Es concejal, votó una ordenanza para quedarse con un terreno fiscal y la imputaron en Neuquén
Se trata de Mónica Beatriz Barrera que integra el Concejo Deliberante de San Patricio del Chañar. Se la acusó por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en calidad de autora. Además, el juez fijó un plazo de cuatro meses para llevar adelante la investigación penal preparatoria.
Es concejal, votó una ordenanza para quedarse con un terreno fiscal y la imputaron en Neuquén
La Justicia neuquina formuló cargos contra una concejal de esta localidad acusada de haber impulsado y votado una ordenanza municipal para adjudicarse a sí misma un terreno fiscal. En la misma audiencia, el magistrado interviniente rechazó, por el momento, imputar a la viceintendenta y titular del Concejo Deliberante por falta de certeza sobre la intencionalidad de su accionar.
La resolución fue adoptada hoy por el juez de garantías Luciano Hermosilla, tras hacer lugar al planteo presentado por el fiscal del caso Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat, en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF), pedido al que también adhirió la querella de la Fiscalía de Estado.
Las imputaciones y el fallo
La edil Mónica Beatriz Barrera quedó formalmente imputada por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en calidad de autora (artículos 265 y 45 del Código Penal). Además, el juez fijó un plazo de cuatro meses para llevar adelante la investigación penal preparatoria.
Por otro lado, la fiscalía había solicitado imputar también a la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marta Verónica González, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 45 del Código Penal), al reprocharle haber omitido los controles correspondientes durante el trámite legislativo. Sin embargo, el juez Hermosilla desestimó esa acusación por el momento al considerar que existen dudas sobre el dolo en su conducta.
Cómo fue la maniobra, según la fiscalía
De acuerdo con la teoría del caso expuesta por el MPF, los hechos comenzaron el 25 de noviembre de 2024, cuando Barrera, ya en funciones como concejal, solicitó al Poder Ejecutivo Municipal la derogación de una norma de 1996 y la adjudicación en venta a su favor del Lote 10 de la Chacra 28 (Picada 9).
El expediente avanzó meses después con una serie de irregularidades administrativas y legislativas detalladas por la fiscalía
El 24 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Institucionales —con la participación de la propia Barrera— emitió dictamen favorable al proyecto sin contar con un informe legal formal previo.
Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N° 13, la concejal no se abstuvo ni fue apartada del debate; por el contrario, tomó la palabra para defender la iniciativa y votó a favor de su propia adjudicación.
El proyecto se aprobó por mayoría simple (3 votos a favor y 2 en contra), dando origen a la Ordenanza N° 1497/25, promulgada con la firma de González. Según los fiscales, la Carta Orgánica Municipal exige una mayoría calificada de dos tercios (5 votos) y un llamado a licitación pública o remate para enajenar tierras fiscales.
Finalmente, los representantes del MPF remarcaron que el dictamen legal por escrito recién fue incorporado al expediente minutos después de que finalizara la sesión en la que se aprobó el cambio de titularidad del inmueble.
La Justicia neuquina formuló cargos contra una concejal de esta localidad acusada de haber impulsado y votado una ordenanza municipal para adjudicarse a sí misma un terreno fiscal. En la misma audiencia, el magistrado interviniente rechazó, por el momento, imputar a la viceintendenta y titular del Concejo Deliberante por falta de certeza sobre la intencionalidad de su accionar.
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