Catástrofe en educación y salud
No existe futuro posible si se condena a las nuevas generaciones a vivir y a estudiar en condiciones precarias. El colapso confirma que no hay sensibilidad con los más vulnerados.
Hay decisiones políticas que afectan la vida cotidiana de nuestro pueblo: una madre que no consigue una vacuna para su hijo, el remedio que ya no se entrega, un jubilado que suspende un tratamiento, una beca educativa que cayó, o el estudio que se abandona. Las políticas de destrucción que impulsa el gobierno de Javier Milei sobre la salud y la educación tienen y tendrán consecuencias concretas en Río Negro y en el país. El gobierno central se desresponsabiliza de su sostenimiento, las transfiere de hecho a las jurisdicciones sin financiamiento, en un contexto de baja de coparticipación, y de ingresos provinciales, frente al aumento de necesidades sociosanitarias y socioeducativas, que afectan al conjunto de la ciudadanía.
En salud pública el panorama es alarmante. La escasez de vacunas afecta especialmente a los grupos de riesgo: adultos mayores, embarazadas, niñas, niños. En temporada de gripe, miles de personas no pudieron completar su esquema. Cada retraso se refleja en una ocupación hospitalaria que crece y en enfermedades prevenibles que vuelven a circular. Quebraron la tendencia descendente de la mortalidad infantil en Argentina, el mayor aumento desde el año 2002, pasando de 8,0 por mil nacidos en 2023, a 8,5 por mil en 2024.
En Río Negro pasamos de 6,1 por mil en 2023 a 7,5 en 2024. La mortalidad materna también se incrementó de 3,2 a 4,4. Preocupa profundamente el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. El Programa Remediar abasteció durante 24 años a más de 8.000 centros de salud, con medicamentos para el 90% de las patologías del primer nivel de atención. Pasamos de un vademécum de 79 presentaciones farmacológicas a apenas tres. Veinte millones de argentinos pierden así el acceso a tratamientos para diabetes, hipertensión, asma, EPOC e infecciones respiratorias.
El recorte se completa con: 20.000 millones de pesos menos en Acceso a Medicamentos e Insumos, 25.000 millones menos para el Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales y reducciones en investigación y tratamiento del cáncer, prevención de enfermedades endémicas y respuesta al VIH. El PAMI, atraviesa una crisis profunda y la deuda con el sistema rionegrino supera los 350 millones de pesos. Las restricciones en prestaciones, las demoras en los pagos y la suspensión de consultas y prácticas médicas afectan a más de 100.000 afiliados rionegrinos.
En el pedido de informes que realicé ante el Congreso Nacional, el propio gobierno reconoció 13.027 quejas registradas en la provincia desde diciembre de 2023, principalmente en Cipolletti, Bariloche y Villa Regina. Contestan con evasivas lo que se debería responder con políticas. Muchos jubilados y jubiladas deben elegir entre pagar de su bolsillo o resignar controles médicos fundamentales mientras nuestro sistema público provincial absorbe una demanda cada vez mayor.
En educación el quiebre es similar. Un reciente decreto de Milei y Adorni recorta el Plan Nacional de Alfabetización en más de 35 mil millones de pesos, el Fondo de Compensación Salarial Docente perdió casi 9 mil millones y se recortaron más de 21 mil millones destinados a infraestructura y equipamiento escolar.
Mientras las provincias destinan el 90% de sus presupuestos educativos al pago de salarios docentes, el Gobierno nacional decidió retirarse de su responsabilidad de financiar infraestructura, equipamiento y programas educativos. A eso se suma el abandono de la Educación Técnico Profesional. Con la derogación del financiamiento garantizado por la Ley 26.058, el Estado nacional deja de asegurar recursos para las escuelas técnicas, en un ataque directo a la formación de trabajadores calificados y al futuro productivo del país. Las becas Progresar fueron congeladas y en la Universidad Nacional de Río Negro pasamos de 2.455 estudiantes becados en 2023 a apenas 684 en 2025. Detrás de esos números hay jóvenes que no pueden sostener una carrera. El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, votada dos veces por el Congreso, pone a las universidades en crisis por congelamiento presupuestario.
Hay silencio frente a la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Crecen los problemas vinculados a consumos problemáticos y las situaciones de violencia en nuestras escuelas, y el Gobierno nacional responde sin presupuesto y sin políticas integrales de prevención y atención.
No existe futuro posible si se condena a las nuevas generaciones a vivir y a estudiar en condiciones precarias. El colapso confirma, una vez más, que no hay sensibilidad con los más vulnerados. Defender la salud y la educación es defender derechos básicos y condiciones mínimas de igualdad en un país, pero también es proyectarlo con desarrollo humano para el conocimiento, el trabajo, el desarrollo y el crecimiento.
Cuando se desfinancian centros de salud, hospitales, escuelas y universidades, no se elimina un gasto: se condena al sufrimiento y se hipoteca un futuro mejor. Tenemos que enfrentar estas políticas que nos llevan a la catástrofe y prepararnos para revertir este colapso con un proyecto de país federal, con nuevos provincialismos con proyecto nacional.
* Diputado Nacional, Unión por la Patria.
Hay decisiones políticas que afectan la vida cotidiana de nuestro pueblo: una madre que no consigue una vacuna para su hijo, el remedio que ya no se entrega, un jubilado que suspende un tratamiento, una beca educativa que cayó, o el estudio que se abandona. Las políticas de destrucción que impulsa el gobierno de Javier Milei sobre la salud y la educación tienen y tendrán consecuencias concretas en Río Negro y en el país. El gobierno central se desresponsabiliza de su sostenimiento, las transfiere de hecho a las jurisdicciones sin financiamiento, en un contexto de baja de coparticipación, y de ingresos provinciales, frente al aumento de necesidades sociosanitarias y socioeducativas, que afectan al conjunto de la ciudadanía.
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