Ley de Lynch
A juicio de ciertos “garantistas” que aún no se han recuperado de la desagradable sorpresa que les produjo la embestida del diputado Sergio Massa contra el borrador de una eventual reforma del Código Penal que, según él, privilegiaría a los delincuentes habituales, una consecuencia inmediata del intento del precandidato presidencial de hacer pensar que al gobierno kirchnerista le importa muy poco la seguridad ciudadana ha sido una ola de linchamientos. En los últimos días, en Rosario un joven que había procurado arrebatarle el bolso a una mujer murió luego de recibir una golpiza feroz a manos de una turba de vecinos enfurecidos, mientras que otros tres sujetos quedaron heridos en episodios similares, lo mismo que un “motochorro” en el barrio porteño de Palermo, un ladrón en Roca y otros casos más. Según los interesados en aprovechar políticamente la brutal reacción de los responsables de asesinar al rosarino y de otros que trataron de emularlos, Massa ha dado a entender que al gobierno kirchnerista no le interesan los derechos de las víctimas de delincuentes violentos, de suerte que a la gente honesta no le queda más alternativa que hacer justicia por mano propia. Se trata de una actualización oportunista de la teoría oficialista conforme a la cual los medios independientes y los dirigentes opositores se han combinado para difundir una “sensación” de inseguridad por motivos comerciales o políticos, exagerando groseramente la gravedad de lo que está sucediendo en el país. Para quienes piensan así, la Argentina no ha dejado de ser un país relativamente tranquilo y, de todos modos, en todas las grandes ciudades del mundo, entre ellas las de los países avanzados, se producen hechos parecidos sin que la gente se sienta desprotegida. Con todo, si bien, de acuerdo con las estadísticas disponibles, el conurbano bonaerense y hasta Rosario siguen siendo menos peligrosos que lugares como Washington o Caracas, no cabe duda de que en los últimos años ha aumentado la tasa de criminalidad y los delincuentes suelen ser mucho más violentos que antes, un fenómeno que puede atribuirse a la proliferación de las drogas. Por razones evidentes, la falta de confianza en el gobierno y la policía que se ha generalizado en los últimos meses ha contribuido mucho a “la sensación” de que el país está deslizándose hacia la anarquía. A menos que los políticos logren restaurar el respeto por las autoridades legítimas, los linchamientos no podrán sino multiplicarse, lo que para un país que ya ha entrado en una etapa turbulenta sería desastroso. Al autoacuartelarse unidades policiales a finales del año pasado comenzaban a formarse grupos de autodefensa vecinales dispuestos a mantener a raya a las pandillas de saqueadores que se preparaban para atacarlos. Por fortuna aquella emergencia duró relativamente poco, pero sirvió para advertirnos que muchos que se sienten amenazados por delincuentes son reacios a resignarse pasivamente a verse despojados de sus bienes y, tal vez, de su vida. Si, por los motivos que fueran, el Estado brinda la impresión de no estar dispuesto a cumplir las funciones que en principio le son indelegables, otros se movilizarán para llenar el vacío resultante. En todas las sociedades, pero en especial las que –como la nuestra– carecen de instituciones a un tiempo fuertes y confiables, el desorden –o el temor al desorden– estimula la disgregación al convencer a sus integrantes de que en última instancia tendrán que depender por completo de sus propios esfuerzos. Turbas despiadadas como las que han estado reaccionando con furia sanguinaria frente al desafío planteado por delincuentes que se forman cuando personas que en circunstancias normales respetarían la ley se sienten abandonadas a su suerte. Mal que les pese a los “garantistas”, no fue necesario que un político como Massa les diera una señal al criticar la presunta indiferencia, no sólo de los kirchneristas sino también de juristas procedentes del radicalismo y de PRO, ante los estragos perpetrados por los delincuentes. Ya sabían que el grueso de la clase política nacional se sentía desbordado por los problemas nada sencillos planteados por la violencia creciente en un país que, según parece, no cuenta con los recursos económicos, o la fortaleza institucional, que le permitirían atenuarlos.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 2 de abril de 2014
A juicio de ciertos “garantistas” que aún no se han recuperado de la desagradable sorpresa que les produjo la embestida del diputado Sergio Massa contra el borrador de una eventual reforma del Código Penal que, según él, privilegiaría a los delincuentes habituales, una consecuencia inmediata del intento del precandidato presidencial de hacer pensar que al gobierno kirchnerista le importa muy poco la seguridad ciudadana ha sido una ola de linchamientos. En los últimos días, en Rosario un joven que había procurado arrebatarle el bolso a una mujer murió luego de recibir una golpiza feroz a manos de una turba de vecinos enfurecidos, mientras que otros tres sujetos quedaron heridos en episodios similares, lo mismo que un “motochorro” en el barrio porteño de Palermo, un ladrón en Roca y otros casos más. Según los interesados en aprovechar políticamente la brutal reacción de los responsables de asesinar al rosarino y de otros que trataron de emularlos, Massa ha dado a entender que al gobierno kirchnerista no le interesan los derechos de las víctimas de delincuentes violentos, de suerte que a la gente honesta no le queda más alternativa que hacer justicia por mano propia. Se trata de una actualización oportunista de la teoría oficialista conforme a la cual los medios independientes y los dirigentes opositores se han combinado para difundir una “sensación” de inseguridad por motivos comerciales o políticos, exagerando groseramente la gravedad de lo que está sucediendo en el país. Para quienes piensan así, la Argentina no ha dejado de ser un país relativamente tranquilo y, de todos modos, en todas las grandes ciudades del mundo, entre ellas las de los países avanzados, se producen hechos parecidos sin que la gente se sienta desprotegida. Con todo, si bien, de acuerdo con las estadísticas disponibles, el conurbano bonaerense y hasta Rosario siguen siendo menos peligrosos que lugares como Washington o Caracas, no cabe duda de que en los últimos años ha aumentado la tasa de criminalidad y los delincuentes suelen ser mucho más violentos que antes, un fenómeno que puede atribuirse a la proliferación de las drogas. Por razones evidentes, la falta de confianza en el gobierno y la policía que se ha generalizado en los últimos meses ha contribuido mucho a “la sensación” de que el país está deslizándose hacia la anarquía. A menos que los políticos logren restaurar el respeto por las autoridades legítimas, los linchamientos no podrán sino multiplicarse, lo que para un país que ya ha entrado en una etapa turbulenta sería desastroso. Al autoacuartelarse unidades policiales a finales del año pasado comenzaban a formarse grupos de autodefensa vecinales dispuestos a mantener a raya a las pandillas de saqueadores que se preparaban para atacarlos. Por fortuna aquella emergencia duró relativamente poco, pero sirvió para advertirnos que muchos que se sienten amenazados por delincuentes son reacios a resignarse pasivamente a verse despojados de sus bienes y, tal vez, de su vida. Si, por los motivos que fueran, el Estado brinda la impresión de no estar dispuesto a cumplir las funciones que en principio le son indelegables, otros se movilizarán para llenar el vacío resultante. En todas las sociedades, pero en especial las que –como la nuestra– carecen de instituciones a un tiempo fuertes y confiables, el desorden –o el temor al desorden– estimula la disgregación al convencer a sus integrantes de que en última instancia tendrán que depender por completo de sus propios esfuerzos. Turbas despiadadas como las que han estado reaccionando con furia sanguinaria frente al desafío planteado por delincuentes que se forman cuando personas que en circunstancias normales respetarían la ley se sienten abandonadas a su suerte. Mal que les pese a los “garantistas”, no fue necesario que un político como Massa les diera una señal al criticar la presunta indiferencia, no sólo de los kirchneristas sino también de juristas procedentes del radicalismo y de PRO, ante los estragos perpetrados por los delincuentes. Ya sabían que el grueso de la clase política nacional se sentía desbordado por los problemas nada sencillos planteados por la violencia creciente en un país que, según parece, no cuenta con los recursos económicos, o la fortaleza institucional, que le permitirían atenuarlos.
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