Una comunidad mapuche con orden de desalojo recibió la personería jurídica del gobierno de Neuquén

El gobierno de Neuquén aprobó la personería jurídica de la comunidad mapuche Melo, una de las dos que están ubicadas en el predio cuya propiedad derivó en un operativo de desalojo el mes pasado en la zona de El Pedregoso, en el tramo de la Ruta 40 que conecta a Villa La Angostura y Bariloche.

La decisión de Ejecutivo provincial se da en un escenario de alta tensión por la disputa de un campo de más de 600 hectáreas que una privada, identificada como María Cristina Broers, denunció como usurpado hace casi 15 años.

La Justicia falló a favor de la mujer en primera y segunda instancia, reconociendo la propiedad sobre las tierras. El conflicto llegó incluso hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que en 2024 también dejó firme la sentencia que ordenaba la restitución del lugar.

Un desalojo «frustrado» en la Ruta 40

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El lote en discusión se encuentra en una zona de bosques lindante con la ruta nacional y el lago Nahuel Huapi, sobre el cual tiene una importante línea de ribera.

Allí se encontraban hasta agosto las comunidades Melo y Quintriqueo. La segunda fue desalojada por la Policía provincial el 19 de agosto último en un procedimiento que no necesitó el uso de la fuerza, mientras que la primera, ubicada en un sector de montaña, impidió la continuidad del operativo permaneciendo en el lugar.

El proceso fue momentáneamente suspendido por el juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, quien consideró «frustrado» el despliegue y aclaró que, para retomarlo, se debía presentar una nueva orden de mandamiento, lo que ocurrió la semana pasada.

Los argumentos del Gobierno para entregar la personería jurídica

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Según se indica en el decreto 1402/25, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Gobierno Jorge Tobares, la comunidad Melo cumplió con los requisitos establecidos por la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación y el convenio suscripto entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la provincia.

El Ejecutivo provincial aseguró que durante el camino al reconocimiento de la personería tuvieron intervención diversas áreas del ministerio de Gobierno, sin que ninguna de ellas encontrara objeción alguna para paralizar el trámite.

La resolución también aprobó el estatuto comunitario de la comunidad de acuerdo a lo que previamente se revisó por parte de las dependencias involucradas.

Qué dijeron los abogados

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Virgilio Sánchez, el abogado de la parte mapuche, adelantó el fin de semana que este lunes iba a solicitar la suspensión de la nueva manda de desalojo, ya que la entrega de la personería jurídica configuraba «un nuevo hecho» para el expediente.

El letrado había hecho una presentación similar a fines del mes pasado cuando solicitó la nulidad del proceso y propuso iniciar un arbitraje para acercar a las partes.

Guillermo Hensel, representante legal de los demandantes, descartó que el reconocimiento del Gobierno imposibilite la continuidad del desalojo. «La personería no suspende la ejecución, sigue vigente la manda del juez«, dijo.

La personería jurídica, según se indica en la normativa vigente, reconoce a las comunidades como sujeto de derecho ante el Estado provincial y nacional. Además, permite iniciar los procesos de relevamiento territorial y de consulta previa, establecido legalmente en Neuquén desde 2023.