Ajuste con anestesia
A su manera tiene razón el economista estadounidense actualmente más célebre, Paul Krugman, cuando afirma que en ciertas circunstancias “la inflación no es el problema, es la solución”. Lo es porque, como dijo al aludir a la crisis en que está debatiéndose la Eurozona, “con un poco de inflación” rebajar los salarios de los españoles, italianos, portugueses y griegos para que sean más “competitivos” sería mucho más fácil de lo que sería si el costo de vida se mantuviera tan estable como quieren los alemanes. En otras palabras, el gurú keynesiano entiende que la inflación puede actuar como un anestésico que hace soportable operaciones que de otro modo serían sumamente dolorosas. He aquí un motivo por el que desde mediados del siglo pasado la Argentina ha sido propensa a usarlo en cantidades excesivas. Como aseveró hace casi treinta años Raúl Prebisch, nuestro país es como un drogadicto que lastimosamente reclama mayores dosis del narcótico que lo está matando porque no quiere someterse a los rigores de una cura. Por algunos años, los de la convertibilidad, pareció haber superado el mal, pero andando el tiempo partes cada vez mayores de la clase política llegaron a la conclusión de que la disciplina fiscal era inhumanamente exigente para recaer en el vicio al que se habían acostumbrado. Si no fuera por las proezas en este ámbito de Venezuela, la tasa de inflación de la Argentina sería la más alta del planeta –otro rival, Zimbabwe, se eliminó al evaporizarse por completo su moneda–, pero parecería que muy pocos se sienten preocupados por el fenómeno. Aunque es de suponer que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner preferiría que la tasa de inflación local se asemejara a la de los países desarrollados, en los que acercarse al 5% anual provocaría mucho nerviosismo, no puede sino entender que, como señala Krugman, el que sea muy alta le brinda ciertas ventajas. Si lograra convencer a todos de que un aumento salarial del 18% sería más que suficiente para satisfacer a los trabajadores, conseguiría reducir sus ingresos sin que los perjudicados por el ajuste así supuesto se dieran cuenta. En efecto, si bien todos los sindicalistas y la mayoría abrumadora de los empleados saben muy bien que la tasa de inflación anual es muy superior al 18%, para no hablar del guarismo confeccionado por el Indec que la ubica por debajo del 10% anual, todavía existe la impresión de que los ingresos tienden a aumentar. La inflación crónica ha contribuido a difundir la sensación térmica de que el país sigue disfrutando de una etapa de expansión muy fuerte, ya que todos los días se difunden estadísticas, como las vinculadas con la recaudación impositiva, que hacen pensar que está creciendo a un ritmo poco inferior al registrado por China. En otras partes del mundo la confusión ocasionada por la existencia de varios índices de inflación muy divergentes –el oficial, los privados, los de diversas provincias, el del Congreso– es considerada escandalosa, pero hasta ahora han fracasado todos los esfuerzos de organismos como el FMI por presionar al gobierno de Cristina para que desista de manipular las estadísticas económicas. La semana pasada, el directorio del FMI dejó saber que espera que el país modifique dentro de seis meses la metodología que emplea para medir la inflación y la evolución de Producto Bruto Interno –se sospecha que la tasa de crecimiento real ha sido dos o tres puntos inferior a la oficialmente difundida–, pero es poco probable que el gobierno acepte sincerarse. ¿Por qué hacerlo? Desde su punto de vista, el que las estadísticas nacionales no sean confiables es políticamente ventajoso al permitirle sustituir la realidad auténtica por otra ficticia, la del “relato”, tesis que a su juicio se vio confirmada por los resultados electorales en que Cristina obtuvo el 54% de los votos. Además de ocasionarle un sinfín de dificultades, reemplazar las estadísticas oficiales por otras menos imaginativas lo obligaría a reconocer la magnitud de problemas como el planteado por la extrema pobreza en que vive una proporción elevada de los habitantes del país y, lo que le sería peor aún, correr el riesgo de que la sensación térmica experimentara un cambio negativo abrupto que, desde luego, incidiría en la popularidad de la presidenta.
A su manera tiene razón el economista estadounidense actualmente más célebre, Paul Krugman, cuando afirma que en ciertas circunstancias “la inflación no es el problema, es la solución”. Lo es porque, como dijo al aludir a la crisis en que está debatiéndose la Eurozona, “con un poco de inflación” rebajar los salarios de los españoles, italianos, portugueses y griegos para que sean más “competitivos” sería mucho más fácil de lo que sería si el costo de vida se mantuviera tan estable como quieren los alemanes. En otras palabras, el gurú keynesiano entiende que la inflación puede actuar como un anestésico que hace soportable operaciones que de otro modo serían sumamente dolorosas. He aquí un motivo por el que desde mediados del siglo pasado la Argentina ha sido propensa a usarlo en cantidades excesivas. Como aseveró hace casi treinta años Raúl Prebisch, nuestro país es como un drogadicto que lastimosamente reclama mayores dosis del narcótico que lo está matando porque no quiere someterse a los rigores de una cura. Por algunos años, los de la convertibilidad, pareció haber superado el mal, pero andando el tiempo partes cada vez mayores de la clase política llegaron a la conclusión de que la disciplina fiscal era inhumanamente exigente para recaer en el vicio al que se habían acostumbrado. Si no fuera por las proezas en este ámbito de Venezuela, la tasa de inflación de la Argentina sería la más alta del planeta –otro rival, Zimbabwe, se eliminó al evaporizarse por completo su moneda–, pero parecería que muy pocos se sienten preocupados por el fenómeno. Aunque es de suponer que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner preferiría que la tasa de inflación local se asemejara a la de los países desarrollados, en los que acercarse al 5% anual provocaría mucho nerviosismo, no puede sino entender que, como señala Krugman, el que sea muy alta le brinda ciertas ventajas. Si lograra convencer a todos de que un aumento salarial del 18% sería más que suficiente para satisfacer a los trabajadores, conseguiría reducir sus ingresos sin que los perjudicados por el ajuste así supuesto se dieran cuenta. En efecto, si bien todos los sindicalistas y la mayoría abrumadora de los empleados saben muy bien que la tasa de inflación anual es muy superior al 18%, para no hablar del guarismo confeccionado por el Indec que la ubica por debajo del 10% anual, todavía existe la impresión de que los ingresos tienden a aumentar. La inflación crónica ha contribuido a difundir la sensación térmica de que el país sigue disfrutando de una etapa de expansión muy fuerte, ya que todos los días se difunden estadísticas, como las vinculadas con la recaudación impositiva, que hacen pensar que está creciendo a un ritmo poco inferior al registrado por China. En otras partes del mundo la confusión ocasionada por la existencia de varios índices de inflación muy divergentes –el oficial, los privados, los de diversas provincias, el del Congreso– es considerada escandalosa, pero hasta ahora han fracasado todos los esfuerzos de organismos como el FMI por presionar al gobierno de Cristina para que desista de manipular las estadísticas económicas. La semana pasada, el directorio del FMI dejó saber que espera que el país modifique dentro de seis meses la metodología que emplea para medir la inflación y la evolución de Producto Bruto Interno –se sospecha que la tasa de crecimiento real ha sido dos o tres puntos inferior a la oficialmente difundida–, pero es poco probable que el gobierno acepte sincerarse. ¿Por qué hacerlo? Desde su punto de vista, el que las estadísticas nacionales no sean confiables es políticamente ventajoso al permitirle sustituir la realidad auténtica por otra ficticia, la del “relato”, tesis que a su juicio se vio confirmada por los resultados electorales en que Cristina obtuvo el 54% de los votos. Además de ocasionarle un sinfín de dificultades, reemplazar las estadísticas oficiales por otras menos imaginativas lo obligaría a reconocer la magnitud de problemas como el planteado por la extrema pobreza en que vive una proporción elevada de los habitantes del país y, lo que le sería peor aún, correr el riesgo de que la sensación térmica experimentara un cambio negativo abrupto que, desde luego, incidiría en la popularidad de la presidenta.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora