La honestidad vale mucho
La semana pasada, el gobierno nacional se encontraba en una situación bastante complicada al darse cuenta de que, si se aferrara un día más a las estadísticas económicas oficiales, tendría que desembolsar la friolera de 3.600 millones de dólares a los tenedores de bonos vinculados con la evolución del PBI. Naturalmente alarmados por el agujero que haría la pérdida de tanta plata en las ya menguadas reservas del Banco Central, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus asesores económicos decidieron que, dadas las circunstancias, sería mejor anunciar que la tasa de crecimiento del año pasado fue de apenas el 2,9%, no del 4,9% que había dado a entender el Indec poco antes. Lo extraño es que, si bien la reducción llamativa así supuesta ha motivado asombro e indignación entre los bonistas que esperaban cobrar aquel dineral, razón por la que en vísperas del anuncio el valor de los cupones había subido mucho en los mercados internacionales, las consultoras privadas locales coinciden en que la cifra finalmente elegida es mucho más verosímil que la ensayada antes por el Indec. Así las cosas, el gobierno se las ha ingeniado para brindar la impresión de querer estafar a los inversores diciéndoles la verdad o, al menos, algo que se aproxima a ella. Es sumamente difícil estimar con precisión las dimensiones relativas de las distintas economías nacionales y la tasa de crecimiento que están experimentando, de suerte que es normal que los gobiernos ajusten una y otra vez las estadísticas correspondientes, pero las diferencias suelen ser menores, de a lo sumo el 0,2%. Por cierto, escasean los casos en que un gobierno haya pasado de casi el 5%, como se informó oficialmente el 21 de febrero, al 2,9% apenas cinco semanas más tarde. Puesto que quienes se sienten defraudados por el cambio irán a los tribunales, el gobierno tendrá que convencerlos de que era cuestión de un error comprensible, no de un nuevo intento de manipular las estadísticas por motivos políticos o financieros. Todo sería más sencillo si la Argentina fuera un país totalitario cerrado con dos realidades: una para fronteras adentro y otra muy distinta para el resto del mundo. Al gobierno le convendría que la ciudadanía imaginara que la economía crece a tasas chinas, que en la actualidad se acercan al 6% anual, pero que en el exterior los acreedores aún creyeran que el país es tan pobre que sería cruel pedirle saldar sus deudas. Pero, claro está, al gobierno no le es dado desdoblar la verdad como quisiera. Tuvo que optar y, como dijo el expresidente del Banco Central y dirigente del frente centroizquierdista Unen, Alfonso Prat Gay, en esta oportunidad “el bolsillo pudo más que el relato”. ¿Acertó el gobierno? Es de suponer que sí, que los beneficios inmediatos de la maniobra serán mayores que los costos: al fin y al cabo, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Es tan mala la imagen internacional del gobierno kirchnerista, y tan notoria su propensión a mejorar las estadísticas económicas, que sorprendería que el episodio incidiera mucho en su reputación. Si bien últimamente Cristina, el ministro de Economía Axel Kicillof y otros funcionarios han estado procurando congraciarse con los acreedores más importantes, los del Club de París, sus esfuerzos no han sido muy exitosos; sus interlocutores les han dejado saber que desconfiarán de sus promesas hasta recibir un pago inicial que, se informa, podría llegar a 2.000 millones de dólares. Huelga decir que el cambio imprevisto de la tasa oficialmente reconocida de crecimiento del 2013 no los ayudará a convencer a los acreedores, o a los inversores en potencia, de que por fin han decidido que les convendría respetar las mismas reglas financieras que los demás integrantes de la comunidad internacional. Antes bien, a juicio de todos salvo los resueltos a arriesgarse, confirmará que sería mejor esperar hasta que el gobierno de Cristina se haya visto reemplazado por otro, de ideas, actitudes y conducta radicalmente distintas, o sea por uno parecido a los propuestos por los peronistas disidentes, macristas, miembros de Unen o incluso los seguidores de Daniel Scioli que ya han comenzado a viajar por el mundo en busca de empresarios dispuestos a comprometerse a invertir mucho dinero en el país cuando los kirchneristas hayan abandonado el poder.
La semana pasada, el gobierno nacional se encontraba en una situación bastante complicada al darse cuenta de que, si se aferrara un día más a las estadísticas económicas oficiales, tendría que desembolsar la friolera de 3.600 millones de dólares a los tenedores de bonos vinculados con la evolución del PBI. Naturalmente alarmados por el agujero que haría la pérdida de tanta plata en las ya menguadas reservas del Banco Central, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus asesores económicos decidieron que, dadas las circunstancias, sería mejor anunciar que la tasa de crecimiento del año pasado fue de apenas el 2,9%, no del 4,9% que había dado a entender el Indec poco antes. Lo extraño es que, si bien la reducción llamativa así supuesta ha motivado asombro e indignación entre los bonistas que esperaban cobrar aquel dineral, razón por la que en vísperas del anuncio el valor de los cupones había subido mucho en los mercados internacionales, las consultoras privadas locales coinciden en que la cifra finalmente elegida es mucho más verosímil que la ensayada antes por el Indec. Así las cosas, el gobierno se las ha ingeniado para brindar la impresión de querer estafar a los inversores diciéndoles la verdad o, al menos, algo que se aproxima a ella. Es sumamente difícil estimar con precisión las dimensiones relativas de las distintas economías nacionales y la tasa de crecimiento que están experimentando, de suerte que es normal que los gobiernos ajusten una y otra vez las estadísticas correspondientes, pero las diferencias suelen ser menores, de a lo sumo el 0,2%. Por cierto, escasean los casos en que un gobierno haya pasado de casi el 5%, como se informó oficialmente el 21 de febrero, al 2,9% apenas cinco semanas más tarde. Puesto que quienes se sienten defraudados por el cambio irán a los tribunales, el gobierno tendrá que convencerlos de que era cuestión de un error comprensible, no de un nuevo intento de manipular las estadísticas por motivos políticos o financieros. Todo sería más sencillo si la Argentina fuera un país totalitario cerrado con dos realidades: una para fronteras adentro y otra muy distinta para el resto del mundo. Al gobierno le convendría que la ciudadanía imaginara que la economía crece a tasas chinas, que en la actualidad se acercan al 6% anual, pero que en el exterior los acreedores aún creyeran que el país es tan pobre que sería cruel pedirle saldar sus deudas. Pero, claro está, al gobierno no le es dado desdoblar la verdad como quisiera. Tuvo que optar y, como dijo el expresidente del Banco Central y dirigente del frente centroizquierdista Unen, Alfonso Prat Gay, en esta oportunidad “el bolsillo pudo más que el relato”. ¿Acertó el gobierno? Es de suponer que sí, que los beneficios inmediatos de la maniobra serán mayores que los costos: al fin y al cabo, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Es tan mala la imagen internacional del gobierno kirchnerista, y tan notoria su propensión a mejorar las estadísticas económicas, que sorprendería que el episodio incidiera mucho en su reputación. Si bien últimamente Cristina, el ministro de Economía Axel Kicillof y otros funcionarios han estado procurando congraciarse con los acreedores más importantes, los del Club de París, sus esfuerzos no han sido muy exitosos; sus interlocutores les han dejado saber que desconfiarán de sus promesas hasta recibir un pago inicial que, se informa, podría llegar a 2.000 millones de dólares. Huelga decir que el cambio imprevisto de la tasa oficialmente reconocida de crecimiento del 2013 no los ayudará a convencer a los acreedores, o a los inversores en potencia, de que por fin han decidido que les convendría respetar las mismas reglas financieras que los demás integrantes de la comunidad internacional. Antes bien, a juicio de todos salvo los resueltos a arriesgarse, confirmará que sería mejor esperar hasta que el gobierno de Cristina se haya visto reemplazado por otro, de ideas, actitudes y conducta radicalmente distintas, o sea por uno parecido a los propuestos por los peronistas disidentes, macristas, miembros de Unen o incluso los seguidores de Daniel Scioli que ya han comenzado a viajar por el mundo en busca de empresarios dispuestos a comprometerse a invertir mucho dinero en el país cuando los kirchneristas hayan abandonado el poder.
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