«Respaldada por EE.UU.»: la empresa que perdió la Hidrovía pidió una nueva licitación y ofreció una tarifa más barata

La disputa por el control de la Hidrovía sumó un nuevo capítulo de tensión. Si bien Jan De Nul ya quedó preadjudicada para las obras de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), la empresa DEME decidió no darse por vencida y elevó un reclamo formal al Gobierno nacional para exigir que se reinicie el proceso licitatorio bajo nuevas condiciones.

A través de una carta, el representante y gerente general de DEME NV, Steven Bouckaert, se dirigió directamente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y apuntó contra los pliegos actuales, según precisaron Infobae y La Nación.

El foco del conflicto radica en el piso tarifario impuesto por la licitación, el cual, según la compañía, impidió que pudieran presentar una tarifa más conveniente para el Estado.

«El objetivo de toda licitación pública es obtener la oferta más conveniente, lo que incluye los precios más competitivos para la economía de un país. Lamentablemente, las reglas de la licitación de la VNT no nos permitieron presentar nuestra tarifa más competitiva debido al piso tarifario impuesto«, señala la misiva enviada al titular del Palacio de Hacienda.

En esa misma línea, la empresa argumentó que esta base «incrementa de manera artificial e innecesaria los costos operativos para los usuarios de la VNT argentinos y estadounidenses, así como para el estratégico complejo agroexportador argentino».

Además, advirtieron sobre la rentabilidad ajena: «No puede justificarse cobrar de más a la economía y a la población argentinas permitiendo que empresas privadas obtengan márgenes de ganancia por encima de los que resultan ajustados al mercado».

Frente a este escenario de disconformidad, DEME propuso directamente «una nueva licitación bajo condiciones económicas más convenientes para el interés público argentino que las previstas en la actual licitación de la VNT». Según detalló la firma, las nuevas condiciones incluyen un descuento del 17,4% respecto de la base impuesta, lo que derivaría en la aplicación de una tarifa máxima de 4,77 dólares y «la eliminación del piso tarifario impuesto» de 5,78 dólares.

Los cálculos proyectados por la compañía aseguran que esta modificación podría traducirse en «un ahorro nominal de, al menos, 2,5 mil millones de dólares para los usuarios de la VNT a lo largo del plazo concesional de 25 años». También resaltaron que, sumando su propuesta a las reducciones ya estimadas por las autoridades oficiales, «las tareas de dragado y balizamiento de la VNT le costarían a la economía argentina aproximadamente un 30% menos que en la situación actual».

Por el contrario, la carta explica que de avanzarse con el esquema de precios de la licitación en curso, «los usuarios de la VNT estarían pagando un 21% por encima del precio justo de mercado por los servicios de dragado y balizamiento».

Por último, la empresa anticipó que se encuentra en la etapa final de los preparativos para presentar una iniciativa privada, incluyendo toda la información pertinente «a fin de demostrar la viabilidad técnica y económica de las condiciones aquí descriptas».

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Sigue la novela geopolítica por la Hidrovía

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Una de las principales estrategias de DEME para revertir la preadjudicación es exhibir un fuerte respaldo gubernamental. La carta enviada a Caputo no solo lleva la firma de Bouckaert, sino que está avalada por altos ejecutivos norteamericanos, como Chris Gunsten, vicepresidente de Great Lakes Dredge & Dock Company; John D’Agostini, de Clear Street; y Neil Brown, del fondo KKR.

Si bien estas corporaciones no se presentaron formalmente a la licitación, impulsan una activa campaña asegurando un compromiso de apoyo financiero y operativo total. La misiva subraya que «este proyecto es de gran importancia para la competitividad y el clima de inversión de la Argentina, así como para los intereses comerciales y estratégicos de Estados Unidos».

Finalmente, los directivos apelaron a la sintonía política y económica con la administración actual. En el cierre del documento, sostuvieron que «una adjudicación exitosa a inversores líderes con base en Estados Unidos constituiría una sólida validación de mercado del programa de reformas del presidente Milei y fortalecería aún más la relación bilateral», en referencia al vínculo de la administración libertaria con Donald Trump.

Antes de la apertura de sobres con las ofertas de Dredging Environmental & Marine Engineering NV (DEME) y un grupo liderado por Jan de Nul NV, una importante empresa de dragado de Estados Unidos había criticado las condiciones del proceso licitatorio impulsado por el gobierno de Javier Milei, alegando que las exigencias beneficiaban de forma clara a un consorcio con vínculos históricos con China.

Se trata de la firma Great Lakes Dredge & Dock Co., con sede en Houston y considerada el mayor proveedor de servicios de dragado de EE.UU., que se asoció al consorcio de DEME y denunció que existía una desigualdad de condiciones en los requisitos contractuales.

Las críticas más severas apuntaron al diseño técnico de la subasta. «La licitación se ha diseñado a medida del adjudicatario actual», sentenció Chris Gunsten, vicepresidente sénior de servicios de proyectos de Great Lakes, según reveló Bloomberg. También planteó abiertamente sus sospechas al preguntarse si el proceso «ya está todo amañado».

El líder de la compañía norteamericana objetó principalmente dos requisitos excluyentes del pliego licitatorio.

Ya en aquella ocasión habían cuestionado la estipulación de un piso tarifario. Gunsten aseguró que, en sus 34 años en el sector, nunca vio una condición similar, ya que «el propietario suele querer el precio más bajo con el nivel adecuado de calidad».

Sin embargo, principalmente apuntaron contra la exigencia de la concesión en que la empresa postulante deba registrar haber dragado previamente 250 kilómetros de río de forma continua, una hazaña logística poco común, pero que Jan de Nul ya cumplía con los requisitos: precisamente, gracias a su extensa concesión de 25 años en el propio río Paraná.

Asimismo, sumaron que las bases establecen que cualquier empresa que busque oponerse a un requisito deberá depositar una «fianza de objeción» por 10 millones de dólares, monto que el Estado argentino podrá retener si las autoridades rechazan dicho planteo.

Por último, y si bien Javier Milei habían decidido no abrir la licitación a entidades estatales con el fin de excluir directamente a empresas de China,  asesores de DEME y Great Lakes advirtieron que Servimagnus SA -la empresa argentina socia de Jan de Nu– ha trabajado en el pasado con la firma estatal china CCCC Shanghai Dredging Co.

Si bien oficialmente ninguna empresa china figuraba en la oferta pendiente, Steve Bovo, consultor de Corcoran Partners que asesora al consorcio de DEME, criticó duramente la inacción del gigante asiático: «Los chinos están compitiendo en todo el mundo y no tienen objeciones a lo que está pasando aquí en Argentina […] Empiezas a ver que es casi como un juego de trileros».

Servimagnus reconoció en un comunicado su labor previa con la empresa asiática, pero aclaró de forma tajante que no tienen «ninguna relación comercial ni contractual con ninguna empresa china ni con el gobierno».

En su momento, Iñaki Arreseygor, director de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, se refririó a la polémica, defendió la transparencia del proceso yrespaldó la exigencia del precio mínimo basándose en directrices de la ONU (UNCTAD) para evitar prácticas de dumping: «Lamentablemente, no nos sorprenden este tipo de acciones que solo buscan boicotear un procedimiento sin precedentes en la historia de este contrato».