A 65 años de un golpe de Estado cívico-militar-clerical




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Hector Jorge Colás*


Tras derrocar a Perón, empecinadamente militares, partidos políticos y sectores económicos intentaron eliminar de la vida institucional argentina al Partido Justicialista.


Se cumplen hoy 65 años del derrocamiento del gobierno constitucional justicialista conducido por Juan Domingo Perón. Su mandato concluía en 1958. El 16 de septiembre de 1955, una coalición cívica, militar y clerical logró desplazar al gobierno nacional. Eduardo Lonardi, líder del movimiento revolucionario, en su discurso de asunción el 23 de septiembre prometió a los argentinos “que no habría vencedores ni vencidos”.

Pero el 13 de noviembre los militares lo destituyeron del mando cuando anticipó que en las próximas elecciones generales “participarían todos los partidos políticos argentinos”. En esa jornada y con el título de presidente de la nación, asumió el general Pedro Eugenio Aramburu.

Acompañado por el almirante Isaac Rojas, como vicepresidente, inician en el país un proceso de violencia política. El dictado del decreto-ley 4141 prohibía “la utilización de imágenes, símbolos, signos, expresiones, doctrinas, artículos que sean representativos del peronismo e incluía vocablos proscritos, como peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, las marchas Peronista y Evita Capitana. Para los infractores se establecía una pena de 30 días a 6 años de prisión”.

El golpe de 1955 produjo la suspensión del Estado de derecho, de las actividades políticas y gremiales y el cese de todos los mandatos electivos. Por decreto 415 dejó cesantes a los jueces de la Corte Suprema de la Nación. La CGT y todas las organizaciones sindicales fueron intervenidas. Robaron de la Central Obrera el cadáver de Eva Duarte de Perón, que posteriormente y en forma clandestina fuera depositado con otro nombre en un cementerio de Milán, Italia.

Se conformó la Comisión Investigadora nacional, presidida por el Almirante Rojas. Este organismo con 60 filiales en el interior del país tenía el objetivo de “desperonizar” la República Argentina. Estas comisiones conducidas mayoritariamente por radicales y socialistas tenían amplias facultades que incluían la posibilidad de detener personas, realizar allanamientos, secuestros de documentos, bloqueo y expropiación de bienes, sin autorización de ningún juez. Como resultado de esta experiencia se produjeron miles de cesantías, encarcelamientos y procesamientos a funcionarios y militantes del “régimen depuesto”.

El justicialismo padeció por efectos de la proscripción 22 años de marginamiento de la vida nacional durante las dictaduras militares de Lonardi-Aramburu (1955-1958); Onganía (1966-1970); Lanusse (1971-1973); Videla (1976-1980); Viola (1980-1981); Galtieri (1981-1982) y Bignone (1982-1983). Pero lamentablemente a esto hay que agregarle 10 años de gobiernos civiles pseudodemocráticos de Frondizi (1958-1962); Guido (1962-1963), que ratificó la proscripción del justicialismo; e Illia (1963-1966), lo que hace un total de 32 años de marginalidad cívica.

Durante el gobierno del dictador Alejando A. Lanusse, el 26 de enero de 1972 el Partido Justicialista vuelve a obtener su personería jurídica y puede participar en futuras elecciones.

Frondizi, que accedió a la presidencia en 1958 con el voto justicialista producto de un pacto con Perón, intentó en las elecciones del 18 de marzo de 1962 posibilitar la participación del justicialismo con siglas de fantasía. Los militares lo derrocaron ante el triunfo del peronismo en las principales jurisdicciones del país.

Arturo Illia, como presidente (1963-1966) emulando a Frondizi, quiso hacer una gambeta a la proscripción. Permitió que con la denominación Unión Popular los marginados participaran de elecciones legislativas. De las 96 bancas en disputa en el Congreso nacional el 14 de marzo de 1965 los justicialistas ganaron los comicios y se quedaron con 34 y Rodolfo Tecera del Franco fue elegido vicepresidente de la Cámara de Diputados.

La anulación de los contratos petroleros, la ley de medicamentos y la posibilidad de que en las futuras elecciones presidenciales el ganador fuera el peronismo fueron las preocupaciones de los militares y los principales motivos del derrocamiento de Illia el 28 de junio de 1966. Ese día asumió otro dictador, el general Onganía, que pronosticó que su gobierno “duraría 20 años”.

Empecinadamente militares, partidos políticos y distintos sectores de las finanzas y de la economía interna e internacional intentaron eliminar de la vida institucional argentina al Partido Justicialista. El 24 de marzo de 1976, faltando siete meses para las elecciones adelantadas que había convocado la presidenta de la nación María Estela Martínez de Perón, para el 17 de octubre, los máximos dirigentes políticos, muchos argentinos y un importante sector del peronismo rechazaron la propuesta. Optaron por la presencia de un hombre fuerte para solucionar los graves problemas que padecía el país. Con un programa específico, el general Jorge Rafael Videla y su séquito de asesinos implementaron en la argentina la “solución final”, ejecutando el mayor genocidio de nuestra historia institucional. El objetivo final era borrar del país al peronismo y a todas las ideologías políticas contrarias al pensamiento neoliberal.

El fiscal Julio César Strassera, en el alegato final del juicio ordenado por el presidente radical, Raúl Alfonsín a la Junta Militar por los crímenes cometidos, señaló la terminante expresión “nunca más”. Estas dos sencillas palabras tenían y tienen la firme decisión de la mayoría del pueblo de respetar perpetuamente el “sistema democrático, la Constitución nacional y las ideas políticas de la ciudadanía argentina”. Nunca Más.

*Periodista de Viedma.


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