La causa penal contra un expresidente de la CEB quedó ahora en manos del Tribunal de Impugnación
La querella busca mantener abierta la causa por presunta defraudación, a pesar del desistimiento del ministerio público fiscal. Hoy presentó sus argumentos ante los jueces que deben resolver y lo mismo hizo el abogado defensor.
Llegó al Tribunal de Impugnación el litigio que enfrenta al expresidente de la CEB, Carlos Aristegui, con la actual conducción. Archivo
La larga batalla que entabló la conducción actual de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) contra el expresidente de la empresa, Carlos Aristegui, por una presunta defraudación ingresó hoy a una nueva instancia con la audiencia convocada por el Tribunal de Impugnación en la que el abogado querellante Ernesto Saavedra expuso sus argumentos para mantener abierta la causa, a pesar del “archivo” dispuesto por la fiscalía.
A su vez, la defensa de Aristegui, ejercida por los letrados Martín Govetto y Tomás Soto, cuestionó el bloqueo del “criterio de oportunidad” para que Aristegui quede desligado del proceso mediante la restitución de los 2.420 dólares, que fueron objeto de la demanda y que ya le remitió a la cooperativa.
Con mandato del Consejo de Administración que hoy encabeza la lista Roja (opositora a la de Aristegui), Saavedra mantiene su empeño en continuar con la acción penal y pidió la “conversión de la acción pública en privada”, que le fue concedida en febrero pasado por el juez Victor Gangarrosa y ratificada luego por el juez de revisión Marcos Burgos. Pero el querellante dijo que esas resoluciones fueron parciales y no le permiten avanzar hacia la formulación de cargos, en la que aspira a ampliar la acusación e incluir nuevos imputados.
La defensa se opuso a su planteo y reivindicó la validez del “criterio de oportunidad” para dar por concluido el caso, con el argumento de que en una audiencia realizada el año pasado tanto la fiscalía como la querella habían aceptado esa vía. Luego Saavedra se desdijo e invocó una resolución del Consejo de Administración que desautorizó el cierre de la demanda con la compensación económica por parte de Aristegui.
La demanda se originó en la contratación de una consultora en 2004, durante la gestión Aristegui, que habría tenido por objeto evaluar sus posibilidades de retener la presidencia de la CEB luego de perder las elecciones.
Cruces políticos y fastidio de Aristegui
El defensor Govetto observó que existe “un interés político” en la insistencia de la querella y entendió que lo ocurrido tiene “gravedad institucional”. El propio Aristegui -cuando los jueces del Tribunal de Impugnación le dieron la palabra-manifestó su desconcierto ante la continuidad del proceso penal, a pesar de que hace varios meses efectuó ya el depósito del dinero reclamado en una cuenta que le indicó la CEB.
“Cumplí lo que se había establecido en una audiencia -dijo el expresidente-. Pero ahora entré un loop del que parece que nunca vamos a salir”. Su defensor también cuestionó en otro punto la “legitimidad” del abogado querellante para pedir la conversión de la acción penal porque no tendría poder del Consejo de Administración de la CEB con ese mandato específico.
Saavedra dijo que “se está limitando la investigación de los hechos” y citó un escrito de la defensa que ampliaba la responsabilidad a otros dos empleados de la CEB y dos miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Refirió que la conducción está dispuesta a devolver el dinero y rechazó el criterio de oportunidad, porque la pretensión del acusado era que ese acuerdo incluya el desistimiento de una demanda civil.
En su momento el fiscal Guillermo Lista dio por cerrado el caso con el acuerdo formalizado para que la Cooperativa recupere el costo de la consultoría objetada y dispuso el archivo, pero Saavedra dijo que “no puede hacerlo con oposición de la querella”.
Por su parte Govetto alegó que está afectado el derecho de defensa, que la formulación de cargos se suspendió porque el pago de los 2.420 dólares “formalizó el acuerdo” y que el abogado querellante había prestado conformidad. Pidió entonces que se revoque la “conversión” de la acción pública en privada (es decir la continuidad de la demanda con impulso de la querella) en aplicación de la “doctrina de los actos propios”.
La audiencia estuvo presidida por el juez Carlos Mussi y ahora el tribunal de impugnación debe resolver si habilita a la CEB a sostener el proceso contra Aristegui con una querella particular o si considera que corresponde cerrar el caso, como espera la defensa.
La larga batalla que entabló la conducción actual de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) contra el expresidente de la empresa, Carlos Aristegui, por una presunta defraudación ingresó hoy a una nueva instancia con la audiencia convocada por el Tribunal de Impugnación en la que el abogado querellante Ernesto Saavedra expuso sus argumentos para mantener abierta la causa, a pesar del “archivo” dispuesto por la fiscalía.
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