De la dispersión a la acción
El viernes, el gobierno alzó nivel con la renegociación petrolera. Weretilneck sufrió con la antigüedad, los sueldos y federales en Bariloche.
DE DOMINGO A DOMINGO
El poder es resbaladizo en ocasiones. Forma grumos, pierde homogeneidad y se dispersa cuando lo aqueja la debilidad. A veces, se reagrupa y avanza.
En estos días, la dispersión de poder en Río Negro se notó en reclamos gremiales, en planteos políticos, en los debates parlamentarios, en la relación con el gobierno nacional.
El desembarco en Bariloche de fuerzas federales sin conexión durante varios días con el plan de seguridad provincial fue el caso más emblemático. Tres niveles de autoridad en disputa: dispersión.
Y la acción comenzó a perfilarse recién el viernes, cuando el oficialismo obtuvo un logro notable y otro previsible: la renegociación de los contratos petroleros con Petrobras, Tecpetrol y Entre Lomas -que se suman a los firmados con YPF y su controlada Ysur- y la aprobación parlamentaria del plus millonario a empresas constructoras.
Sin el texto de los contratos ni tiempo para cumplir con los requisitos de una audiencia pública, una ola de críticas envuelve a la «buena noticia» petrolera.
El aval al pago a constructoras sigue siendo a ciegas. La falta de información atrapó a la oposición, que no quiso quedar como responsable de la paralización de obras y la pérdida de empleos.
Podrá decirse que por una de esas novedades ingresará dinero y por la otra saldrán fondos. Según cómo se mire. En los dos casos habrá rédito directo para el gobernador Alberto Weretilneck, y es probable que no sólo el derivado de la reactivación de la obra pública y de la actividad hidrocarburífera.
Hasta que eso sucedió, una sensación de baja en la capacidad de atracción de las fuerzas convencionales se advertía en un Estado complejo y crispado.
El gobierno perdió el control de la discusión salarial de fin de año.
Decidió no otorgar un bono adicional a los estatales y unificar los porcentajes de aumento a definir en las paritarias por sectores de la Administración.
Por su cuenta, el vicegobernador Pedro Pesatti anunció un bono de tres mil pesos a los legislativos y elevó el piso de la discusión salarial al incorporar al básico el aguinaldo, que se pagaba en cuotas mensuales. Es decir, dio un 8,33% de aumento que se sumará al porcentaje a definir en paritarias.
Tal liviandad con dinero del Estado sólo puede entenderse en quien sabe que su sector, relativamente pequeño, no mueve las cifras globales del presupuesto.
La reacción fue inmediata. El resto de los estatales pidió igual trato y ATE denunció discriminación y protestas.
Antes, el mismo gobierno echó de la fuerza a varios policías porque reclamaron una mejora de condiciones salariales y laborales frente al palco donde el gobernador presidía un acto, en Cinco Saltos. Peticionar en forma pacífica fue, para el ministro Gastón Pérez Estevan, una «grave afrenta contra la institución y contra las autoridades legalmente impuestas por la ciudadanía».
Media biblioteca defiende el derecho de policías y penitenciarios a sindicalizarse y la mayoría de los países occidentales lo permite. Acá, todavía es tema en debate. Aun así, dejar a personas sin trabajo por reclamar sin alterar el orden resulta desmesurado por varias razones: no hubo gradualidad en la sanción, no estuvo precedida por un sumario que garantizara el derecho a defensa. Y, principalmente, porque proviene de un gobierno que, hace un año, cedió a una presión policial violenta otorgando un aumento que fue celebrado por el ministro y el jefe de Policía como un logro.
La dispersión siguió en el gobierno.
El viernes, Weretilneck dijo que «no estamos en condiciones de pagar un bono de fin de año». Y lo cruzó a Pesatti. «Creo que con el sueldo que tienen los legislativos no necesitaban un bono, pero de todos modos hay división de poderes y tanto el Poder Judicial como el Legislativo fijan su propia política salarial».
Sabe que no es cierto. Él mismo autorizó que el Presupuesto 2015 le recortara al Poder Judicial en dos tercios la pretensión de aumento en sus partidas, lo que -en la práctica- impedirá a la Justicia ejercer su política salarial e implementar los organismos creados por ley.
Llamativo fue su error conceptual. Weretilneck negó a los policías la posibilidad de sindicalizarse por ser «una fuerza militar». No lo es.
La policía es una fuerza civil. Sus integrantes son empleados públicos encargados del servicio de seguridad.
Podría invocarse que la habilitación estatal para portar armas los inviste de un poder simbólico que debe ir acompañado por una mayor responsabilidad.
Pero la respuesta oficial resulta cómoda, contradictoria de la creación de una mesa de diálogo sobre temas laborales e insuficiente argumento para impedir el ejercicio de un derecho constitucional.
Esa misma sensación de dispersión, de falta de claridad que deriva en acciones de baja consistencia, se vio en la iniciativa oficial para restituir la antigüedad a los estatales.
La cuestión se inscribe en un padecimiento crónico en el Estado: se incorporan empleados por favores políticos, que luego son pasados a planta permanente, se asignan adicionales en negro que luego se suman al básico… Lo transitorio se vuelve permanente, se violan las normas de transparencia y se distorsiona el salario estatal, pasando por encima del principio de igual remuneración por igual tarea y generando un desorden injusto.
Un proyecto del oficialismo para garantizar en un futuro impreciso el reconocimiento de la antigüedad terminó capitalizado por la oposición, producto de un exceso de confianza y una inadecuada ponderación de las propias fuerzas.
No sólo sufrió el gobierno. El secretario general de la UPCN, Juan Carlos Scalesi, fue golpeado por partida doble. Le atribuyeron la pérdida de la antigüedad a un acuerdo suyo, cuando actuaba como «ministro sin cartera» de Pablo Verani.
Así como Weretilneck se confundió al creer que tiene la mayoría parlamentaria para todo, Scalesi se equivocó al creer que le bastaría acordar con el gobernador.
En la Legislatura perdieron protagonismo uno y otro cuando la oposición, la agrupación gremial EPUC y ATE se hicieron fuertes en plenario de comisiones.
Para el oficialismo y los radicales aliados fue papelón. Sus diputados no firmaron el dictamen, pero después votaron la ley y salieron a atribuirse el mérito.
Hacia las elecciones
Cuando ya todos ponían en duda su realización, el Ejecutivo parece resuelto al fin a avanzar en la reglamentación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
El proyecto de decreto incluye una sorpresa. En su artículo 6 permite que las alianzas pueden -al conformarse- definir que harán acuerdos de adhesión de boletas con otras agrupaciones ajenas a su coalición que hayan ganado en las PASO de su sector.
En definitiva: los ciudadanos votarán una cosa, pero luego en la general podrán encontrarse con otra ecuación de fuerzas.
Con las críticas de la oposición, el gobierno logra un primer objetivo: quita la mira de su gestión y la enfoca en la próxima meta, las elecciones.
ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar
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