Marcha Federal Universitaria: así está la masiva movilización en Plaza de Mayo por el presupuesto educativo

La cuarta Marcha Federal Universitaria se lleva a cabo este martes 12 de mayo en todo el país, con el objetivo de exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente y no docente.

El acto central será en Plaza de Mayo a las 17, en donde las distintas organizaciones se empezaron a acercar desde el mediodía desde diversos puntos del AMBA. Debido a esta jornada de protesta, se prevén clases suspendidas y paros totales en todas de las universidades nacionales durante este martes.

La convocatoria a esta movilización partió de diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes, incluyendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) las cuales denuncian la situación crítica que atraviesan las distintas universidades públicas provocada por el desfinanciamiento impartido por la gestión del presidente Javier Milei, desde diciembre de 2023.

Esta  4º Marcha Universitaria busca visibilizar también los bajos sueldos en el sector, por lo que también exigen la recomposición de salarios docentes y no docentes, afectados por la inflación con haberes percibidos por debajo de la canasta básica. Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026.

Para los grupos convocantes, esta crisis presupuestaria, que converge en el desfinanciamiento que atraviesa el área educativa, «pone en riesgo el funcionamiento» de todas las universidades nacionales.

A todo esto, se suman los reclamos por la falta de acatamiento de la administración de Javier Milei no solo a las leyes aprobadas en el Congreso, sino también a los fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de las normas sancionadas.

Rectores de diferentes universidades, junto a organizaciones docentes y estudiantes, cerrarán la cuarta Marcha Federal Universitaria con un acto, donde la Federación Universitaria Argentina (FUA) será la encargada de leer el documento en el que exigirán la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento.

Según confirmaron fuentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a la Agencia Noticias Argentinas estarán presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

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Cómo es la disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario

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Mientras docentes, estudiantes y autoridades exigen en las calles de todo el país el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en los tribunales se libra una batalla silenciosa que definirá si el Gobierno de Javier Milei debe o no enviar las partidas millonarias adeudadas.

El conflicto tiene su origen en la insistencia del Congreso. La norma, sancionada inicialmente en 2024 y vetada por el Ejecutivo, volvió a aprobarse al año siguiente.

Pese a un nuevo veto presidencial, esta vez el bloque de La Libertad Avanza no logró reunir el tercio necesario para blindar el rechazo. Ante la decisión oficial de limitar los artículos centrales de la ley en el Presupuesto 2026, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó una medida cautelar que hoy mantiene en vilo la transferencia de recursos.

Actualmente, la aplicación de la Ley de Financiamiento permanece suspendida, liberando al Poder Ejecutivo —por el momento— de la obligación de realizar las erogaciones.

El escenario judicial presenta dos instancias bien definidas y simultáneas, según definió Infobae:

• La vía de la Corte Suprema: la semana pasada ingresó al máximo tribunal un Recurso Extraordinario Federal (REF) impulsado por el Gobierno. El argumento oficial es que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley provocaría un «grave e irreparable perjuicio al Estado», al ordenar gastos sin financiamiento específico que comprometerían el equilibrio fiscal.
• La vía de la Cámara: En paralelo, la Cámara Contencioso Administrativa Federal analiza un «incidente de ejecución de sentencia» promovido por el CIN. Los rectores sostienen que el fallo de segunda instancia (que les fue favorable) habilita a que no se suspenda la transferencia de fondos mientras la Corte decide. Si la Cámara convalida este recurso, el Gobierno deberá empezar a girar el dinero de inmediato.

El desenlace del episodio depende exclusivamente de los ministros de la Corte Suprema. Sin embargo, en la Casa Rosada celebran la dilación. «Cada día que gana el Gobierno en este tema es oro», reconocieron fuentes cercanas al Ejecutivo a Infobae.

La lectura que hacen los estrategas judiciales del oficialismo es que el máximo tribunal podría aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, una herramienta que le permite rechazar el recurso del Gobierno sin necesidad de dar mayores justificaciones, dejando firme el fallo de segunda instancia a favor de las universidades, el mismo instrumento utilizado recientemente en la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad.

No obstante, en el Palacio de Tribunales no hay prisa. Con más de 60.000 causas en espera, la Corte puede tomarse semanas, meses o años. «La urgencia es relativa. Hay casos de personas que pueden morirse con la demora de un fallo, por lo cual no todo indica que con las universidades se vaya a fallar en el corto plazo«, confió una fuente judicial al medio ya citado.

Para algunos especialistas, la jugada del CIN de exigir la ejecución inmediata de los fondos es arriesgada. En los pasillos judiciales la comparan con la táctica de Tabacalera Sarandí, que logró eludir el pago de impuestos momentáneamente, pero terminó perdiendo la batalla de fondo con el paso del tiempo.

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El Gobierno recortó fondos en Educación previo a la Marcha Federal Universitaria

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Mientras la Justicia decide los tiempos, el Gobierno nacional movió sus fichas económicas. En las últimas horas, a través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo formalizó un recorte de $78.768 millones que impacta de lleno en el Plan Nacional de Alfabetización, becas e infraestructura universitaria.

Sin embargo, el dato macroeconómico es aún más llamativo. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el ajuste transversal a casi todos los ministerios representó una disminución del gasto total de $ 2,43 billones.

Este número generó fuertes suspicacias: la cifra es sospechosamente similar a los $ 2,5 billones que, según había dejado trascender la Casa Rosada semanas atrás, costaría ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario.