Soria denunció al juez Igoldi por presunto prevaricato

La diputada nacional consideró que el magistrado dictó resoluciones contratias a la ley en una causa contra Sartor.

Redacción

Por Redacción

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La diputada nacional María Emilia Soria denunció al juez Favio Igoldi de haber incurrido en el presunto delito de prevaricato por haber sobreseído al exlegislador y extitular del área de Desarrollo Social de Río Negro, Daniel Sartor, en una causa en la que se investigaba su enriquecimiento ilícito, sin previamente haber dado vista al fiscal de Cámara como establece el artículo 320 del Código Procesal Penal.

La parlamentaria, en su presentación ante la UFIT 3 de Roca, lo acusa de haber dictado resoluciones contrarias a la ley debido a que en marzo pasado, el magistrado obvió el paso de pedir dictamen al fiscal de alzada, luego de que la fiscal de primera instancia, Itziar Soly, desincriminara al exfuncionario que se encontraba procesado.

E 17 de abril de 2009 la entonces defensora del Pueblo, Ana Piccinini denunció al, en ese momento, legislador, por el presunto incremento desproporcionado de su patrimonio. “Tras 5 años de parsimoniosa investigación judicial no exenta de situaciones inverosímiles (dice Soria enumerando varias publicaciones que dan cuenta de aquella larga sucesión de hechos vinculados al expediente) y tras la intervención de diferentes jueces y fiscales, Sartor fue procesado en febrero de 2014 por Igoldi”, sostiene la denuncia.

La diputada relata que el procesamiento fue confirmado por la Cámara Criminal y en noviembre de 2014 el juez consideró concluida la etapa investigativa y dispuso la elevación a juicio. Soly, que había sido designada en julio de ese año, pidió “inexplicablemente el sobreseimiento total”, según opinó Soria, por considerar que tal incremento patrimonial no configura delito.

Frente a esto, Igoldi sostuvo que siendo la agente fiscal la titular de la acción penal su dictamen desincriminante hacia el imputado aparece como obligatorio. Aclaró que en virtud del fallo “Quiroga” de la Corte Suprema no podía poner en práctica el artículo 320 del CPP.

Este parágrafo justamente hace referencia a que en caso de no compartir el criterio del fiscal, el juez debe dar vista al fiscal de Cámara. Textualmente Igoldi dice en su resolución que “no comparto el dictamen fiscal y que el imputado Sartor lejos ha estado de justificar mínimamente el desproporcionado aumento de su patrimonio al momento de ejercer la función pública”. No obstante ello, ordenó sobreseer.

La diputada Soria realizó fuertes acusaciones, recordando que Igoldi fue funcionario del Servicio Penitenciario en tiempos de Miguel Saiz, apoderado del partido Redes, que conducía Fabián Gatti, actual jefe de la Policía, asesor legislativo de Marta Arriaga, esposa del actual legislador oficialista, Jorge Barragán, entre otras funciones. “Estamos ante un verdadero ladero político del gobierno provincial”, dijo Soria. Recordó que fue designado por un Consejo de la Magistratura integrado mayoritariamente por referentes del partido del mandatario Alberto Weretilneck, al que vincula con Sartor.

Cuestionó su independencia y manifestó que su objetivo es dotar de impunidad a los exfuncionarios radicales que conforman la nueva alianza política de Weretilneck. Por su parte, a la fiscal Itziar Soly también la relacionó con el gobierno por ser esposa del actual director de Pesca, Jorge Bridi.

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