La Justicia investiga los destrozos en el Centro Cívico

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SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Pese a que no hay ninguna persona detenida o imputada por los enormes destrozos ocasionados el martes en el Centro Cívico, la policía impulsó actuaciones prevencionales y el juez Héctor Leguizamón Pondal inició una causa para individualizar a los autores e ideólogos de los daños y la tentativa de incendio del palacio municipal.

En forma paralela, el juez también deberá perseguir e identificar a los causantes de las lesiones que recibió una pareja de turistas durante los disturbios, Julio Fabián Leiva y Guillermina Conti, quienes formularon la denuncia en la comisaría Segunda.

La policía ya le entregó al juez la lista de las personas que ocupaban la carpa negra del Soyem frente a la sede del Ejecutivo municipal, y de las que integraban la comisión de los PER (Planes de Empleo Rionegrinos) y estaban reunidas con los concejales antes de que se iniciaran los disturbios.

El magistrado, por su parte, requerirá las copias de las filmaciones y las fotografías que registraron los incidentes para actuar de oficio y juzgar y condenar a los responsables.

El jefe de la Regional III de Policía, Fernando Geldres, manejó con prudencia a sus hombres durante los desmanes, y no utilizó la fuerza pública pese a que, dos agentes resultaron lesionados y ya había recibido del gobernador la orden de reprimir. Esa circunstancia fue corroborada por el juez Leguizamón Pondal, quien llegó al Centro Cívico para constatar los destrozos, pero además ofició de mediador para descomprimir el conflicto, habló con los funcionarios provinciales para obtener una promesa de pago a los beneficiarios de los planes de empleo, y logró interrumpir la inusitada escalada de violencia.

El juez ordenó detener al conductor de una camioneta que llegaba al Centro Cívico con más cubiertas para quemar, pero el hombre, de apellido Hermosilla, que adujo que lo habían contratado para realizar un flete, ahora deberá identificar a quienes le pagaron. Las cubiertas fueron decomisadas y la camioneta secuestrada en forma preventiva, pero un rato después el juez dispuso la libertad del conductor y la entrega del vehículo.

En medio de los disturbios, los manifestantes golpearon a una pareja de mieleros que quisieron impedir que arrojaran un cartel indicador a las llamas. Al hombre le arrojaron una piedra que le produjo un corte de 8 centímetros en el arco superciliar derecho, y su mujer resultó con escoriaciones. Ayer, los secretarios de Gobierno y Turismo, Roberto Marino y Omar Contreras, les pidieron disculpas y los invitaron a prolongar su estadía por una semana en el hotel Llao Llao, invitación que el flamante matrimonio aceptó.

Más de un centenar de beneficiarios de los planes de empleo continuaban ayer su plan de lucha en el Centro Cívico, mientras otros convocaban a la prensa en el Concejo Municipal. Allí denunciaron que «hay muchas formas de violencia», que el intendente «se burló y fue quien incitó a la violencia», y que no tenían interlocutor y «andamos en un barco sin capitán».

Cuando llegó la noticia de que en Viedma habían depositado el dinero para pagar completo el mes de diciembre la situación se descomprimió, pero algunos exaltados anunciaron que no permitirían que les descuenten el anticipo que ya había pagado el municipio, y amenazaron con repetir los hechos de violencia del martes «y aún peores».

A última hora de ayer el intendente confirmó que solicitó la renuncia a todo su gabinete para reestructurarlo a un esquema de gobierno de emergencia, con reducciones en los cargos a los mínimos indispensables. La medida apunta a reducir gastos y costos.

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Los hechos ocurridos el martes no tuvieron relación estricta con el conflicto que mantienen los obreros y empleados municipales con el municipio, pero los beneficiarios de los PER (Planes de Empleo Rionegrinos) en realidad ya son empleados comunales, pues sin ellos la ciudad no podría funcionar. Y es que de los 630 empleados de planta permanente que tiene el municipio sólo un 15 por ciento está abocado a la prestación de los servicios públicos, y el resto cumple funciones administrativas.

Estos 630 empleados de planta le cuestan al municipio unos 717 mil pesos, es decir casi 1.200 pesos cada uno en promedio, más los aportes patronales correspondientes. A esa suma habría que agregarle el gasto político y los 200 mil pesos por mes que aproximadamente debe pagar la municipalidad por la recolección y disposición de los residuos. Así la cifra se acerca a 1.200.000 pesos mensuales -que Bariloche no puede recaudar- sólo para que se levante la basura y los municipales, funcionarios y concejales cobren sus haberes cada mes.

Tomando en cuenta que el municipio recauda entre 200 y 400 mil pesos mensuales por tasas y unos 400 en concepto de coparticipación, el intendente de turno y sus concejales, en lugar de gobernar, deben ocupar su tiempo en conseguir créditos que aumentarán el pasivo que nadie sabe quién pagará. Hoy en la mayor parte de las dependencias faltan los insumos básicos, los teléfonos están cortados por falta de pago, y los vehículos del municipio no pueden circular por el estado de sus cubiertas.

Hace años que ni los municipales ni los empleados políticos cobran en término, pese a que los últimos ya resignaron un porcentaje importante de sus sueldos en sucesivos descuentos provisorios que se transformaron en permanentes.

Mientras tanto, el municipio no le devuelve a la comunidad en obras y servicios lo que percibe por tasas y coparticipación, y en la ciudad se advierte una progresiva decadencia, con innumerables baches en sus calles, canteros y jardines descuidados, y una señalización vial totalmente degradada. (AB)