Una pulsión monárquica

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ALEARDO F. LARÍA (*)

Cuando Bolívar afirmó que “la América antes española necesita reyes con el nombre de presidentes”, seguramente no imaginó que 200 años después habría ilustres ciudadanos americanos dispuestos a convertir nuestras repúblicas en regresivas dinastías antidemocráticas. El espectáculo que ofrecen hoy gobernadores cultos, inteligentes, de aparentes convicciones democráticas, implorando por la reforma constitucional para favorecer la reelección de Cristina Fernández, es francamente patético. Doscientos años de república no han servido para erradicar la pulsión monárquica que anida en el interior de los corazones de estos insólitos nuevos cruzados de la eternidad. Es cierto que el “Frente para la Victoria”, como todo el mundo sabe, enfrenta un grave problema: carece de sucesor. Es una construcción política tan endeble, con fuerzas tan heterogéneas, que si no consigue la re-reelección de Cristina Fernández parece condenado a la disolución. Es una dificultad que a lo largo de la historia han tenido todos los gobiernos o movimientos personalistas. Justamente, para salvar ese escollo, se inventaron los liderazgos o gobiernos dinásticos. Al garantizar la permanencia a través del tiempo de un monarca o líder, estableciendo una sucesión por vía de sangre, se evitaban las desgarradoras y furiosas peleas por el poder. Se sacrificaba la democracia, pero se ganaban en paz y estabilidad. Las repúblicas que reemplazaron a las monarquías buscaron, en cambio, habilitar la presencia democrática de todo el pueblo, permitiendo que en elecciones periódicas eligiera a sus representantes. En el caso de la mayoría de las repúblicas sudamericanas, la figura presidencial fue investida de enormes poderes, equivalentes a los que tenían los viejos monarcas absolutos. Pero se estableció un límite temporal al mandato de los presidentes, prohibiendo la reelección o admitiéndola en un solo caso. Es decir diseñando una suerte de monarquía electiva y temporal. Por consiguiente, si restauramos la posibilidad de permanencia indefinida en el poder de los presidentes estamos retrocediendo al tiempo de las monarquías absolutas. Se seguirán llamando “repúblicas” y nuestros peculiares monarcas seguirán siendo denominados “presidentes”, pero el espíritu republicano habrá naufragado definitivamente en el uso práctico del poder. Desde una perspectiva más moderna y democrática, se considera que la posibilidad de alternancia es consustancial a la democracia. Tan relevante es la alternancia, que algunos politólogos establecen como criterio para incorporar a un país a la lista de los países democráticos las veces en que efectivamente se ha producido una transferencia en el poder. La permanencia indefinida de un partido o de un gobierno en el poder constituye una señal clara de que la democracia en ese país es muy endeble o se ha perdido. Por otra parte, la alternancia resulta el mejor antídoto contra la corrupción. El autoconvencimiento de que la estadía en el poder es temporal, y que vendrán otros a auditar la gestión realizada, es un poderoso incentivo para facilitar la adopción de comportamientos honestos. Por este motivo, conocedores de la flaqueza de la naturaleza humana por razones de su oficio, desde antaño los banqueros han adoptado el método de desplazar, cada cierto tiempo, hacia nuevos destinos, a los responsables de cada una de sus sucursales. La prohibición constitucional de la reelección indefinida de los gobernantes responde también a la necesidad de nivelar el terreno de juego. Los partidos en el poder, sobre todo en nuestras endebles repúblicas donde impera el spoil system (sistema de expolio), es decir la apropiación partidista de los recursos del Estado, le otorgan al partido en el gobierno un plus enorme sobre sus competidores. Al obligar a la renovación de los cargos, en cierto modo, se coloca a todos los participantes en un plano de mayor igualdad si la autoridad que regula el juego queda excluida de la competencia. Cabe añadir, entrando en otro terreno, que la pretensión de forzar una reforma constitucional para conseguir el cambio en las reglas de juego constituye un grave atentado a los principios democráticos. La democracia consiste, sustancialmente, en un método para la elección de los gobernantes. Es básicamente procedimental. De modo que la alteración forzada de la Constitución por un participante, sin buscar un acuerdo sincero con el resto de partidos, para acomodarla a sus necesidades políticas coyunturales, es una afrenta intolerable al espíritu de consenso que debe presidir cualquier reforma constitucional. La Argentina ya ha vivido en el pasado, durante el intento frustrado de re-reelección del presidente Menem, la conmoción que significa el intento de reformar unilateralmente la Constitución. Ya sabemos el enorme desgaste al que se ven sometidas las fuerzas políticas y el país en su conjunto cuando se quieren forzar las cosas de esta manera. Por lo tanto es una enorme irresponsabilidad promover estas iniciativas cuando parece evidente que sería mucho mejor si todos esos esfuerzos fueran canalizados a cubrir necesidades más imperiosas de nuestro país, modernizando, por ejemplo, nuestras deterioradas infraestructuras y servicios públicos o elevando la calidad de nuestro deficiente sistema educativo. Por último, resulta también llamativo que hasta en estos menesteres el “kirchnerismo” termine pareciéndose tanto al “menemismo”. No sólo por ser ambos simples variantes miméticas del peronismo, por la forma personalizada de ejercicio del poder o los niveles desbordantes de corrupción que este estilo genera. Es también por la presencia de esta pulsión casi obsesiva por conservar el poder a toda costa, sin pensar en el grave daño que se hace al país al querer convertir un sistema presidencial en una vetusta parodia de reinado. No es una paradoja menor que estos adoradores impenitentes del culto a la personalidad se atribuyan, además, la condición de “progresistas”. (*) Abogado y periodista