Descartaron en Bariloche el jurado popular para el caso del policía Lamadrid, acusado de homicidio agravado
La acusación es sostenida solo por la querella particular, porque para la fiscalía no hubo delito. Aunque la pena requerida es de prisión perpetua, para el juez del paso no corresponde el juicio por jurados y deben intervenir jueces profesionales.
Néstor Lamadrid, el policía acusado.
El proceso penal por homicidio agravado contra el oficial de policía Néstor Lamadrid desembocará en un juicio oral con un tribunal “colegiado” de tres jueces, sin intervención de un jurado popular, según lo resuelto por el juez Marcos Burgos, quien validó además que la acusación continúe bajo el impulso autonómo y exclusivo de los abogados querellantes, sin la participación del ministerio público fiscal.
Justamente esa singularidad era el principal interrogante que el juez se había planteado y por eso pidió plazo para evaluar y decidir, ya que no existen antecedentes de un juicio por jurados que se lleve adelante sin fiscales y solo con la participación de la querella.
Los abogados querellantes Martín Palumbo y Milton Díaz plantearon en el control de acusación que el delito investigado tenía un carácter gravísimo y la pretensión punitiva que adelantaron era la de una condena a prisión perpetua. En esas situaciones el código procesal vigente obliga a convocar a un jurado popular, pero el juez Burgos señaló en su sentencia del último viernes que esa regla sobre la composición del tribunal rige “según la pena pretendida por el fiscal”, con independencia de lo sostenido por la qurella particular.
Lamadrid llega a juicio acusado del crimen cometido el 11 de agosto de 2024 en un predio ubicado sobre el callejón Inalef, en Mallín Ahogado, cuando se presentó con una orden judicial para detener a Emanuel Mol Villa. Ante el requerimiento el joven emprendió la huida y Lamadrid salió en su persecución, Según la descripción del hecho contenida en el expediente, Juan Carlos Villa (el padre de Emanuel) portaba un cuchillo e intentó impedir la detención. Acto seguido el policía le disparó a corta distancia con su arma reglamentaria y le causó la muerte. Emanuel Mol estaba en el piso y se incorporó “para enfrentarlo”, tras lo cual también fue baleado y sufrió heridas graves, que pusieron en riesgo su vida.
La acusación sostentida ahora en soledad por la querella le atribuye al policía el delito de homicidio y lesiones graves, en concurso real, doblemente calificados por haber sido cometidos con arma de fuego y en abuso de sus funciones como miembro de las fuerzas policiales. Dada la pena prevista, los abogados querellantes impulsaron el juicio por jurados.
El abogado defensor, Damián Torres, sostiene que Lamadrid actuó regido por el deber y en legítima defensa. Subrayó que la fiscalía llegó a la misma conclusión y por eso se retiró del caso. Pero el juez Burgos rechazó el pedido de sobreseimiento. Torres ya presentó un recurso de impugnación, cuya viabilidad fue aceptada por el juez y ahora deberá resolver otro tribunal
En su resolución Burgos dijo que la posición “desincriminatoria” del ministerio público fiscal no era suficiente para dictar el sobreseimiento de Lamadrid. Sostuvo que la expresión “portando un cuchillo” (que describe el rol asumido por la víctima mortal) “no permite establecer” que haya representado una amenaza para el policía y tampoco que haya existido “agresión inminente” que justificara la reacción a tiros.
La querella en la formulación de cargos sostuvo un criterio similar, se opuso a validar la legítima defensa y dijo que “la forma en que Villa portaba el cuchillo, el sentido de su acercamiento y su conducta, debían establecerse en el juicio”. Hace ya varios meses la fiscalía había impulsado el sobreseimiento y hubo una resolución afirmativa del juez de garantías Marcelo Álvarez Melinger, que luego fue anulada en revisión, a instancias de la querella.
Sobre el juicio por jurados Burgos dijo que el acuerdo de la defensa y de la querella para propiciar ese formato no lo obligaba y agregó que el código procesal penal determina la integración del tribunal “según la pena pretendida por el fiscal”. Agregó que “la gravedad abstracta del delito y la conformidad de las partes no sustituyen ese presupuesto”.
Dijo que la conversión de la acción de pública en privada habilita a la querella a mantener la titularidad de la acusación, “pero no la transforma en el Ministerio Público Fiscal ni le transfiere automáticamente sus atribuciones”, de modo que la prisión perpetua requerida exclusivamente por la acusación particular “no satisface el presupuesto específico”, para llevar al acusado frente a un tribunal popular.
Para el juez Burgos esa imposibilidad se deriva de la ausencia de pretensión fiscal. “Ante la falta de una previsión expresa para esta situación -concluyó-, la interpretación sistemática conduce a la intervención de tres jueces profesionales”, Dijo que era la forma de resguardar la garantía de juez natural.
Una discusión judicial que está lejos de quedar saldada
El defensor Torres recurrió lo resuelto por Burgos y espera que su planteo sea resuelto por el Tribunal de Impugnación, o bien por un juez revisor, lo cual torna improbable que el caso llegue a juicio en lo inmediato. Uno de los querellantes, Martín Palumbo, también confirmó que va a recurrir el fallo de Burgos e insistirá en la realización de un juicio por jurados.
Torres cuestionó en su escrito la decisión de rechazar el sobreseimiento de Lamadrid por el “abandono” de la querella, dada la inactividad de esa parte, que se prolongó por más de 30 días, y también por el desconocimiento de la “plataforma fáctica”, según la cual el policía actuó en cumplimieneto de su deber y en ejercicio de la legítima defensa.
También impugnó lo resuelto en relación al tribunal de juicio, porque a su entender hay una violación de la garantía de juez natural, ya que según el código ante la pretensión fiscal de una pena superior a los 12 años de prisión se debe constituir un jurado popular.
Consultado por este medio Torres dijo que Burgos “se toma de la literalidad” para señalar que si lo pide la querella y no el fiscal la obligación no rige, pero “el foco no es quién lo pide, sino cuántos años pide”. Admitió de todos modos que el juicio por jurados en estos casos es una rareza absoluta, porque “no está contemplado para una querella autónoma”.
La rareza se complementa con la admisión de la fiscal jefe Betiana Cendón como testigo en el eventual juicio, según lo pidió la defensa durante el control de acusación. En esa audiencia las partes acordaron con el juez Burgos el listado de testigos que tiene 23 nombres y que incluye a Cendón en el lugar 17.
Torres objetó lo decidido por Burgos y su expectativa es que un tribunal superior le dé la razón. Dijo que “es muy evidente” que no se puede interpretar el Código como lo hizo el juez. A su entender, “esto que hizo es conradictorio, es un híbrido muy dudoso”.
El proceso penal por homicidio agravado contra el oficial de policía Néstor Lamadrid desembocará en un juicio oral con un tribunal “colegiado” de tres jueces, sin intervención de un jurado popular, según lo resuelto por el juez Marcos Burgos, quien validó además que la acusación continúe bajo el impulso autonómo y exclusivo de los abogados querellantes, sin la participación del ministerio público fiscal.
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