso, dejar sin efecto lo actuado y, en muchos casos, volver a realizar el juicio. Esto supone repetir audiencias, volver a convocar testigos, exponer a víctimas e imputados al desgaste del proceso, afecta la estabilidad de las decisiones judiciales, prolonga la incertidumbre de las partes y extiende el tiempo del proceso judicial.

Por eso, el derecho procesal exige algo más que una irregularidad para declarar la nulidad, debe demostrarse una afectación real a las garantías del proceso. Y en este caso concluyó que no se había probado que la utilización de una herramienta tecnológica hubiera afectado el derecho de defensa , ni la racionalidad de la decisión. Este criterio , conocido como principio de trascendencia, busca evitar que el sistema judicial quede atrapado en un formalismo excesivo que termine debilitando la función misma de la justicia. Y en consecuencia, revocó la nulidad declarada por la Cámara y ordenó que se analicen los agravios presentados en la apelación.

El fallo deja una enseñanza clara en un momento en que la inteligencia artificial comienza a incorporarse a múltiples actividades profesionales, incluida la práctica judicial. La tecnología puede ser una herramienta de apoyo para los jueces, pero la responsabilidad por la decisión sigue siendo exclusivamente humana.

El debate que abre este caso no es si los jueces pueden usar inteligencia artificial, sino qué debe controlar la justicia. El Superior Tribunal de Chubut lo dice con claridad, no importa cómo se escribió una sentencia, sino la solidez de sus fundamentos. Para los jueces, una herramienta; para el control, un límite; y para el ciudadano, la misma expectativa de siempre, decisiones claras, razonadas y comprensibles.