Paso clave para que el caso Guanziroli vaya a juicio

BARILOCHE

BARILOCHE (AB).- El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro resolvió anular una resolución de la Cámara Criminal Primera que había rechazado un recurso del defensor oficial Juan Pablo Laurence para no seguir con la representación de Honorio Marín, imputado por el brutal homicidio de María Amalia Guanziroli. La defensa deberá asumirla la defensora oficial subrogante Romina Martini.

El conflicto por definir al defensor de Marín demandó casi un año de idas y vueltas. El fiscal Guillermo Lista pidió en marzo del año pasado al juez Martín Lozada que clausurara la etapa de instrucción y elevara a juicio la causa. Luego, se originó la disputa por definir qué funcionario judicial asumía la defensa del acusado.

Marín está imputado como presunto autor de la violación y posterior homicidio de Guanziroli. El hecho ocurrió el 26 de julio de 2013, en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Santa Cruz del barrio San Ignacio del Cerro, en la zona oeste de la ciudad. Marín conocía a la víctima porque realizaba tareas de jardinería en forma ocasional.

Según la acusación fiscal, Marín ingresó a la casa, atacó a la mujer y luego la sometió sexualmente. Para ocultar la violación, mató a la víctima.

La mujer de 68 años fue hallada por su hija la mañana del 27 de julio de 2013, atada a la cama, golpeada y con una bolsa de nylon en la cabeza. La autopsia estableció que sufrió un abuso sexual y que murió por asfixia. Marín fue detenido ese mismo día y desde entonces está alojado en el Penal 3.

El juez Martín Lozada procesó con prisión preventiva a finales de noviembre del 2013 a Marín como presunto autor de un delito penado con prisión perpetua.

En marzo del año pasado, Lista pidió la elevación a juicio de la causa. Pero Laurence solicitó dejar la defensa de Marín porque había sido designado por la Procuradora como defensor de ejecución penal.

La defensa de Marín se transformó desde el inicio de la causa en un tema espinoso para los defensores oficiales, porque la hija de la víctima es empleada del Poder Judicial.