Encrucijada petrolera
Sobre llovido, mojado. Las nuevas caídas del precio internacional del petróleo con que arrancó el 2016 le agregan una complicación adicional al gobierno de Mauricio Macri. Al desplome externo del petróleo a 30 dólares por barril se suman otras cuestiones heredadas de la era K y también presiones internas que entrelazan a actores políticos, sindicales y empresarios. El epicentro del problema se ubica en estos días en la provincia de Chubut, donde el gobernador Mario Das Neves se puso al frente de un reclamo tripartito para preservar las fuentes de trabajo en los yacimientos petroleros de la cuenca de San Jorge. Allí, unos 4.000 trabajadores de YPF, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol y Enap-Sipetrol, así como de sus proveedores de equipos, tienen vacaciones forzadas desde diciembre del 2015 como una manera encubierta de evitar suspensiones o despidos. La raíz del conflicto es el reclamo de un tratamiento diferencial para el precio del petróleo de exportación, después de que el 31 de diciembre pasado venciera el plazo de vigencia del subsidio de 3 dólares por barril que el gobierno de Cristina Kirchner había otorgado al sector a fines del 2014 (cuando también se acordó el denominado “barril criollo” para mantener las regalías, la actividad y el empleo en el sector). La resolución respectiva no fue prorrogada por el nuevo ministro de Energía, Juan José Aranguren, y afectó especialmente a aquellas empresas, algunas de las cuales destinan entre 30 y 50% de la producción en esos yacimientos a mercados externos, una proporción que supera al promedio nacional de 8% de exportaciones con respecto a la producción total del país. La cuestión cobró más visibilidad cuando, a fin de año, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, dispuso la conciliación obligatoria para frenar despidos en Tecpetrol, aunque en la compañía aseguran no haber enviado ningún telegrama a su personal. No obstante, en el sector admiten que la perspectiva es complicada: los costos internos ya superaban al precio internacional cuando el crudo cotizaba a 40 dólares el barril y el perjuicio se amplió en este nuevo año al ubicarse en torno de 30 dólares. De ahí a reducir la actividad y las inversiones en esos yacimientos hay un trecho muy corto. Hace una semana, el gobernador Das Neves convocó en Rawson para tratar “institucionalmente” la situación a representantes de la Cámara de Empresas del Golfo San Jorge, de todas las operadoras y dirigentes de los sindicatos de petroleros privados, Petroleros Jerárquicos, Uocra y Camioneros. También participaron los intendentes municipales de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Río Mayo y Rada Tilly, así como legisladores nacionales de la provincia. Al cabo del encuentro, se emitió una declaración conjunta en la que se consideró “auspicioso que el Ministerio de Energía de la Nación haya propuesto un esquema transitorio de precios internos del petróleo y del gas que contribuyen a programar un nivel razonable de actividad para la producción de crudo que se destina al mercado local”. Pero solicitan “un tratamiento equitativo al precio del petróleo de exportación” y se comprometen a realizar “los máximos esfuerzos para mejorar la eficiencia y la productividad de las operaciones, factor indispensable para hacer sustentable esta actividad”. No obstante, al final del documento los representantes gremiales agregaron un párrafo adicional en el que advierten que “de no resolverse la problemática planteada al 20 de enero del 2016, quedarán en libertad de acción no pudiendo garantizar la paz social”. Comenzó así una cuenta regresiva que ya incluyó la semana pasada un encuentro entre Das Neves y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, así como una movilización de 8.000 trabajadores petroleros en la localidad santacruceña de Caleta Olivia. Este conflicto en ciernes coloca en una encrucijada a la Casa Rosada. Macri había asegurado días atrás, en el reportaje publicado por el diario “Río Negro”, que el precio doméstico del petróleo se mantendrá por encima del internacional para preservar la actividad y las fuentes de trabajo del sector. Lo mismo repitió días más tarde el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, en la conferencia de prensa donde anunció el programa para reducir gradualmente el déficit fiscal en cuatro años. Ambos admitieron así implícitamente que el “barril criollo” que las petroleras venden a las refinerías (reducido a fin de año en 10%, al equivalente de 54,90 y 67 dólares el barril para crudos pesados y livianos) se traducirá en un mayor precio interno de los combustibles, que ya aumentaron 6% en enero y sumarán otro tanto en marzo debido a la suba del tipo de cambio único. Sin embargo, no se refirieron a la eliminación del subsidio a la exportación, que no habría sido prorrogado por razones fiscales; ni tampoco a su impacto sobre el empleo, principalmente en los yacimientos de la cuenca de San Jorge. Tampoco está claro su costo fiscal, que algunas compañías calculan en 30 millones de dólares anuales y otras multiplican entre cinco y diez veces. No todas las petroleras están en la misma situación con respecto al crudo pesado (Escalante) que extraen en diferentes volúmenes de esos yacimientos del Golfo y sólo en parte puede ser procesado en destilerías locales. Por caso, YPF prevé rehabilitar a mediados de este año la planta de coque incendiada en la destilería de La Plata y eso le permitirá refinar buena parte de su producción excedente. PAE, a su vez, procesa 70% en la destilería de Campana de su controlada Axion (ex-Esso), pero debe exportar el 30% restante ante la imposibilidad de refinar el total. Del mismo modo, las operadoras no integradas están obligadas a exportar a pérdida gran parte de la producción de esta variedad de petróleo, que no logran colocar en el mercado interno a mayor precio y a la vez carecen de destilerías propias. La opción subsidios vs. empleo planteada por Das Neves tampoco sería excluyente. Las operadoras que más volúmenes exportan impulsan la continuidad del subsidio estatal, que choca con el flamante programa fiscal de Prat Gay. En cambio, otras proponen como variante que el monto equivalente al subsidio sea incorporado al precio del “barril criollo”, para que su costo quede repartido entre los consumidores de combustibles a través de un precio doméstico algo más alto. Pero esta alternativa va contra la intención del gobierno de Macri de no incrementar los costos del transporte de cargas para frenar la inflación, ni restar competitividad a los sectores beneficiados por la devaluación y eliminación de retenciones. En definitiva, todo dependerá de una decisión política que, en función de la presión sindical avalada por el gobierno chubutense, ahora tiene las características de una carrera contra el reloj.
El Gobierno no hizo referencia a la eliminación del subsidio a la exportación, que no habría sido prorrogado por razones fiscales.
Néstor Scibona nestorscibona@gmail.com Especial para “Río Negro”
Sobre llovido, mojado. Las nuevas caídas del precio internacional del petróleo con que arrancó el 2016 le agregan una complicación adicional al gobierno de Mauricio Macri. Al desplome externo del petróleo a 30 dólares por barril se suman otras cuestiones heredadas de la era K y también presiones internas que entrelazan a actores políticos, sindicales y empresarios. El epicentro del problema se ubica en estos días en la provincia de Chubut, donde el gobernador Mario Das Neves se puso al frente de un reclamo tripartito para preservar las fuentes de trabajo en los yacimientos petroleros de la cuenca de San Jorge. Allí, unos 4.000 trabajadores de YPF, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol y Enap-Sipetrol, así como de sus proveedores de equipos, tienen vacaciones forzadas desde diciembre del 2015 como una manera encubierta de evitar suspensiones o despidos. La raíz del conflicto es el reclamo de un tratamiento diferencial para el precio del petróleo de exportación, después de que el 31 de diciembre pasado venciera el plazo de vigencia del subsidio de 3 dólares por barril que el gobierno de Cristina Kirchner había otorgado al sector a fines del 2014 (cuando también se acordó el denominado “barril criollo” para mantener las regalías, la actividad y el empleo en el sector). La resolución respectiva no fue prorrogada por el nuevo ministro de Energía, Juan José Aranguren, y afectó especialmente a aquellas empresas, algunas de las cuales destinan entre 30 y 50% de la producción en esos yacimientos a mercados externos, una proporción que supera al promedio nacional de 8% de exportaciones con respecto a la producción total del país. La cuestión cobró más visibilidad cuando, a fin de año, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, dispuso la conciliación obligatoria para frenar despidos en Tecpetrol, aunque en la compañía aseguran no haber enviado ningún telegrama a su personal. No obstante, en el sector admiten que la perspectiva es complicada: los costos internos ya superaban al precio internacional cuando el crudo cotizaba a 40 dólares el barril y el perjuicio se amplió en este nuevo año al ubicarse en torno de 30 dólares. De ahí a reducir la actividad y las inversiones en esos yacimientos hay un trecho muy corto. Hace una semana, el gobernador Das Neves convocó en Rawson para tratar “institucionalmente” la situación a representantes de la Cámara de Empresas del Golfo San Jorge, de todas las operadoras y dirigentes de los sindicatos de petroleros privados, Petroleros Jerárquicos, Uocra y Camioneros. También participaron los intendentes municipales de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Río Mayo y Rada Tilly, así como legisladores nacionales de la provincia. Al cabo del encuentro, se emitió una declaración conjunta en la que se consideró “auspicioso que el Ministerio de Energía de la Nación haya propuesto un esquema transitorio de precios internos del petróleo y del gas que contribuyen a programar un nivel razonable de actividad para la producción de crudo que se destina al mercado local”. Pero solicitan “un tratamiento equitativo al precio del petróleo de exportación” y se comprometen a realizar “los máximos esfuerzos para mejorar la eficiencia y la productividad de las operaciones, factor indispensable para hacer sustentable esta actividad”. No obstante, al final del documento los representantes gremiales agregaron un párrafo adicional en el que advierten que “de no resolverse la problemática planteada al 20 de enero del 2016, quedarán en libertad de acción no pudiendo garantizar la paz social”. Comenzó así una cuenta regresiva que ya incluyó la semana pasada un encuentro entre Das Neves y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, así como una movilización de 8.000 trabajadores petroleros en la localidad santacruceña de Caleta Olivia. Este conflicto en ciernes coloca en una encrucijada a la Casa Rosada. Macri había asegurado días atrás, en el reportaje publicado por el diario “Río Negro”, que el precio doméstico del petróleo se mantendrá por encima del internacional para preservar la actividad y las fuentes de trabajo del sector. Lo mismo repitió días más tarde el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, en la conferencia de prensa donde anunció el programa para reducir gradualmente el déficit fiscal en cuatro años. Ambos admitieron así implícitamente que el “barril criollo” que las petroleras venden a las refinerías (reducido a fin de año en 10%, al equivalente de 54,90 y 67 dólares el barril para crudos pesados y livianos) se traducirá en un mayor precio interno de los combustibles, que ya aumentaron 6% en enero y sumarán otro tanto en marzo debido a la suba del tipo de cambio único. Sin embargo, no se refirieron a la eliminación del subsidio a la exportación, que no habría sido prorrogado por razones fiscales; ni tampoco a su impacto sobre el empleo, principalmente en los yacimientos de la cuenca de San Jorge. Tampoco está claro su costo fiscal, que algunas compañías calculan en 30 millones de dólares anuales y otras multiplican entre cinco y diez veces. No todas las petroleras están en la misma situación con respecto al crudo pesado (Escalante) que extraen en diferentes volúmenes de esos yacimientos del Golfo y sólo en parte puede ser procesado en destilerías locales. Por caso, YPF prevé rehabilitar a mediados de este año la planta de coque incendiada en la destilería de La Plata y eso le permitirá refinar buena parte de su producción excedente. PAE, a su vez, procesa 70% en la destilería de Campana de su controlada Axion (ex-Esso), pero debe exportar el 30% restante ante la imposibilidad de refinar el total. Del mismo modo, las operadoras no integradas están obligadas a exportar a pérdida gran parte de la producción de esta variedad de petróleo, que no logran colocar en el mercado interno a mayor precio y a la vez carecen de destilerías propias. La opción subsidios vs. empleo planteada por Das Neves tampoco sería excluyente. Las operadoras que más volúmenes exportan impulsan la continuidad del subsidio estatal, que choca con el flamante programa fiscal de Prat Gay. En cambio, otras proponen como variante que el monto equivalente al subsidio sea incorporado al precio del “barril criollo”, para que su costo quede repartido entre los consumidores de combustibles a través de un precio doméstico algo más alto. Pero esta alternativa va contra la intención del gobierno de Macri de no incrementar los costos del transporte de cargas para frenar la inflación, ni restar competitividad a los sectores beneficiados por la devaluación y eliminación de retenciones. En definitiva, todo dependerá de una decisión política que, en función de la presión sindical avalada por el gobierno chubutense, ahora tiene las características de una carrera contra el reloj.
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