La destitución del presidente

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ALEARDO F. LARÍA (*)

La “gente” en la calle –el neologismo de moda que sustituye a “pueblo”– acaba de derribar al presidente de Ucrania, Victor Yanukovich. En realidad la decisión la tomó la Rada (Parlamento), con una mayoría insuficiente de 328 diputados, alegando que el mandatario había “dejado de cumplir sus competencias constitucionales, lo que amenaza la gobernabilidad del Estado y la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, y la transgresión masiva de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Desde el punto de vista formal, la destitución del presidente es cuestionable, dado que según las previsiones constitucionales hubiera sido necesario un juicio político votado por una mayoría de dos tercios de la cámara (450 diputados). Pero cuando los procedimientos de destitución son complejos o están obturados, el sistema salta por los aires. El sistema institucional en Ucrania era, según la Constitución originaria de 1996, el de una república semipresidencialista. En el 2004, la “Revolución Naranja” impuso una reforma constitucional para establecer un sistema parlamentario. Pero en el 2010, el Tribunal Constitucional de Ucrania modificó el régimen político del país y lo transformó de “parlamentario-presidencial” en “presidencial-parlamentario”. Esto significó, en la práctica, otorgar al presidente Victor Yanukovich una serie de poderes que hasta ese momento habían sido ejercidos por el Parlamento y el gobierno. La clave era que el primer ministro pasaba a ser designado por el presidente, aunque conservaba importantes funciones ejecutivas. Esa modificación nunca fue aceptada por la oposición, al punto que el día anterior a la destitución del presidente los jefes de la oposición parlamentaria y Yanukovich habían firmado un acuerdo para retornar a la Constitución del 2004. Demasiado tarde. El caso de Ucrania es enormemente ilustrativo para América Latina, en momentos en que el presidente Nicolás Maduro, de Venezuela, sufre una fuerte oposición en la calle y existen algunas dudas de que Cristina Fernández pueda completar su mandato presidencial. El problema, en Ucrania, en Venezuela y en la Argentina –como antes en Paraguay o en Honduras– permite ofrecer un mismo diagnóstico. Los sistemas institucionales que establecen mandatos rígidos son incompatibles con las democracias modernas, denominadas de “audiencia” por Bernard Manin, dado que la opinión de las audiencias es muy volátil. Los graves desaciertos en la gestión de los asuntos públicos, que pueden llevar a un desarreglo monumental de las finanzas públicas, con tasas de inflación intolerables, elevan la presión de la caldera política cuando la “gente” comienza a manifestar su disconformidad en la calle. Si el sistema institucional no tiene un fusible, es decir la posibilidad de que el Parlamento por simple mayoría de votos pueda destituir al primer ministro –como acontece en el sistema parlamentario–, la crisis se termina resolviendo con efusión de sangre. Los rígidos sistemas presidencialistas, que establecen un período fijo de mandato, están basados en una visión anacrónica de la política. Se parte del presupuesto de que basta que un presidente haya sido legitimado por una mayoría de votos –legitimidad de origen– para que se suponga que tiene asegurada la permanencia hasta el fin de su período constitucional. Se trata de una ilusión. La legitimidad de origen, en las democracias modernas, debe ser ratificada día a día por la de ejercicio. De modo que si el responsable político de la gestión fracasa estruendosamente, el sistema debe contemplar la sustitución inmediata, sin necesidad de esperar los derramamientos de sangre. En el contexto institucional actual de los sistemas presidencialistas, la crisis política es inevitable, como se demuestra también en Venezuela. Los partidarios del gobierno entienden que tienen el derecho a seguir en el poder porque recibieron una mayoría de votos en un momento determinado. Sin embargo, esa fotografía de un día puede variar sensiblemente si la tomamos un tiempo después. Frente a ese cambio de preferencia de las audiencias, el sistema no tiene respuesta y coloca las condiciones para que el conflicto se resuelva violentamente. El presidente Maduro califica a los estudiantes que manifiestan en la calle su disgusto con un régimen cada vez más autoritario, de “fascistas”, golpistas e “idiotas útiles” de Estados Unidos. Es una reacción visceral, similar a la que adoptan los kirchneristas en la Argentina, que ven fantasmas destituyentes todos los días. El problema del uso de este lenguaje es que contribuye a activar la reacción de los grupos parapoliciales y la respuesta de militantes fanáticos. En Venezuela, el régimen chavista ha armado una “guardia civil” de 120.000 integrantes. Luego, esto explica que grupos de incontrolados pretendan ahogar a sangre y fuego las manifestaciones de los jóvenes opositores al régimen. Una vez que los derramamientos de sangre se han producido, vienen las exhortaciones hipócritas a la paz. Tanto el presidente Maduro con la presidenta Cristina Fernández, después de emitir numerosas y constantes soflamas bélicas, ahora lanzan recomendaciones angelicales a conservar la paz y respetar los mandatos constitucionales. Pero con estos brindis al sol no se resuelven los problemas. Sería más redituable para los pueblos que los presidentes –como los DT del fútbol–, cuando fracasan, presenten sus renuncias, reconociendo que han agotado su capacidad de enderezar la situación. Invocar la existencia de un mandato bíblico presidencial, que obliga a los ciudadanos a soportar la permanencia del cuestionado personaje a pesar del notorio fracaso de su gestión, parece más una recomendación dirigida a resignados impenitentes que a ciudadanos exigentes.