¡Abajo la Justicia!
Por motivos que tienen más que ver con los intereses personales de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus allegados que con sus eventuales convicciones políticas, muchos oficialistas están esforzándose por desprestigiar la Justicia misma. Lejos de conformarse con criticar aquellas leyes que no les gustan o el desempeño de magistrados determinados, hablan como si a su entender el Poder Judicial fuera una corporación maligna que quisieran extirpar. Cuando el jefe de Gabinete Jorge Capitanich califica de “caranchos” extorsionadores a los jueces que se oponen a la designación de nuevos fiscales por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, agravia no sólo a quienes han fallado en contra del nombramiento de 16 subrogantes, sino a todos, ya que fuera de los círculos más politizados pocos distinguirán entre los que a juicio de los kirchneristas son dignos por un lado y, por el otro, aquellos que, en opinión del chaqueño locuaz, se han puesto al servicio de “esa trama mafiosa de grupos económicos y mediáticos”. La retórica virulenta de personajes como Capitanich es peligrosa. En una sociedad como la nuestra, que nunca se ha destacado por el respeto de los ciudadanos por las normas legales, no podrá sino tener un impacto perverso el que el gobierno nacional, con el apoyo de “militantes” a menudo rentados, se haya propuesto dinamitar el Poder Judicial por temor a que sus integrantes finalmente tomen en serio el principio de que absolutamente todos deberían subordinarse a la ley. Al tratar de hacer pensar que, a menos que un juez avale todo lo hecho por Cristina y sus incondicionales, es forzosamente un “mafioso”, tesis ésta de Capitanich, el gobierno impulsa la “anomia”, o sea la ausencia de normas, que es característica de sociedades decadentes y disfuncionales. Lo que quieren tales “militantes” es que la Argentina se disgregue por suponer que sólo así podrían defender sus “conquistas”. Reparar los daños provocados por un gobierno que, al batirse en retirada, parece decidido a dejar atrás la tierra abrasada no será del todo fácil. Además de recibir una economía a un tiempo inflacionaria y recesiva que se ha aislado de los mercados financieros internacionales, los sucesores de Cristina tendrán que preocuparse por temas acaso menos concretos pero así y todo muy importantes como el supuesto por la confianza ciudadana en la Justicia. Si demasiadas personas la desprecian por suponerla dominada por “mafiosos”, “caranchos” y “extorsionadores”, como afirma el jefe de Gabinete kirchnerista, el futuro del país será con toda seguridad nefasto. Parecería que Cristina y sus acompañantes está resueltos a confirmar la sentencia shakespeariana según la que: “El mal que hacen los hombres los sobrevive; lo bueno que han hecho suele ser enterrado con sus huesos”. Con el propósito de justificar todas sus arbitrariedades, el gobierno ha inventado un enemigo parecido a una hidra cuyas cabezas más visibles son “los poderes concentrados”, o sea buena parte de la economía nacional, el campo, que le suministra los recursos que necesita para funcionar, los medios que se resisten a limitarse a repetir la propaganda oficial y, desde hace un par de años, el Poder Judicial, a causa de la voluntad de algunos jueces y fiscales de investigar el enriquecimiento reciente de la familia Kirchner y los beneficiados por el capitalismo de amigos, una modalidad intrínsecamente corrupta que es típica del populismo latinoamericano. El gobierno ha asestado golpes certeros contra la economía, ha herido al campo y ha debilitado a los medios independientes privándolos de publicidad no sólo gubernamental, pero aún no ha logrado derrotarlos por completo. Tampoco le será dado destruir a la “corporación” judicial; para indignación de Cristina y los ultras de su proyecto particular, son cada vez más los jueces que entienden que no les cabe más alternativa que la de defender la autonomía de la Justicia contra los decididos a someterla a la voluntad de un Poder Ejecutivo llamativamente autoritario. Con todo, aun cuando el gobierno fracase en el intento de frenar las muchas investigaciones que están en marcha al intimidar a los jueces y fiscales, podría lograr desprestigiar todavía más la Justicia como tal, hazaña que, de más está decirlo, tendría consecuencias muy negativas para la sociedad en su conjunto.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Jueves 15 de enero de 2015
Por motivos que tienen más que ver con los intereses personales de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus allegados que con sus eventuales convicciones políticas, muchos oficialistas están esforzándose por desprestigiar la Justicia misma. Lejos de conformarse con criticar aquellas leyes que no les gustan o el desempeño de magistrados determinados, hablan como si a su entender el Poder Judicial fuera una corporación maligna que quisieran extirpar. Cuando el jefe de Gabinete Jorge Capitanich califica de “caranchos” extorsionadores a los jueces que se oponen a la designación de nuevos fiscales por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, agravia no sólo a quienes han fallado en contra del nombramiento de 16 subrogantes, sino a todos, ya que fuera de los círculos más politizados pocos distinguirán entre los que a juicio de los kirchneristas son dignos por un lado y, por el otro, aquellos que, en opinión del chaqueño locuaz, se han puesto al servicio de “esa trama mafiosa de grupos económicos y mediáticos”. La retórica virulenta de personajes como Capitanich es peligrosa. En una sociedad como la nuestra, que nunca se ha destacado por el respeto de los ciudadanos por las normas legales, no podrá sino tener un impacto perverso el que el gobierno nacional, con el apoyo de “militantes” a menudo rentados, se haya propuesto dinamitar el Poder Judicial por temor a que sus integrantes finalmente tomen en serio el principio de que absolutamente todos deberían subordinarse a la ley. Al tratar de hacer pensar que, a menos que un juez avale todo lo hecho por Cristina y sus incondicionales, es forzosamente un “mafioso”, tesis ésta de Capitanich, el gobierno impulsa la “anomia”, o sea la ausencia de normas, que es característica de sociedades decadentes y disfuncionales. Lo que quieren tales “militantes” es que la Argentina se disgregue por suponer que sólo así podrían defender sus “conquistas”. Reparar los daños provocados por un gobierno que, al batirse en retirada, parece decidido a dejar atrás la tierra abrasada no será del todo fácil. Además de recibir una economía a un tiempo inflacionaria y recesiva que se ha aislado de los mercados financieros internacionales, los sucesores de Cristina tendrán que preocuparse por temas acaso menos concretos pero así y todo muy importantes como el supuesto por la confianza ciudadana en la Justicia. Si demasiadas personas la desprecian por suponerla dominada por “mafiosos”, “caranchos” y “extorsionadores”, como afirma el jefe de Gabinete kirchnerista, el futuro del país será con toda seguridad nefasto. Parecería que Cristina y sus acompañantes está resueltos a confirmar la sentencia shakespeariana según la que: “El mal que hacen los hombres los sobrevive; lo bueno que han hecho suele ser enterrado con sus huesos”. Con el propósito de justificar todas sus arbitrariedades, el gobierno ha inventado un enemigo parecido a una hidra cuyas cabezas más visibles son “los poderes concentrados”, o sea buena parte de la economía nacional, el campo, que le suministra los recursos que necesita para funcionar, los medios que se resisten a limitarse a repetir la propaganda oficial y, desde hace un par de años, el Poder Judicial, a causa de la voluntad de algunos jueces y fiscales de investigar el enriquecimiento reciente de la familia Kirchner y los beneficiados por el capitalismo de amigos, una modalidad intrínsecamente corrupta que es típica del populismo latinoamericano. El gobierno ha asestado golpes certeros contra la economía, ha herido al campo y ha debilitado a los medios independientes privándolos de publicidad no sólo gubernamental, pero aún no ha logrado derrotarlos por completo. Tampoco le será dado destruir a la “corporación” judicial; para indignación de Cristina y los ultras de su proyecto particular, son cada vez más los jueces que entienden que no les cabe más alternativa que la de defender la autonomía de la Justicia contra los decididos a someterla a la voluntad de un Poder Ejecutivo llamativamente autoritario. Con todo, aun cuando el gobierno fracase en el intento de frenar las muchas investigaciones que están en marcha al intimidar a los jueces y fiscales, podría lograr desprestigiar todavía más la Justicia como tal, hazaña que, de más está decirlo, tendría consecuencias muy negativas para la sociedad en su conjunto.
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