La Justicia ordenó que ARSA compense daños por inundación de una vivienda en El Bolsón

La acumulación de disgustos, exposición a factores contaminantes y pérdida de bienes que sufrió una mujer de El Bolsón cuando su vivienda se inundó de aguas servidas tendrá al menos una compensación económica, según lo resolvió la Justicia, que condenó a la empresa ARSA a pagarle 2,5 millones de pesos por los daños resultantes de un desborde de la red cloacal.

La inundación se produjo el 28 de junio de 2022, cuando se registraron intensas precipitaciones sobre la localidad cordillerana. Un año después, frustrada por los reclamos administrativos sin resultado, la vecina damnificada decidió recurrir a la Justicia en busca de un resarcimiento.

El fallo fue firmado hace pocos días por el juez en lo Contencioso Administrativo de Bariloche Iván Sosa Lukman, luego de que fracasaran los intentos de mediación prejudicial.

La denunciante dijo que el agua de cloacas dentro de su casa alcanzó aquel 28 de junio una altura de 10 centímetros, y documentó lo ocurrido con fotos, videos y testimonios. Incluso declaró en el expediente el operador del camión atmosférico convocado en medio de la emergencia, quien aseguró que el problema no se originó en un taponamiento dentro de la vivienda, sino que provenía de la red exterior.

Durante el juicio, la empresa ARSA sostuvo lo contrario, pero el juez lo descartó por falta de pruebas. La prestadora del Estado provincial también procuró presentar el incidente como un “caso fortuito o de fuerza mayor”. El Código Civil acepta esa figura como eximente de responsabilidad cuando se trata de un evento excepcional, o algo imprevisible, o demostradamente inevitable.

En contra de esa tesis, la sentencia documentó que según informes del Servicio Meteorológico Nacional el día de la inundación llovieron en El Bolsón 33 milímetros y que lejos estuvo de tratarse de una marca única sin antecedentes. Según el SMN ese volumen de precipitación ocupaba el lugar 38 en la serie histórica para el mes de junio.

El ingreso descontrolado del agua de cloacas dentro de la vivienda, ubicada en el barrio Fonavi, no solo arruinó el piso y las paredes. También la mujer declaró daños severos sobre muebles, alfombras, colchones y ropa en general. Dijo que le llevó “varios meses” la limpieza y acondicionamiento de su casa, y también por un lapso similar debió padecer el “olor nauseabundo”.

La prestadora buscó eludir la responsabilidad

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Representada en el juicio por la fiscalía de Estado provincial, ARSA negó los hechos alegados y la autenticidad de las pruebas.

Dijo que las obstrucciones que provocaron el desborde se produjeron dentro del inmueble y sostuvo en su defensa que había prestado colaboración en la limpieza de la casa, además de colocar en la red cloacal una válvula antirretorno, a la altura de ese domicilio, para evitar que se repita el siniestro “y sin que ello implique reconocimiento de responsabilidad”

El juez Sosa Lukman consideró demostrado que “no se trató de un problema interno de la vivienda”, sino que el agua servida “provino de la red exterior, debido a su saturación”.

Dijo que ARSA no había cumplido con sus obligaciones de control, “mantenimiento adecuado en previsión de lluvias” y eventualmente la construcción de obras de “mejoramiento” que le impone el marco regulatorio. Subrayó también que “contaba con los medios técnicos” para evitar lo ocurrido, como lo demuestra la colocación de la válvula.

El juez indicó, tal como lo reconoció la misma empresa, que el área sur de El Bolsón (donde se ubica la vivienda afectada) sufría periódicas inundaciones por saturación en días de lluvia abundante, de modo que no se trató de un hecho imprevisible.

Subrayó que la legislación vigente (entre la cual citó la Convención Americana de Derechos Humanos) le asegura a la víctima “el derecho a una indemnización justa en caso de haber sufrido un daño”.

El fallo dedicó sus últimos puntos a cuantificar el perjuicio y evaluó que el “daño emergente” por la pérdida de bienes fue de 1.534.000 pesos, a los que añadió otro millón de pesos por “daño extrapatrimonial”, es decir por “los padecimientos sufridos como consecuencia del infortunio”.

A esos 2,53 millones deben añadirse los intereses acumulados desde la inundación (ocurrida hace casi tres años) hasta la fecha de pago.