Absurdo judicial

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Si por las razones que fueran un juez se propusiera eliminar lo que aún queda de la confianza de la ciudadanía en la Justicia, le sería más que suficiente repetir aquel fallo extravagante de la Cámara de Casación que dispuso la liberación inmediata de tres delincuentes que fueron condenados a reclusión perpetua por el secuestro y asesinato excepcionalmente brutal del empresario metalúrgico Pedro Peralta en 1996. Como es natural, el fallo no sólo escandalizó a los familiares de la víctima que, según la Justicia, fue enterrada antes de morir en un tanque lleno de cal viva, sino también al resto de la sociedad que, por buenos motivos, se siente angustiada por la ola de criminalidad que está asolando el país. Para justificar la decisión, el tribunal se apoyó en que conforme a una ley vigente cuando se produjo el secuestro, si la sentencia de reclusión perpetua aún no había sido ratificada por una instancia superior, los tres asesinos tendrían derecho a volver a sus respectivas casas a pesar de que no existiera la más mínima duda acerca de lo que hicieron y lo que serían plenamente capaces de hacer en el futuro. Por fortuna, la Corte Suprema bonaerense se dio cuenta de que era aberrante liberar a los sujetos así privilegiados, anulando el fallo y de este modo obligando a la Policía bonaerense a recapturarlos. Puede que en ciertas circunstancias resulte claramente injusto que un acusado sea perjudicado por una norma promulgada después de que haya cometido el crimen por el que será procesado, pero en ésta no es cuestión de una mera infracción administrativa, sino de un delito monstruoso.

Este episodio a un tiempo absurdo y truculento nos ha dicho mucho sobre el estado nada satisfactorio de la Justicia en nuestro país. Entre otras cosas, nos recuerda que es sumamente ineficaz, lenta y de una complejidad a menudo bizantina, de modo que es frecuente que delincuentes peligrosísimos logren zafarse, sobre todo si tienen los recursos para contar con la colaboración de abogados astutos. Por cierto, un código legal que permite la liberación de asesinos condenados deja muchísimo que desear. Más significante aún, la actitud de la Cámara de Casación reflejaba una falta realmente pavorosa de sentido común. No es que en la actualidad la Argentina esté disfrutando de un período de paz tan tranquilo que pueda darse el lujo de subordinar la seguridad ciudadana a tecnicismos legales discutibles, sin preocuparse por las implicancias de sus fallos. Por el contrario, en los meses últimos criminales muy similares a los tres que fueron liberados por la Cámara han estado proliferando en todo el territorio nacional, perpetrando delitos horrorosos con impunidad, de suerte que es apenas concebible que a un juez se le haya ocurrido difundir un mensaje que sería interpretado por el hampa como una señal de que la sociedad no puede defenderse contra los malhechores.

Ningún juez puede ignorar que a raíz de las luchas políticas que están celebrándose en la provincia de Buenos Aires el malestar imperante ha afectado a la Policía Bonaerense, en que, como es notorio, abundan las facciones vinculadas con dirigentes peronistas, fenómeno que según algunos está relacionado con el aumento reciente de los «secuestros exprés» y de los asesinatos, sobre todo los perpetrados en el conurbano bonaerense. Asimismo, desde hace mucho tiempo se da un conflicto de consecuencias ya lamentables entre los «garantistas» por un lado y los entusiastas de la «mano dura», o sea, del «gatillo fácil» por el otro, de manera que cualquier fallo que pueda tomarse por provocativo e insensato no puede sino servir para convencer a amplias franjas de la ciudadanía de que en vista de que es inútil confiar en la Justicia, porque siempre favorecerá a los delincuentes, le convendría pasar por alto los muchos excesos atribuidos a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En otras palabras, jueces que es de suponer querían subrayar la importancia de subordinarse a la ley tal y como es incluso en una situación extrema, han brindado un arma poderosa más a los ya persuadidos de que en una situación que según algunos está al borde de la anarquía la ciudadanía no tiene más opción que tolerar la existencia de escuadrones de la muerte y otras manifestaciones de «dureza».