“Razón o fuerza”
En una sociedad democrática, pluralista y solidaria, el conflicto social y el consenso son partes indisolubles del proceso de movilidad social, del orden y de la seguridad. El Estado debe ser la herramienta para la construcción de la sociedad democrática, garantía de la libertad, la igualdad y la justicia. De los derechos sociales, políticos y económicos. La sociedad plural, de clases, está inmersa en un conflicto permanente, donde los actores sociales y el Estado deben tender hacia el equilibrio del conflicto, fundándose en acciones políticas éticamente sustentables. La limitación de los recursos disponibles en una sociedad determina la lucha distributiva, es decir que genera el conflicto social por el apoderamiento de porciones de los mismos, sean materiales e inmateriales; la apropiación de la cultura es parte del conflicto. Un gobierno democrático, pluralista y solidario debe gobernar considerando estas cuestiones básicas y fundamentales. Los ciudadanos, sujetos democráticos, buscan satisfacer sus necesidades y trabajan para lograr mayores conquistas sociales. Es saludable para una mejor calidad de ciudadanos que éstos tengan deseos permanentes de estar mejor, material y espiritualmente. El deseo de querer más y mejores condiciones de vida constituye el motor de la movilidad social, y el conflicto es el combustible. La educación, la salud, el trabajo, la vivienda y la seguridad son los derechos humanos de la sociedad democrática. Y es en este orden y en el todo donde las acciones del gobierno deben estar dirigidas. No hay seguridad sin educación, sin salud, sin trabajo y sin vivienda. Pretender imponer la “seguridad” sobre los demás derechos constituye la base del “orden conservador”. Desde este posicionamiento filosófico e ideológico interpreto que las acciones tomadas por los gobiernos provinciales, ante el “amotinamiento” de las policías, fueron impulsadas y justificadas por el pensamiento conservador mayoritario en los políticos que ocupan cargos jerárquicos en los respectivos gobiernos. El “poder de las armas” no significa “el poder de la razón”, nuestra historia de dictaduras nos ha enseñado con tragedias esta lección. Sólo si los beneficios otorgados por los gobernadores a las fuerzas policiales se trasladan a los demás actores sociales que integran los organismos del Estado se podrá equilibrar solidariamente el conflicto social. De no ser así, considero que estamos en el inicio de un proceso de retroceso social, político, económico y cultural, donde algunos gobernantes están preparando estrategias represivas para frenar el legítimo deseo de los ciudadanos de querer mejor educación pública, mejor salud pública, mejores condiciones de trabajo y más viviendas financiadas por el Estado, es decir que se vienen “los palos” para frenar el proceso de movilidad social que se reinició con el gobierno de Néstor Kirchner. Edgardo Roberto Arca, DNI 12.820.329 Cinco Saltos
Edgardo Roberto Arca DNI 12.820.329 Cinco Saltos
En una sociedad democrática, pluralista y solidaria, el conflicto social y el consenso son partes indisolubles del proceso de movilidad social, del orden y de la seguridad. El Estado debe ser la herramienta para la construcción de la sociedad democrática, garantía de la libertad, la igualdad y la justicia. De los derechos sociales, políticos y económicos. La sociedad plural, de clases, está inmersa en un conflicto permanente, donde los actores sociales y el Estado deben tender hacia el equilibrio del conflicto, fundándose en acciones políticas éticamente sustentables. La limitación de los recursos disponibles en una sociedad determina la lucha distributiva, es decir que genera el conflicto social por el apoderamiento de porciones de los mismos, sean materiales e inmateriales; la apropiación de la cultura es parte del conflicto. Un gobierno democrático, pluralista y solidario debe gobernar considerando estas cuestiones básicas y fundamentales. Los ciudadanos, sujetos democráticos, buscan satisfacer sus necesidades y trabajan para lograr mayores conquistas sociales. Es saludable para una mejor calidad de ciudadanos que éstos tengan deseos permanentes de estar mejor, material y espiritualmente. El deseo de querer más y mejores condiciones de vida constituye el motor de la movilidad social, y el conflicto es el combustible. La educación, la salud, el trabajo, la vivienda y la seguridad son los derechos humanos de la sociedad democrática. Y es en este orden y en el todo donde las acciones del gobierno deben estar dirigidas. No hay seguridad sin educación, sin salud, sin trabajo y sin vivienda. Pretender imponer la “seguridad” sobre los demás derechos constituye la base del “orden conservador”. Desde este posicionamiento filosófico e ideológico interpreto que las acciones tomadas por los gobiernos provinciales, ante el “amotinamiento” de las policías, fueron impulsadas y justificadas por el pensamiento conservador mayoritario en los políticos que ocupan cargos jerárquicos en los respectivos gobiernos. El “poder de las armas” no significa “el poder de la razón”, nuestra historia de dictaduras nos ha enseñado con tragedias esta lección. Sólo si los beneficios otorgados por los gobernadores a las fuerzas policiales se trasladan a los demás actores sociales que integran los organismos del Estado se podrá equilibrar solidariamente el conflicto social. De no ser así, considero que estamos en el inicio de un proceso de retroceso social, político, económico y cultural, donde algunos gobernantes están preparando estrategias represivas para frenar el legítimo deseo de los ciudadanos de querer mejor educación pública, mejor salud pública, mejores condiciones de trabajo y más viviendas financiadas por el Estado, es decir que se vienen “los palos” para frenar el proceso de movilidad social que se reinició con el gobierno de Néstor Kirchner. Edgardo Roberto Arca, DNI 12.820.329 Cinco Saltos
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