Complot tosco

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Día a día, distintos representantes del gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa y de diversas fracciones políticas están desfilando ante el juez federal Norberto Oyarbide que, en lo que con toda seguridad será un esfuerzo inútil, está procurando decidir si la caída de la administración aliancista se debió a un «complot» o a maniobras acaso criticables pero así y todo legales. Por tratarse de un problema semántico, el eventual fallo del magistrado será de importancia limitada: los resueltos a cuestionar la legitimidad del presidente Eduardo Duhalde celebrarían si Oyarbide dijera que fue una conspiración anticonstitucional, mientras que los demás sentirían alivio si optara por una palabra menos urticante. Aunque De la Rúa tiene derecho a calificar de «complot» las docenas de operaciones políticas que fueron emprendidas por sujetos de principios dudosos en vísperas de su caída, para no hablar de la confirmación de que muchos saqueos tomaron lugar en «zonas liberadas», no parece que hubo una suerte de plan maestro confeccionado con el propósito de eyectarlo de la Casa Rosada.

Desde cierto punto de vista, podría argüirse que hubiera sido mejor que los acontecimientos que culminaron con su renuncia sí merecían ser considerados un «complot» porque significaría que los peronistas y radicales bonaerenses que terminaron apropiándose del gobierno eran capaces de combinarse para llevar a cabo con éxito un operativo político muy complicado. Sin embargo, parecería que como tantos otros episodios desastrosos de la vida nacional, la destrucción del gobierno delarruista fue el resultado de la impaciencia, la miopía, la improvisación, el facilismo, el desprecio por la ley, la propensión a exagerar absurdamente la capacidad administrativa propia y, huelga decirlo, la presencia de matones y de muchos individuos siempre dispuestos a romper vidrios, robar y participar de manifestaciones callejeras violentas a cambio de algunos mendrugos, además, claro está, del hecho innegable de que el temperamento vacilante de De la Rúa que, de todos modos, se encontraba en una situación que era políticamente inmanejable, lo había convertido en un blanco irresistible para cualquier conjurado en potencia. Sin embargo, ya es evidente la extrema ingenuidad de aquellos políticos que daban por descontado que la fuente de los males nacionales se encontraba en la personalidad de De la Rúa. No sólo era estructuralmente débil el gobierno producido por las elecciones de 1999, también lo era el orden político como tal por basarse en prácticas anticuadas insostenibles y un conjunto de ilusiones colectivas fantasiosas. Por lo tanto, el peronista Duhalde se asemeja cada vez más al radical y la única razón por la que no ha sido desplazado por un «complot» idéntico consiste en que los involucrados en el anterior saben que no les serviría para nada reeditar sus hazañas de diciembre, organizando saqueos y sembrando rumores de estallidos incontrolables por venir.

A pesar de que muchos que aportaron al «golpe civil» de fines del año pasado no se habrán preguntado si sus actos eran constitucionales o criminales, en aquella ocasión el país logró salvar las apariencias democráticas. Aunque lo haya hecho debido a la falta de convicción en su propias recetas de los que según De la Rúa eran conspiradores, el que la Argentina se aferrara con tanto tesón a la democracia liberal supone que en el ámbito político por lo menos hemos progresado mucho a partir del Proceso militar. Asimismo, la negativa generalizada a confiar en salvadores autoritarios de cualquier tipo refleja la conciencia de que la «solución», si es que una está por surgir, será obra de la comunidad en su conjunto, no de un puñado de iluminados. En este contexto, la rebelión popular contra «los políticos» es un fenómeno positivo por suponer que en adelante la ciudadanía exigirá tanto a sus «dirigentes» como siempre han hecho sus equivalentes en los países avanzados mejor gobernados. Es una lástima que haya tardado tanto en aprender esta lección fundamental, pero es probable que, de no haberse producido el clima de «bronca» antipolítica, el país ya estaría en manos de un demagogo o de un tirano uniformado y su estado sería todavía peor de lo que en efecto es.