2013, odisea del ajuste

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El 2013 se presenta como el año del ajuste debido a que los recursos con los que contaba el kirchnerismo se esfumaron y los gastos crecieron de manera exponencial, a la par que aumenta la inflación. En algún tiempo, hasta el congelamiento tarifario sirvió como redistribución del ingreso nacional. Sin embargo, hoy se ve agotado y oficia como un salvavidas de plomo para las empresas prestatarias de servicios esenciales, que en la actualidad enfrentan fuertes quebrantos operativos y financieros. Esto se está traduciendo en términos más llanos en una disminución de los niveles de calidad de los servicios, donde los cortes en el suministro y la falta de reposición de capital son moneda corriente. Pero a poco que se inicie el 2013 habrá reajustes tarifarios en todos los servicios, lo que va a significar dos cosas: primero, que impactará de manera negativa en la demanda agregada y, segundo, que esos aumentos serán trasladados a precios, lo que aumentará la velocidad inflacionaria. El gobierno cree que esto mejorará sus niveles de ingresos, dado que la suba tarifaria conlleva un alto componente impositivo que enriquecerá el tesoro. Sin embargo, esa “supuesta” suba de ingresos se verá neutralizada con una baja de la demanda agregada que se traducirá en menores ingresos fiscales, con el agravante de que la disminución del ritmo de actividad también podría afectar los niveles de empleo. La otra cara del ajuste va a estar dada por la persistencia de altos niveles de imposición sobre los ingresos medios y bajos que provocarán una mayor baja del consumo. Lo que ocurre en las cuentas nacionales se manifiesta de manera más dramática en las jurisdicciones provinciales. Un vendaval de ajustes impositivos lanzaron todos los distritos aumentando, en algunos casos, las alícuotas tributarias y, en otros, incrementando los montos imponibles o incorporando actividades que no estaban gravadas. El modelo kirchnerista, tras una década de despilfarro, default, estatizaciones e inflación, termina su gestión aumentando impuestos y tarifas y afectando el empleo y la calidad de vida de los sectores más desprotegidos de la población. Si el ambiente doméstico va camino de un ajuste, el frente externo golpea por doquier. El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, además de dar la razón en un todo a los demandantes, los puso en paridad con el resto de los bonistas a los que la Argentina está pagando regularmente. La resolución del tribunal estipula que cada vez que la Argentina pague, en Nueva York, sus compromisos a los bonistas que entraron en los canjes del 2005 y el 2010 deberá saldar la deuda con los holdouts. El camino más suave que le queda por delante al gobierno es acatar el fallo y pagar a los denominados “fondos buitres”, a menos que quiera seguir corriendo riesgos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha ratificado que pagará a los bonistas que entraron al canje. Pero si no cumple el fallo y paga a los bonistas que aceptaron el canje, esos fondos podrían ser embargados, a menos que Fernández de Kirchner esté dispuesta a pagar a los bonistas en algún paraíso fiscal, a través de alguna banca off-shore. En diciembre, la administración Kirchner debe abonar el capital de los bonos Global 2017, el Discount y los cupones atados al PBI. Si los fondos buitres lograran interceptar esos pagos y les trabaran embargos el país caería nuevamente en default, porque los que no cobrarían esta vez serían los bonistas que aceptaron el canje. Este escenario, potencial todavía, dispararía el riesgo país y el costo del seguro ante un eventual default a niveles insostenibles. Sólo con la baja de la nota de la deuda soberana por parte de S&P y Fitch, el riesgo país se ubicó por encima de los 1.000 pb y el seguro de default, en 1.500 pb. En rigor, y más allá de estos escenarios, la administración Kirchner nunca se apartó del default. Los fondos buitres y la deuda con el Club de París, más las sentencias en el Ciadi, así lo atestiguan. Tampoco las provincias dejaron el default de lado. Los casos de Chaco y el llamado a pesificar por parte de Formosa y Tucumán abonan la especie. Atrás quedan las bravatas del gobierno para no pagar a los fondos buitres. Atrás quedan los intentos de “malvinizar” la deuda. El mundo financiero ha enviado un claro mensaje: se acabaron los tiempos para la Argentina y hasta es muy probable que el país deba dejar el nucleamiento del G20 debido al incumplimiento de los fallos y de los compromisos asumidos con el FMI. Y si algún problema le faltaba a la Casa Rosada, otro mensaje llegó también desde Nueva York: la demanda que entabló Repsol contra la Argentina por la confiscación de YPF cayó en manos del juez Thomas Griesa. (*) Analista económico. DyN

MIGUEL ÁNGEL ROUCO (*)