Ubicuo y ausente

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En la segunda mitad de los años noventa, cuando hacía agua la gestión del presidente Carlos Menem, se puso de moda lamentar la “ausencia del Estado” que progresistas atribuían a las privatizaciones realizadas por el gobierno peronista. Mucho ha cambiado desde entonces, pero parecería que a juicio de los dirigentes de las distintas agrupaciones opositoras el Estado sigue ausente a pesar de la cantidad fabulosa de dinero que los kirchneristas han gastado con el propósito de agrandarlo. Según el diputado Sergio Massa y sus simpatizantes, además de su exaliado, el jefe del gobierno porteño Mauricio Macri, los linchamientos de los días últimos que tanto revuelo han provocado se han debido a que la Policía, es decir el Estado, no es capaz de cumplir su función básica de garantizar, en cuanto sea posible, la seguridad ciudadana. Aunque los opositores hablan así a fin de mortificar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusándola de haber impulsado, sin proponérselo, un programa sociopolítico muy similar al menemista, es evidente que hay muchos que creen que, si el Estado deja desprotegida a la gente, es natural que se formen grupos de vengadores resueltos a castigar con violencia brutal a aquellos delincuentes que logren atrapar. De todos modos, a esta altura no sirve para mucho reiniciar el debate más que centenario acerca de los pros y los contras de la “presencia” o la “ausencia” del Estado. El problema es que aquí el Estado es ubicuo pero es como si estuviera ausente. La situación paradójica así supuesta es una consecuencia lógica de la cultura política populista. Para la fracción gobernante de turno, es habitual tomar el sector público por la parte más valiosa del botín que corresponde a los triunfadores electorales. Los militantes suelen aprovecharlo para adquirir aún más poder y, a menudo, para brindar a los leales oportunidades para enriquecerse. Desde el punto de vista de quienes “van por todo”, sería absurdo pedirles poner el Estado al servicio de toda la sociedad sin discriminar entre sus integrantes según criterios partidarios. Puesto que casi todos los gobiernos recientes han compartido esta misma actitud, el país posee un sector público que es a un tiempo elefantiásico y penosamente torpe y cuyas deficiencias son notorias. La alternativa más sencilla, ya que no requeriría demasiado esfuerzo, a esta realidad deprimente sería reducir el Estado a dimensiones mínimas, pero por una multitud de motivos, tanto políticos como humanitarios, en una sociedad como la nuestra pocos recomendarían abandonar a su suerte a los millones que no están en condiciones de valerse por sí mismos. Otra alternativa, una que es mucho más difícil, consistiría en reformar integralmente el Estado, profesionalizándolo y despolitizándolo, para que andando el tiempo funcionara con la misma eficacia que las instituciones públicas de países como Alemania y Francia que, sin ser perfectas, son muy superiores a las argentinas. Por desgracia, los que, como Cristina y los intelectuales orgánicos del kirchnerismo, reivindican con más fervor el papel del Estado no tienen interés alguno en reformarlo, ya que lo que quieren hacer es sumarlo a su propio movimiento político transformándolo en un aparato clientelista gigantesco. Para quienes sucedan a los kirchneristas en el gobierno, la tentación de actuar del mismo modo será con toda seguridad muy fuerte, pero puede que la falta de recursos financieros les impida limitarse a ubicar en cargos clave a su propia gente sin sentirse constreñidos a intentar reformas que podrían serles políticamente costosas. Al fin y al cabo, la “ausencia” del Estado que tantos están denunciando no puede imputarse a una eventual voluntad kirchnerista de ahorrar dinero, ya que en el transcurso de la “década ganada” el gasto público subió de manera realmente espectacular. Parecería que no hay relación alguna entre la cantidad de dinero recaudado por un gobierno determinado y el desempeño de los distintos organismos que conforman el sector público. Sus muchas deficiencias se deben exclusivamente a una incapacidad aparente de los populistas para entender que, en un país democrático, el Estado no puede tratarse como parte de la propiedad del grupo político coyunturalmente más popular, ya que para funcionar bien necesita contar con tanta autonomía como el Poder Judicial.