¿Reforma tributaria o suba de impuestos?

https://www.rionegro.com.ar/reforma-tributaria-o-suba-de-impuestos-ARRN_881652/

PABLO F. VERANI (*)

Recientemente, el gobierno de la provincia de Río Negro ha aprobado lo que denominó “reforma impositiva”. A mi criterio, lo que hizo fue simplemente subir los impuestos. Cada país o provincia tiene una estructura económica particular así como sus normas; las políticas internas de cada gobierno indican quiénes tienen que pagar impuestos, las causas que los determinan y los montos de los mismos. Una “reforma tributaria” debe proponer si esa estructura debe ser modificada y, en caso de ser así, debería realizarse con propuesta, proyección e innovación. Cuando en el 2000 el gobierno de la provincia de Río Negro puso en vigencia una serie de bonificaciones a los impuestos administrados por la Dirección General de Rentas –juntamente con la creación de la figura del “contribuyente cumplidor”–, en realidad, arrojó a la luz el debate de la auténtica presión fiscal que ejerce la provincia a sus contribuyentes. Para comenzar el análisis de la propuesta se confeccionaron indicadores tanto generales como particulares por cada impuesto. Tomando como indicador general el ratio Recaudación Provincial / Producto Bruto Geográfico, éste indicaría cuánto dinero retiene el sector público por cada peso de valor agregado generado en la provincia. El resultado nos colocaría por encima de la media nacional: 4,06% versus 4%. En un contexto parecido al actual, en cuanto a la participación de la recaudación de impuestos provinciales sobre los recursos corrientes (20% aproximadamente), durante el 2000 el gobierno lanzó un plan de bonificaciones en el impuesto sobre los Ingresos Brutos tanto en aquellas actividades sujetas a la alícuota general como especial, juntamente con una bonificación al impuesto Inmobiliario del 10%. Durante el siguiente año, el órgano recaudador asumió un rol directriz en el crecimiento económico provincial proponiendo fuertes incentivos fiscales a las inversiones radicadas en parques industriales ya sean provinciales o municipales. A partir del 2002, las medidas de incentivos tributarios fueron ampliadas a otros sectores de la actividad. Bonificaciones del 10% en el Impuesto a los Automotores; mejoras en la figura del contribuyente cumplidor elevándose las bonificaciones por pago en término. En el 2003 se fijaron, por ejemplo, bonificaciones que alcanzaron el 50% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes cuya actividad fuera el transporte automotor de carga y de pasajeros y bonificaciones en el Impuesto Automotor para idéntica actividad. En los comienzos del 2004 se redujo la alícuota del Impuesto de Sellos para operaciones superiores al millón de pesos, bonificando con alícuotas decrecientes las operaciones que superaran esa cifra. El verdadero desafío era aumentar la recaudación, ampliar la base imponible de contribuyentes y paralelamente disminuir la presión fiscal. Para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas se construyeron indicadores de presión fiscal por cada impuesto. En el caso del de Ingresos Brutos se necesitaba saber cuánto se gravaba, en promedio, a las actividades productivas para luego avanzar en las decisiones. Como las alícuotas varían considerablemente según el tipo de actividad, se construyó un índice que mide la presión fiscal promedio que ejerce el impuesto sobre la totalidad de la economía provincial. Se ponderó la alícuota de cada actividad por el monto gravado; tendrían más peso las alícuotas de las actividades que generan mayor producción. Como indicador de la base imponible se tomó la información suministrada por los contribuyentes en sus declaraciones juradas. Para el cálculo del Producto Bruto Geográfico y la participación de cada una de las actividades de la economía provincial en la formación del mismo, se tomaron los datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos. El indicador elaborado concluyó que la presión fiscal ejercida era del 2,21%. Es decir, que por cada peso de valor bruto generado por etapa productiva, la provincia retenía 2,21 centavos. La presión fiscal, medida por este indicador a fines del 2004 y luego de haber aplicado las medidas enunciadas, había disminuido considerablemente: 1,73%. Luego se siguió con el Impuesto Inmobiliario, segundo en recaudación. Allí se calculó la alícuota promedio anual que pagan los inmuebles inscriptos en cada categoría, promedio que fue ponderado por el número de contribuyentes que, al interior de cada categoría, caen en rango de valuación. Así el indicador de presión fiscal sobre los contribuyentes del impuesto Inmobiliario arrojó el 1,13% promedio. Luego de las medidas adoptadas, el indicador de presión fiscal sobre los contribuyentes del impuesto Inmobiliario disminuyó a 0,81% promedio. Siguiendo con el impuesto a los Automotores, se tomaron dos grupos de vehículos, ponderándose las alícuotas sobre la valuación fiscal de los mismos y como el impuesto está constituido por lo anterior, la presión impositiva está determinada por la alícuota correspondiente. Es así que la presión fiscal para los contribuyentes del impuesto a los Automotores disminuyó de 3,50% promedio a 2,63%. Para el impuesto de Sellos, al ser un impuesto proporcional, la presión fiscal está dada por la alícuota, que en términos generales era del 1,2%. Aquí se redujo la alícuota general al 1% y se establecieron alícuotas decrecientes para los instrumentos que superaran el millón de pesos. El contexto en el que se tomaron estas decisiones fue similar al actual, ya que las principales actividades económicas formadoras del Producto Bruto Geográfico Provincial, por distintos motivos, mostraban curvas decrecientes (fruticultura, actividades extractivas, turismo, etc.). Si bien la economía nacional presentaba un contexto recesivo y que el actual dista de aquella situación, claro está que las bondades del actual modelo nacional se están agotando aceleradamente. De todo ello se desprendió el elemento principal de la política tributaria provincial: se elaboró un conjunto de medidas que redujeron sistemáticamente la presión fiscal sobre los contribuyentes, pero la recaudación, en términos reales, había aumentado, minimizando los efectos distorsivos sobre la actividad económica. Podemos concluir que: • Se redujo la presión impositiva. • Se incentivó el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, mejorando la captación de recursos corrientes. Suficiente con observar los porcentajes de cobrabilidad de los impuestos administrados (Automotores e Inmobiliario). • Se redujeron los costos de la administración, control e intimación a morosos. • Mejoraron los ingresos disponibles del contribuyente cumplidor. • Se perjudicó al moroso, ya que el recupero de deudas a través de las llamadas moratorias colocaba en situación de inequidad al contribuyente cumplidor. La reforma tributaria puesta en marcha en aquellos años requirió de un proceso donde interactuaron empleados y funcionarios de la Dirección General de Rentas, del Ministerio de Economía y también de distintos organismos provinciales. Hubo consultas e intercambio de trabajos preliminares con consultoras de primer nivel en el orden nacional. También un permanente intercambio de opiniones con actores de la actividad económica de la provincia. En honor a ello, no se puede llamar reforma tributaria a una burda y simple suba de impuestos como la aprobada inoportunamente por el gobierno de la provincia. (*) Contador