Polémica con un consorcio de China importará una ciudad modular en San Juan para un proyecto minero
Empresarios industriales advierten que la firma asiática opera con capital estatal y subsidios en su país de origen, y que a esto se suman las exenciones impositivas que le da el Estado argentino a través de la Ley de Inversiones Mineras y el RIGI. “Si la empresa argentina hubiera tenido el mismo beneficio de exención de impuestos, hubiera presentado una oferta incluso más económica”, reportaron.
Foto: Gentileza.
El proyecto minero Vicuña, impulsado por las firmas Lundin Mining y BHP en la provincia de San Juan, avanza con la adjudicación de su infraestructura habitacional. Se trata del emprendimiento cuprífero más relevante de la historia argentina, que contempla una inversión de 18.000 millones de dólares hasta 2040 y busca exportar 400.000 toneladas anuales de cobre. Para la primera etapa de construcción en el área Josemaría, se otorgó el desarrollo del campamento Batidero a un consorcio liderado por la empresa PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A.
El contrato implica la importación directa desde el país asiático de una ciudad modular diseñada para albergar a los operarios. El modelo consiste en casas contenedor prefabricadas con estructura de acero, las cuales llegan listas para su uso, equipadas con mobiliario y electrodomésticos, y se ensamblan apiladas en la alta montaña.
La obra prevé una instalación inicial de 2.500 camas, aunque la dinámica de trabajo rotativo elevará la demanda a un rango de entre 3.500 y 5.000 personas en el corto plazo. A medida que el emprendimiento avance hacia el depósito Filo del Sol, la capacidad requerida escalará hasta los 12.000 trabajadores, obligando a ampliar el complejo habitacional a 6.000 plazas.
En términos económicos, el consorcio asiático cotizó la ejecución de la obra en 52 millones de dólares, desplazando a la oferta de 70 millones presentada por la empresa nacional Modular Homes. Esta diferencia de 18 millones representa el 0,01% de la inversión total del desarrollo minero.
La brecha de costos ubica el metro cuadrado de los módulos chinos puestos en el sitio en 1.900 dólares, frente a los 2.500 dólares de la opción argentina.
Polémica en la industria por la importación de una ciudad modular
La decisión de importar esta ciudad prefabricada generó un fuerte rechazo en los sectores industriales nacionales, quienes advierten sobre las consecuencias directas en el tejido productivo. El principal punto de conflicto es la pérdida de puestos de trabajo y la relegación de la cadena de proveedores locales.
En contacto con Infobae, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, Juan Pablo Rudoni, remarcó que, según los cálculos del sector, la fabricación de estos módulos en el país habría demandado la creación de al menos 400 empleos directos. Por el contrario, la logística y el montaje de la infraestructura importada requiere únicamente de 50 personas, dejando fuera del circuito a unas cincuenta empresas proveedoras nacionales.
A la caída en la generación de empleo, se suma el reclamo por las condiciones de competencia tributaria. Rudoni apuntó que la firma asiática opera con capital estatal y subsidios en su país de origen. A esto, se suma que el Estado argentino le otorga exenciones impositivas mediante la Ley de Inversiones Mineras y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), beneficios que reducen sus costos finales hasta un 30%.
“Si la empresa argentina hubiera tenido el mismo beneficio de exención de impuestos, hubiera presentado una oferta incluso más económica”, dijo el dirigente. Según sus calculos, fabricar las unidades en el país asiático ronda los 500 dólares más 200 de flete internacional, mientras que la producción local exige una base de 1.300 dólares.
Las agrupaciones empresariales también cuestionaron los argumentos sobre una presunta falta de capacidad de respuesta nacional y plantearon dudas sobre la calidad técnica de los materiales importados.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular señalaron que la industria local sostiene que cuenta con más de cien empresas especializadas y antecedentes recientes de gran envergadura, como la construcción de campamentos para 1.600 personas en el sector energético y el montaje de once hospitales modulares en cuarenta días durante la pandemia.
Al mismo tiempo, advierten que las casas contenedor chinas podrían no igualar a los productos nacionales en aspectos centrales, como la adaptación a las normas antisísmicas y a la extrema amplitud térmica de la cordillera sanjuanina.
Frente a esta situación, empresarios argentinos solicitaron la conformación de una mesa de diálogo con las empresas mineras operadoras. Los referentes industriales insisten en la necesidad de revisar los criterios de adjudicación para que no se pondere únicamente el precio inicial del pliego.
Los empresarios nucleados en la Cámara Argentina de la Construcción Modular, CACMI, CAPRIMSA y CAPMIN afirman que la lógica de importar soluciones llave en mano debilita la infraestructura productiva del país a largo plazo y anula el efecto multiplicador sobre la economía que las grandes inversiones extranjeras deberían asegurar.
El proyecto minero Vicuña, impulsado por las firmas Lundin Mining y BHP en la provincia de San Juan, avanza con la adjudicación de su infraestructura habitacional. Se trata del emprendimiento cuprífero más relevante de la historia argentina, que contempla una inversión de 18.000 millones de dólares hasta 2040 y busca exportar 400.000 toneladas anuales de cobre. Para la primera etapa de construcción en el área Josemaría, se otorgó el desarrollo del campamento Batidero a un consorcio liderado por la empresa PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A.
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