¿Una nueva actitud?

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En las últimas semanas, y en consonancia con el desordenado ajuste socioeconómico puesto en marcha por el gobierno, los intelectuales kirchneristas han redoblado esfuerzos por ocupar el centro de la escena política, ya sea infligiendo una nueva epístola a los compatriotas, ya sea esgrimiendo convocatorias con pretendidos aires de renovación. Buena parte de las debilidades argumentales, las selectivas cegueras y las inconsecuencias de estas intervenciones han sido agudamente puestas en entredicho por un amplio arco de críticos. Pero tal vez quien clavó el estilete más profundo en la agrietada caparazón del “relato” haya sido Beatriz Sarlo (“Juicio o pacto”, Perfil, 19/1/2014), cuando apuntó a un tema que las huestes culturales oficialistas han cubierto con un pesado manto de silencio, al punto que la palabra ni siquiera es rozada en su última Carta Abierta: ese pequeño detalle llamado corrupción. Hay una resolución difícil, dice la autora, “aunque no más difícil ni más peligrosa que la tomada por Alfonsín cuando derogó la ley de autoamnistía. Y es sencilla de formular: no se garantizará impunidad a los funcionarios del gobierno saliente… No se trata de quedar hundidos en el pasado, sino precisamente de lo contrario: afirmar que el presente y el futuro tienen condiciones. Y que los actos tienen consecuencias legales. Juicio a los corruptos o pacto de amnistía: no hay muchas otras posibilidades”. La propuesta de Sarlo pone blanco sobre negro una cuestión que merece cierto discernimiento: ¿con qué hilos se urde la espesa trama que los intelectuales kirchneristas han tejido en torno a la corrupción? Vale considerar –al menos– tres hipótesis para el debate. La primera se construye trabajosamente en torno a una difícil creencia. Amado Boudou, Lázaro Báez, Rudy Ulloa, los Schoklender, Cristóbal López, los dueños de Electroingeniería, Ricardo Jaime, los Cirigliano, o la propia familia Kirchner, entre muchos otros, son casos comprobados de empresarios (abogados, imprenteros, etc.) “exitosos”, innovadores, casi schumpeterianos, que a fuerza de trabajo, ingenio y constancia han amasado cuantiosas y merecidas fortunas aportando valiosos bienes sociales en el marco de sociedades abiertas y mercados competitivos. Serían como los equivalentes locales de Bill Gates o Steve Jobs. Sospecho que costaría convencer a niños de cinco años con esta fábula, pero habría que hacer la prueba. La segunda nos reubica frente a un tortuoso razonamiento que han elaborado, a lo largo del siglo XX, desde los defensores de la ex-URSS hasta los guardianes culturales de la dictadura castrista, pasando por los funambulescos protectores del chavismo. Esta auténtica maldición sartreana dice así: el horror que enfrentamos es tan vasto y tan abominable (el capitalismo, el imperio norteamericano, el neoliberalismo, etc.) que los pecados “menores” habrán de ser redimidos en un futuro (¿muy lejano?) donde se alce definitivamente triunfadora nuestra voluntad emancipatoria. Vayamos entonces paso a paso: primero destruyamos el capitalismo (o el ismo que corresponda) y luego, con tiempo, nos ocuparemos de los asuntos de retaguardia. El defecto de esta visión es que minusvalora el corrosivo papel de ciertos medios a la hora de pervertir los fines. Como bien anota Sarlo, el problema con la corrupción es que “ataca las bases mismas de confiabilidad que la política necesita para la acción práctica… Si gobiernan corruptos, no hay motivo para cumplir con la ley, excepto la amenaza y la coerción… Cuando se instala la corrupción, la herida moral nos atraviesa a todos”. En esta decadente deriva, no obstante, es posible encontrar alentadoras noticias. El creciente hartazgo con los hechos de corrupción (evidenciado, por ejemplo, durante las masivas movilizaciones sociales del último año y medio) asoma como la contracara de una demanda de nueva institucionalidad que recorre nuestra sociedad. De a poco empieza a vislumbrarse en diferentes actores, por caso, la íntima conexión que hilvana la fragilidad institucional con las evitables muertes de la inseguridad o la imprevisión. A la manera de un “núcleo de buen sentido”, al decir de Gramsci, ese reclamo todavía informe requiere de liderazgos constructivos, capaces de recuperar memorias y sentidos, de producir orientaciones estratégicas y diseños específicos de políticas. Tal vez comenzar a pensar los casos de corrupción como delitos contra la comunidad política puede ser el principio de una renovada arquitectura jurídico-institucional que estamos necesitando. Claro que este rápido examen merece algunas obvias aclaraciones: la corrupción no es un problema exclusivo del kirchnerismo, tampoco empezó con este gobierno y sería muy injusto meter a todos los funcionarios en la misma bolsa. Pero se trata de una cuestión que serpentea los campos de la política, del empresariado, de las dirigencias sindicales y del mundo judicial desde hace muchos años, ramificándose en su marcha, sofisticándose en sus procederes, perfeccionándose en sus impunidades . Por eso esta lucha merecerá los mejores esfuerzos de un verdadero “patriotismo constitucional y social”, como reclaman los intelectuales oficialistas en su reciente Carta. Una patriada que haría más legítima, abarcativa y oportuna la interpelación que enarbolan de cara a diferentes tradiciones políticas: “socialistas, autonomistas, liberales, nacionalistas, radicales, peronistas, izquierdistas, (y) republicanos”. De paso, esta amplia convocatoria permitiría separar aguas al interior del variopinto universo nacional y popular, recortando con nítidos perfiles aquellos referentes que defienden honestamente sus banderas de la nutrida claque de oportunistas. La movida contra la corrupción tendría así el efecto positivo adicional de circunscribir los alcances de una tercera hipótesis. Debajo de algunas vociferantes “pasiones públicas” kirchneristas parece esconderse la mezquina entraña de intereses algo más prosaicos: el receloso cuidado de un alto puesto, la renovación a plazos de suculentos contratos, el hormigueo contrabandeante de oscuras canonjías. (*) Sociólogo (UNLP-Udesa). Miembro del Club Político Argentino

ANTONIO CAMOU (*)