Arar en el mar

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Según los testigos contemporáneos, en la Rusia decimonónica muchos campesinos paupérrimos creían que, si el zar supuestamente todopoderoso se enterara de las penurias que sufrían, enseguida tomaría las medidas necesarias para atenuarlas, pero que no lo hacía porque estaba rodeado de colaboradores corruptos que lo engañaban. Parecería que en la Argentina actual ha comenzado a funcionar una versión de aquel mecanismo psicológico y político. Si bien virtualmente todos coinciden en que es casi absoluto el poder de Cristina Fernández de Kirchner –no tiene que preocuparse por los intentos ensayados por una oposición fragmentada de obligarla a respetar ciertos límites y sus propios partidarios nunca soñarían con desobedecerle–, conforme a algunas encuestas que acaban de difundirse, buena parte de la ciudadanía se ha convencido de que la presidenta está perdiendo el control de su gestión o ya lo ha perdido. A primera vista, se trata de una situación paradójica ya que, por un lado, se supone que Cristina está en condiciones de gobernar a su antojo y, por el otro, más de la mitad de los consultados entiende que está, para citar a Simón Bolívar, “arando en el mar”, pero la verdad es que, a través de los años, casi todos los mandatarios nacionales han descubierto que, si bien en la Argentina el poder de la presidencia es en teoría enorme, ello no quiere decir que al inquilino de turno de la Casa Rosada le sea más fácil gobernar de lo que le sería en aquellos países en que sus homólogos se ven constreñidos a acatar una multitud de reglas engorrosas. La presunta pérdida de control de la gestión por parte de Cristina es la consecuencia directa y lógica del poder, a todas luces desmedido, que la sociedad le ha entregado. La hegemonía atribuida a la presidenta se debe menos a sus propios méritos como líder que a la debilidad y la desorganización de los demás combinadas con la anomia, es decir con el desprecio por las normas que se ha hecho tan característico de amplios sectores de la sociedad. Pero, desafortunadamente para Cristina, la precariedad de las instituciones políticas nacionales, comenzando con los partidos, y la condición lamentable de todo lo relacionado con la administración pública la han privado de los instrumentos que necesitaría para gobernar con un mínimo aceptable de eficacia. Como ya es tradicional en nuestro país, la presidenta y sus allegados han procurado superar las deficiencias así supuestas con propaganda y con movilizaciones políticas que, por un rato, sirven para brindar la impresión de que están haciendo algo más que “administrar la crisis”, pero que tarde o temprano dejan de conformar a la gente. No se equivocan por completo los muchos que prefieren atribuir los errores cometidos por el gobierno a la incapacidad de Cristina de controlar su gestión, de tal modo dando a entender que no es culpa de la presidenta que los pasos en falso sigan multiplicándose sino de sus colaboradores, pero sucede que los miembros de su gobierno también son víctimas de la falta de institucionalidad. Seleccionados por su “lealtad” personal hacia Cristina, se comportan como los cortesanos que son, esforzándose por congraciarse con una jefa que no está acostumbrada a tolerar el disenso, además, claro está, de intrigar en contra de sus rivales internos. Huelga decir que escasean los funcionarios que estén interesados en los detalles administrativos: como diría el diputado oficialista Andrés Larroque, muy pocos sabrían “gestionar una calesita”. Así, pues, el “proyecto” kirchnerista corre peligro de hundirse antes de fines del 2015 a pesar de que la incapacidad de una oposición dispersa, conformada por un mosaico de partidos y facciones de ideas bastante parecidas a las reivindicadas por los voceros del gobierno actual, para plantear alternativas coherentes, siga beneficiándolo. Como tantos “proyectos” anteriores, su destino dependerá en buena medida de la evolución de los precios internacionales de los productos agropecuarios, pero aun cuando aumentaran nuevamente en los meses próximos, los ingresos resultantes no serían suficientes como para compensar el déficit supuesto por el despilfarro sistemático de recursos por motivos proselitistas y por una gestión que, por razones “estructurales”, ha sido y, con toda probabilidad, seguirá siendo extraordinariamente inepta.