Elecciones en Unter: el desafío de construir algo nuevo
JORGE LUIS VALLAZZA (*)
En las próximas elecciones de la Unter los docentes afiliados a ese gremio expresarán su aprobación o rechazo a un modelo de gestión educativa surgida del hecho político novedoso –y tal vez inédito– gestado a partir de la apuesta realizada por el Frente para la Victoria de poner a cargo de la cartera educativa provincial a quienes eran los máximos dirigentes del sindicato docente. Si bien es un tema ampliamente polémico –y más en épocas de elecciones gremiales– que genera posturas disimiles –y hasta antagónicas– sobre si resulta conveniente, compatible y/o legítimo que un gremio y un gobierno compartan el mismo proyecto político, convendría profundizar este tema hurgando en las raíces y los sentidos de la existencia de los diversos tipos de organizaciones sindicales y su relación con las políticas públicas que lideran los gobiernos, en este caso particular, en el campo de la Educación. Desde el más remoto tiempo donde nacen las sociedades capitalistas, las agrupaciones gremiales o sindicatos se crean como una entidad que defiende a los obreros, cuando los dueños de los medios de producción –popularmente identificados como los empresarios o los patrones– necesitan de esa fuerza laboral –que les acarrea un costo– en su afán de generar la mayor ganancia o lucro a partir de su actividad productiva. En este entramado, que incluye momentos de fuertes disputas y también tiempos de acuerdos, y donde el Estado debe regular estas relaciones entre capital y trabajo, los intereses de los trabajadores se centran en participar de las ganancias que produce su actividad, logrando los mayores beneficios –ya sean salariales como de condiciones laborales y de seguridad social–, y el interés de los patrones es que las concesiones que exige ese “costo laboral necesario”, para que se desarrolle su emprendimiento, impacten lo menos posible sobre el lucro a obtener. El patrón necesita del trabajador, porque si no hay producción y venta no hay ganancia, y los trabajadores necesitan de ese empleo como actividad indispensable para lograr los medios para la subsistencia y para progresar económicamente. En términos amplios, este esquema de funcionamiento es similar tanto se trate de fabricar tornillos, manejar un colectivo o vender electrodomésticos. Cuando se constituyen los Estados y se incorpora la dotación de empleados para prestar los diversos servicios que brinda la administración pública, se replica este mismo modelo de organización y lucha sindical, con la gran diferencia de que ahora el patrón es el gobierno y los obreros no fabrican tornillos sino que pueden ser maestros, porteros, médicos, judiciales o cualquier otra tarea que se realice desde el Estado hacia la ciudadanía. La ganancia del ahora patrón-gobierno ya no se centra en un lucro económico, sino en el capital político que a través de su gestión pueda mantener o acrecentar por el apoyo de la ciudadanía, lo que se traduce de diversas formas, siendo la herramienta electoral la más contundente para expresar esa aprobación o rechazo. En el caso de la Educación este análisis se complejiza aún más, ya que los sindicatos de este sector no han levantado como banderas de lucha sólo las reivindicaciones laborales que mejoren los ingresos de los docentes y sus condiciones de trabajo sino que felizmente incluyen los logros gremiales en una lucha mucho más loable, que es la defensa de la educación pública para lograr la igualdad de oportunidades educativas para todas y todos y aportar así a una mayor y mejor democracia con plena vigencia de los derechos humanos. La pregunta es: ¿no es este fin loable el mismo que plantean los gobiernos tanto en sus plataformas electorales como en los discursos, y hacia donde deberían apuntar todos sus esfuerzos? ¿No vota la ciudadanía ratificando si el gobierno cumplió con estas promesas o si prefiere que sea otra fuerza política la que continúe llevando adelante los destinos de la sociedad? Estas preguntas nos pueden llevar a cuestionar si sirven las categorías patrón y obrero como elementos de análisis para aplicar a la compleja relación entre gobierno y trabajadores de la Educación, quienes deberían perseguir exactamente el mismo fin, cada uno desde el rol que le toca, el cual es el bien común, el mejoramiento de la sociedad, la construcción de mayores niveles de ciudadanía y democracia, específicamente a través del valioso instrumento que constituye la educación. ¿Qué mayor desafío para los que trabajaron desde las aulas, para los que pelearon y defendieron en las calles por una mejor educación para todas y todos, que tener la oportunidad de poder ponerlo en práctica y demostrarlo desde el mismo gobierno? Si se pretende encuadrar el rol del sindicato en la relación gobierno-trabajador de la Educación, en el esquema patrón-obrero surgido de las legítimas luchas de los gremios aludidos en las sociedades capitalistas, significaría reconocer que el verdadero y supremo interés de los gremios docentes se reduce al salario y las condiciones laborales, por lo cual habría que sincerar ante la sociedad que eso de la defensa de la educación pública simplemente es un eslogan de campaña o una estrategia demagógica para lograr apoyo de la comunidad en tiempos de lucha. Cuando se observa en el proceso electoral de la Unter a sectores ideológicamente antagónicos e históricamente enfrentados intentando juntarse para ganarle a cualquier costo al oficialismo, haciendo la “gran De Narváez” –primero ganemos y después vemos qué hacemos–, aparecen reminiscencias de los fracasos ya conocidos en nuestro país, cuando distintas coaliciones se armaron “sólo para ganar”. Algunos de estos rejuntes alcanzaron su objetivo, pero al poco tiempo de asumir no generaron más que mamarrachos mayúsculos a la hora de hacerse cargo de lo que criticaban. Seguramente pueden mejorarse múltiples aspectos en el funcionamiento de la Educación en Río Negro y habrá que ver cómo se pueden generar los mecanismos de participación ciudadana para ampliar los alcances de este modelo original donde los mismos docentes se hicieron cargo de la gestión educativa. Los importantes avances en inversión en el área, las infinitas posibilidades y recursos que llegan del gobierno nacional –cuyo aumento del presupuesto educativo supera lo imaginable hace unos años atrás– son todos indicios positivos, aunque a veces contrasten con las necesarias y urgentes respuestas que demanda la comunidad educativa. El compromiso que tienen los docentes el próximo 15 de octubre es aportar a construir desde el gremio algo nuevo y superador, para sentarse a dialogar constructivamente con un gobierno que está intentando generar un cambio –aun a riesgo de tener que resolver múltiples contradicciones–, o volver al esquema ya conocido por todas y todos en épocas pasadas. (*) Profesor de Enseñanza Primaria. Licenciado en Psicopedagogía. Exministro de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro
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